El presidente de la República, Guillermo Lasso, no asistirá este 20 de octubre a la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional que investiga los papeles de Pandora, pero en una carta remitida al presidente de la mesa, José Cabascango (Pachakutik), ratifica que no tiene relación con fideicomisos en paraísos fiscales e invita a los legisladores al Palacio de Carondelet.

La comparecencia de Guillermo Lasso estaba prevista para hoy a las 15:00. El primer mandatario resalta que la Asamblea no tiene competencia para investigar estos temas sino la Contraloría del Estado, sin embargo, invita a los miembros de la Comisión al Palacio de Carondelet.

En la mañana fueron convocados su esposa, María de Lourdes Alcívar, y su hijo Santiago Xavier Lasso, pero no acudieron señalando que no estaban obligados a comparecer porque no son funcionarios públicos.

Primera dama y su hijo Santiago Lasso delegan a su abogado a responder sobre los papeles de Pandora

En el oficio reitera que toda su renta ha sido de fuente ecuatoriana y ha sido declarada en Ecuador, donde ha pagado los impuestos de Ley.

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Aclara que no ha recibido ninguna renta del exterior, por lo tanto, descarta cualquier insinuación en el sentido de que no hubiese cumplido cabalmente con el pago de todos sus impuestos.

Que en los últimos quince años, entre el banco Guayaquil, la Corporación Multibg S. A., el fideicomiso GLM y él han pagado en conjunto por impuestos y contribuciones la suma de $ 588´864.479,38.

Respecto a las preguntas contenidas en el requerimiento de información, el primer mandatario señala que es muy claro que la Comisión ha iniciado una investigación dirigida a determinar si al inscribir su candidatura presidencial era propietario directo o indirecto de bienes o capitales de cualquier naturaleza en jurisdicciones o regímenes considerados paraísos fiscales o directivo en sociedades constituidas o domiciliadas en tales jurisdicciones, pues eso es lo que prohíbe el artículo 4 de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, dictada con “clara dedicatoria en mi contra, dicho sea de paso”, sostiene.


Guillermo Lasso Mendoza, en el oficio enviado a la Comisión de Garantías, reitera que ni al inscribir su candidatura presidencial ni desde entonces hasta hoy ha estado incurso en la prohibición referida.

Además, indica que en la nota periodística aparecida en Diario EL UNIVERSO expresamente reconoce que las entidades Bernini Foundation, Bretten Holdings, Da Vinci Foundation, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas S. A., Positano Trade LLC y Tintoretto Internacional Foundation fueron legalmente disueltas en el pasado y que nadie ha contradicho era realidad.

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Respecto al banco panameño Banisi y los fideicomisos estadounidenses Bretten Trust y Liberty Trust, el primer mandatario ratifica que no tiene ninguna relación de propiedad ni administración.

En el oficio remitido a la legislatura, Guillermo Lasso advierte que el pleno de la Asamblea Nacional resolvió que se efectúe una investigación relacionada con los papeles de Pandora, dada una supuesta “seria conmoción social”, lenguaje que a criterio del jefe de Estado intenta circunvalar el procedimiento legalmente establecido para destituir a funcionarios que incumplan la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero de 2017.

Que la respuesta que remite, añade el documento, es para contribuir con la investigación que está llevándose a cabo. Pero “expresamente manifiesto que ni la Asamblea Nacional ni la Comisión son los órganos competentes para investigar las causas relativas con incumplimientos de la referida Ley”.

Que, por el contrario, la referida Ley, en su artículo 9, concede competencia privativa en estos asuntos a la Contraloría General del Estado, entidad que por pedido del primer mandatario ya inició una investigación, en la que aportará todos los descargos que fueren pertinentes, habida cuenta de que ahí se le ha concedido un término probatorio que es condigno con la seriedad de este asunto y el debido proceso.

Además, sostiene que si la Contraloría del Estado llegase a considerar que hay causal de destitución del presidente de la República, debe enviar el expediente a la Corte Constitución para que esta confirme o rechace tal pronunciamiento. Y solo “la resolución ratificatoria de la Corte Constitucional servirá para que el pleno de la Asamblea Nacional adopte la decisión que corresponda conforme a la Ley”.

Pese a la competencia privativa de la Contraloría, el jefe de Estado en su carta remitida a la Comisión de Garantías Constitucionales de la legislatura corrobora su disponibilidad para recibir en el palacio presidencial a los miembros de la Comisión, pero una vez que se hayan evacuado todas las comparecencias previstas en el cronograma de trabajo, pues señala que tiene pleno derecho a conocer con anterioridad las aseveraciones que hayan sido dadas en dicho foro.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, recordó a la comisión legislativa que con ocasión de la inscripción de su candidatura a la Presidencia de la República ya se conoció y resolvió en sede contencioso-electoral una acusación sobre un supuesto e inexistente incumplimiento a la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero de 2017, acusación que fue rechazada de forma contundente y definitiva, por lo que en el presente caso existe cosa juzgada. (I)