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Gustavo Manrique: le solicité a la Conaie construir una ley de Aguas juntos y dijo que no; el proyecto de la Conaie fue construido entre ellos

En mayo termina plazo de un año dado por la Corte Constitucional para que el Ejecutivo presente proyecto. Ministro que estuvo a cargo ahora cambia de funciones.

Como ministro de Ambiente, Gustavo Manrique explicó el proceso de construcción del proyecto de ley que se presentará en la Asamblea Nacional. Foto: Carlos Granja Medranda

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En mayo próximo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, entregaría el proyecto de ley de Recursos Hídricos o Ley de Aguas a la Asamblea Nacional para que inicie su debate y posterior votación. El proyecto borrador se elaboró en el último año en conjunto con cientos de organizaciones sociales y sectores productivos, que hicieron 630 propuestas, de las cuales 205 fueron hechas artículos, según Gustavo Manrique Miranda, quien hasta este sábado 1 de abril fue ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ahora será canciller.

La Ley de Aguas se aprobó en el 2014, pero en enero del 2022, la Corte Constitucional la declaró inconstitucional por la forma porque no contó con la participación de los pueblos y nacionalidades a través de la consulta prelegislativa. El organismo dio un año para que la función Ejecutiva trabaje en una nueva propuesta.

El articulado estaría listo, pero según Manrique, se decidió volver a ponerlo a consideración de la ciudadanía para recibir sus sugerencias. Detalló que se trabajó con más de 4.000 organizaciones de la sociedad civil, pero no con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) porque no aceptó una invitación a trabajar “juntos”.

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Para Manrique, la propuesta construida “no tiene la visión del Gobierno, tiene la visión de la población”.

¿Qué comprende este proyecto de ley y cómo se elaboró para cumplir la sentencia de la Corte Constitucional?

Este proyecto borrador no se ha entregado aún a la Asamblea Nacional, se ha entregado a la ciudadanía. Se ha entregado a través de los representantes de la ciudadanía para recibir los comentarios finales y de ahí entregarlo a la Asamblea. La Corte declaró inconstitucional la ley que está vigente, principalmente por la falta de socialización, porque falló en los procesos de participación ciudadana. El proyecto elaborado es bastante bueno y la Corte nos da hasta mayo para terminarlo. El presidente de la República hace poco más de un año, en Cotopaxi, comenzó el proceso participativo para hacer la socialización en todos los sectores y luego de un año regresa nuevamente a la ciudadanía para los comentarios finales.

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¿Cumplieron con la consulta prelegislativa a los pueblos y nacionalidades indígenas?

Nos reunimos con 10.000 ecuatorianos de 4.800 organizaciones sociales de las 24 provincias y recibimos más de 630 aportes de fondo para mejorar la propuesta. Fue un proceso participativo y ahora la devolvemos con lo que hemos interpretado (de las sugerencias) en 205 artículos. Ahora viene un proceso de unas tres semanas de revisar los aportes finales. Luego, en mayo, el presidente entregará el borrador definitivo que fue construido entre todos.

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¿Entre estas 10.000 personas participaron sectores de la Conaie, Feine, Fenocin?

Están todos los actores representados en el uso de agua, como juntas de agua, de riego, comunidades, juntas comunitarias, sectores productivos, gobiernos municipales, provinciales, entre otras más. En las mesas de diálogo, personalmente, le solicité a la Conaie construir una ley juntos… demostrarle a la ciudadanía que en algo tan básico como es el agua, porque el wifi puede ser básico, pero podemos vivir sin ello; pero no podemos vivir sin agua, entonces cómo no coincidir… Personalmente, les dije que la construyamos juntos y pongamos a los equipos a trabajar y la Conaie dijo que no, que ellos entregarían una ley directa a la Asamblea. Esa es la principal diferencia, en que todas las organizaciones hemos recogido las principales preocupaciones. Lamentablemente y está en las actas, que la Conaie dijo que no querían, incluso no fuimos invitados al proceso participativo de ellos. Ellos lo han entregado a la Asamblea. Nosotros, para agotar la última instancia de diálogo, hemos devuelto a la ciudadanía para recoger sus propuestas.

¿De esas propuestas ciudadanas qué integró el proyecto gubernamental?

Una de las que más orgullosos nos sentimos y que nace de las bases, pero alineado con la visión del presidente Lasso, es la participación de la mujer. Las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, son las que más requieren atención. Ellas tienen un rol en la operación logística del agua, pero cuando va a la gobernanza no tienen ningún rol. La gobernanza está liderada por los hombres y ahora, para garantizar un proceso equitativo, paritario, justo, las mujeres tienen que participar en la gobernanza y en la toma de decisiones.

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Por otra parte, en Ecuador, 15 millones de ecuatorianos tienen agua y 3′2 millones no la tienen. Ese es el país que hemos heredado. El 50 % de la población que vive en las áreas rurales consume agua contaminada. De los 15 millones de personas que tienen agua, desperdiciamos el 50 % del agua, según los cálculos. Por eso, creamos una certificación honorífica para los mejores gestores del agua, que premie las eficiencias, la toma de decisiones, innovación, capítulos de educación. Se abren mecanismos financieros para fondos de agua que ayuden a la protección, recuperación, restauración, conservación y preservación de los ecosistemas. Otro capítulo es la economía circular, que debe ser premiado.

Gustavo Manrique Miranda concedió una entrevista como ministro de Ambiente el miércoles 29 de marzo del 2023. Foto: Carlos Granja Medranda

¿Habrá una autoridad única del agua, que ha sido un punto de inflexión en la gestión del recurso?

La autoridad única del agua es la autoridad responsable, que en este caso es el Ministerio del Ambiente, quien dictará las políticas públicas, y también la ARCA (Agencia de Regulación y Control del Agua), que tendrá la facultad de las sanciones. En esta propuesta se tipifican sanciones muy fuertes a quienes decidan interrumpir voluntariamente el servicio del agua. Muchas veces, el agua ha servido para obligar a otras personas a que salgan a las calles a manifestaciones. Pero el servicio del agua puede ser suspendido por un mantenimiento, pero no interrumpido voluntariamente para coercionar y que salgan a las calles. Es un capítulo que sanciona a los dirigentes que quieran interrumpir el servicio con fines de coerción.

¿Cómo van a comprobar esas acciones, porque en las comunidades rurales no van a querer denunciar a sus pares para luego ser relegados?

¿Cree que ellos quieren salir a las calles? ¿Suena lógico que para que salgan a las calles les tengan que cortar el agua? Ellos no quieren, si se la cortan es como una medida obligatoria de que ‘te dejo sin agua si no sales’. Entonces, lo que trato de decir es que esto es un tema que sale de ellos mismos, de las comunidades, que pidieron que se creen mecanismos sobre los cuales no los obliguen a salir si no quieren salir. Es una propuesta de las comunidades, porque son los dirigentes los que los obligan a salir.

¿Consideran que este proyecto recoge la visión de esas poblaciones que más resienten la falta de agua?

Este proyecto fue construido con 4.800 organizaciones sociales y de entre ellas salieron 639 aportes, que se resumen en 205 artículos. No tiene la visión del Gobierno, tiene la visión de la población del Ecuador. Fue construido con su información, así que hemos cumplido el mandato, milimétricamente de la Corte. La actual ley es buena, está bastante bien, pero no fue consultada a la ciudadanía y por eso la declaran inconstitucional. El proyecto de ley de la Conaie es una ley que fue construida entre ellos. Pero me pregunto: le habrán consultado al sector eléctrico, o al sector productivo, al sector camaronero, a los municipios, lo más probable es que sea que no, porque yo pedí participar y me dijeron que no. Entonces, lo único que no es nuestra propuesta es discriminatoria. Al contrario, es incluyente, participativa, democrática, equitativa. Tiene mecanismos de economía circular, financieros, de protección de la fuentes. Tiene mecanismos de retribución a quienes manejan mejor los ecosistemas.

¿El Gobierno defenderá su propuesta en la Asamblea frente a otros que presentaron la bancada del correísmo UNES o la Conaie?

Nuestra propuesta es incluyente, participativa y para esto están los documentos verificables, audios, videos, actas y firmas. Puedo garantizar que ha sido participativo. No he oído ningún otro proceso participativo e incluyente porque hay como cinco o seis más propuestas. Ojalá haya cosas que no se nos ocurrieron y se introduzcan. Considero que en el tema del agua no puede haber corrientes políticas. Pero estará en mano de los asambleístas, quienes revisarán qué es bueno y malo, ojalá se preocupen de aprobar de manera expedita. (I)

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