La consulta prelegislativa marcará el ritmo para la construcción de la nueva ley de Aguas

El debate de un nuevo proyecto de ley de Recursos Hídricos o ley de Aguas se aproxima a la atmósfera legislativa, cuya aprobación dependerá del cumplimiento de la realización de una consulta prelegislativa que incorpore el pronunciamiento de los pueblos y nacionalidades indígenas.

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hace un año

En mayo se cumple el plazo de un año que dio la Corte Constitucional (CC) para que la Presidencia de la República presente ante el Parlamento un nuevo proyecto de ley de Recursos Hídricos o ley de Aguas para su debate y aprobación.

Esto, luego que la que se aprobó en el 2014, durante el gobierno de Rafael Correa, fue declarada inconstitucional por la forma el 12 de enero de 2022, en conjunto con el reglamento, porque no contó con la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas en una consulta prelegislativa.

No obstante, dejaron vigentes esas normas hasta que las funciones Legislativa y Ejecutiva elaboren una nueva, pero con una “consulta prelegislativa adecuada en la que participen los pueblos indígenas desde las primeras etapas”, cita la sentencia.

La Corte concluyó que la “opinión de las comunidades indígenas no es únicamente relevante al momento en que estas participan en la consulta prelegislativa, sino que su criterio debe ser tomado en consideración en todas las etapas, incluida su preparación”.

Esto, por el reclamo del accionante de la demanda de inconstitucionalidad, Jorge Herrera, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien señaló que en la elaboración de la primera ley, dicha consulta se hizo de manera rápida y las audiencias públicas se efectuaron en las capitales provinciales, lo que “tuvo repercusiones, pues participaban las personas que vivían en los cascos urbanos y que no pertenecían a las comunidades”.

En estadísticas, se verificó que se convocó a 1.494 asociaciones de primer grado, 64 de segundo grado y 12 organizaciones nacionales; de 6.000 comunidades, se inscribieron 1.500, de las que solo 930 habían logrado responder a la consulta en un plazo de 20 días y sin respetar los procedimientos comunitarios para la toma de decisiones.

Es por ello que para este nuevo proyecto la participación de las comunidades indígenas deberá ser obligatoria y cumpliendo la Constitución y los criterios jurisprudenciales y estándares internacionales sobre la consulta prelegislativa.

La CC otorgó un plazo de doce meses, que se contarían desde la publicación de su sentencia en el Registro Oficial, para que el presidente de la República presente este articulado que será enviado a la Legislatura.

El fallo se publicó en la Edición Constitucional 34 del 6 de mayo de 2022 del Registro Oficial, por lo que restaría un mes para que concluya ese plazo.

Hasta el momento, el gobierno de Guillermo Lasso no ha revelado su propuesta, en los registros de la Asamblea tampoco consta su ingreso.

Este Diario solicitó información al Ministerio del Ambiente, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

A esa cartera de Estado se le encargó la elaboración del cuerpo legal y el 3 de mayo de 2022 anunció una jornada denominada ‘Encuentro por el agua’, que cubriría “todo el territorio nacional” recabando propuestas.

El jefe de Estado había dispuesto que se cumplan tres etapas en su elaboración: preparación, construcción participativa y el proyecto de ley.

Se ofreció que habría una “amplia participación de organizaciones sociales, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, gremios, academia, juntas de agua potable y saneamiento, juntas de riego y drenaje, gobiernos autónomos y entidades públicas, privadas y ciudadanía en general”.

Incluso, se anunció un recorrido que empezaría en Chimborazo desde el 3 de mayo y terminaría en Galápagos el 8 de junio de 2022, para dar luces a su propuesta de ley Orgánica para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, como se la tituló.

La aprobación de este cuerpo legal es un mandato de la Constitución del 2008, que dio plazo de un año para que la Asamblea la trate, pero se tardó seis años en hacerlo.

En el 2014, en el mandato de Rafael Correa, con mayoría oficialista en el Legislativo, se aprobó la norma, aunque con la resistencia del movimiento de la Conaie que convocó a jornadas de protesta para rechazar el texto.

En la actualidad, es el movimiento de Correa, la Revolución Ciudadana, cuya bancada legislativa de Unión por la Esperanza (UNES) se adelantó a otras fuerzas políticas y propuso un texto en diciembre del 2022.

Sus proponentes son Ricardo Ulcuango, Lenin Mera, José Vallejo, María Álava y José Agualsaca y se encuentra en primer debate en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales.

Ellos evocaron el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la primera ley, para presentar su articulado ‘Ley orgánica intercultural del uso, gestión y protección de los recursos hídricos’, con la diferencia de que ahora reconocen la “necesidad de la población de ser escuchados”, por lo que habrían acogido sugerencias y recomendaciones.

Empero, no mencionan quiénes fueron esos actores y cuáles de sus propuestas fueron las incorporadas.

En todo caso, la iniciativa tiene 214 artículos y varias disposiciones, en la que contemplan crear organismos como un Fondo del Agua, una Agencia de Regulación y Control del Agua, un Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua y la Autoridad Única del Agua.

A esta última le entregan la capacidad de dirigir el Sistema Nacional Estratégico del Agua, que será “una persona jurídica de derecho público, responsable de la rectoría, planificación y gestión de los recursos hídricos. Su titular será designado por el presidente de la República mediante decreto ejecutivo, que tendrá rango de ministro de Estado y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial”.

La bancada correísta se anticipó a plantear su proyecto, pues en un auto de aclaración y ampliación a la sentencia que solicitó el actual presidente de la Conaie, Leonidas Iza, los jueces aclararon que si bien asignaron esta tarea al Ejecutivo, ello no significa que “otros actores con iniciativa normativa se encuentren excluidos de poder presentar sus proyectos”.

Es así como la Conaie también tiene lista una propuesta de ley de Aguas que la entregarían el 28 de marzo en el marco de una ‘multitudinaria movilización’ que se dirigirá al Palacio Legislativo, para lo que están convocadas las organizaciones de base de las tres regiones: Sierra, Costa y Amazonía.

Su contenido aún se desconoce, pero la vicepresidenta de la Conaie, Zenaida Yasacama, relató que han trabajado a lo largo de un año escribiéndola con la asesoría de los legisladores de Pachakutik (PK) y los enunciados de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, juntas de agua y de riego.

Según Yasacama, su proyecto propende a una “correcta redistribución del recurso” y aspira a que los asambleístas dejen de lado las “banderas políticas” y trabajen en beneficio de la población.

“Los asambleístas deben buscar el camino más eficaz para construir un proyecto que dé soluciones, que beneficie a los sectores afectados por la falta de agua. Ellos tienen esta oportunidad para demostrar que esta ley se apruebe sin banderas políticas y, al contrario, se unan esfuerzos”, manifestó.

En declaraciones públicas, Leonidas Iza aseguró que defenderán su propuesta en la Asamblea, en la que plantean el derecho al uso del agua e impiden su privatización.

A su criterio, se debe privilegiar la gestión pública y comunitaria, que las áreas de protección hídrica “no pueden ser topadas” y menos con proyectos de explotación minera. También, propone procesos de recuperación de ecosistemas de agua que deberán estar a cargo de los sectores industrializados. (I)