Una pena reducida de 40 meses de privación de la libertad (3 años y 4 meses) para Esteban Celi, uno de los procesados y hermano del excontralor Pablo Celi, fue solicitada por la Fiscalía General del Estado al juez Felipe Córdova, en la audiencia de procedimiento abreviado, realizada en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dentro del denominado caso Las Torres.

La pena contemplada sin reducción va entre 5 y 10 años.

La fiscal general, Diana Salazar, sostuvo que Esteban Celi ha consentido la aplicación del procedimiento abreviado y ha admitido de los hechos que se le atribuyen. Se lo acusa de ser autor director del delito de delincuencia organizada.

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Él es acusado de ser el beneficiario final de transferencias de dinero entregado por la empresa Nolimit C. A., prestadora de servicios de Petroecuador, como parte de un sistema de sobornos para el desvanecimiento de glosas en la Contraloría General y la facilitación del pago de planillas en la estatal petrolera.

Para Fiscalía, Esteban Celi gestionaba el desvanecimiento de glosas en la Contraloría aprovechándose de las influencias de su hermano Pablo Celi y a cambio solicitaba la entrega de dádivas.

La fiscal Salazar mencionó, en la audiencia, que hay evidencias que desde 2017 Esteban Celi venía recibiendo dinero por parte de la empresa Nolimit por un monto de $ 500.000, a cambio del desvanecimiento de glosas en la Contraloría, derivadas de las contrataciones que esa compañía mantenía con Petroecuador.

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“Estos beneficios económicos provienen de la empresa Nolimit quien tenía una relación contractual con la empresa EP Petroecuador, fruto de la cual el Estado adeudaba la cantidad de $ 20́'345.609,60, que se derivaban de los entregables adicionales del periodo 2017 a 2018. De tal forma que, al tener conocimiento de la cantidad adeudada la estructura delictiva pretendía hacerse del 20 % de dicho monto mediante solicitudes, no siendo esta la única pretensión pues del éxito de estas solicitudes dependía el inicio de otros pedidos del 15 % de otro contrato relacionado con el proyecto La Libertad, cuyo monto comprendía $ 35 millones...”, explicó Salazar.

Información extraida de teléfono de Pablo Celi agrava su situación

Esteban Celi, quien estuvo presente en la audiencia, aceptó su responsabilidad pero agregó que con una aclaración de que él recibió una transferencia de $ 110.000 que fuera realizada por la compañía Monay a la cuenta de Pedro Saona por gestiones de carácter administrativo que le correspondían realizar.

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Salazar pidió que Celi sea escuchado sobre si aceptaba los hechos o no estarían dentro de un procedimiento abreviado.

En una segunda intervención, Celi dijo que asume su responsabilidad y reconoce el hecho de haber recibido esa transferencia de $ 110.000 a una cuenta sugerida por él en un acuerdo con José de la Paz, de la empresa Nolimit, que él lo asumía como un acuerdo de honorarios profesionales.

Agregó que por un requerimiento de De la Paz lo relacionó con José Raúl de la Torre, quien asumió también las gestiones necesarias para promover los pagos en Petroecuador y mencionó que, por su activo trabajo en la Contraloría General del Estado, y su cercana relación de amistad por trabajo con Luis Miño, funcionario de Contraloría, podía promover las gestiones que fuesen necesarias de ser el caso en esa entidad.

“El doctor Pablo Celi de la Torre no tenía conocimiento de estos hechos y que no le he entregado ni dinero en efectivo ni bienes materiales bajo ninguna denominación ni por ningún concepto”, dijo.

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Raúl de la Torre y Roberto Barrera cumplieron condenas en Estados Unidos

Dentro del caso Las Torres hay 13 procesados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.

Entre los procesados están el excontralor Celi y su hermano, Esteban; el exgerente de Petroecuador Pablo Flores; Luis Agusto Briones, hermano del exsecretario general de la Presidencia de la República José Agusto Briones, quien falleció.

Para Fiscalía, los procesados habrían participado en una estructura en la que funcionarios que ocupaban altos cargos públicos, a través de exigencias, se habrían beneficiado económicamente a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas correspondientes a contratos con el Estado ecuatoriano.

Fiscalía había iniciado una investigación previa en 2019, luego que Roberto Barrera y José de la Torre fueron detenidos en Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de activos.

El juez Córdova suspendió la audiencia para analizar lo manifestado y emitir un fallo. (I)