La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, acudió este martes, 9 de julio, a la Asamblea Nacional para presentar un proyecto de ley para derogar el capítulo III de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, aprobada en 2020, que creó el “contrato especial emergente”, cuya duración es de un año con opción a renovar por un año más. Según la iniciativa legal, la flexibilización laboral generó inestabilidad y precarización.
En la exposición de motivos del proyecto de ley se señala que la Ley Apoyo Humanitario “no establece criterios claros para definir una situación de emergencia, dejando abierta la posibilidad de que el empleador, a su conveniencia, utilice esta figura legal para aprovecharse del trabajador y obtener beneficios propios”.
De igual manera, se señala que este tipo de contrato vulnera la estabilidad laboral porque establece un tiempo limitado para la ejecución de un trabajo. En el proyecto de ley también se recuerda que la Ley Orgánica para la Justicia Laboral, en el año 2015, eliminó la figura de contratación a plazo fijo, promoviendo la contratación indefinida y la estabilidad laboral.
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El texto promovido por Ivonne Núñez recoge que la Ley de Apoyo Humanitario surgió “en respuesta a la pandemia” y ha sido “objeto de debate y controversia”, ya que se flexibilizaron las jornadas laborales que generaron “inestabilidad y precariedad para los trabajadores”, se afectaron los sueldos y horarios de trabajo y se podría haber afectado derechos fundamentales como la estabilidad laboral y la igualdad de oportunidades. Y se debe evaluar el impacto económico que provocó la ley.
“La derogatoria permitiría restablecer condiciones laborales más equitativas y estables. Se abriría la posibilidad de retornar a los horarios habituales y garantizar una remuneración justa para los empleados (...) La derogatoria sería un paso hacia la protección de estos derechos y la promoción de la equidad”, dice el documento.
Adicionalmente, el proyecto apunta que dado que la crisis sanitaria por el COVID-19 se terminó, “pierde sentido” el contrato emergente.
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El proyecto de ley tiene dos artículos que establecen derogar los artículos del 16 al 23 del capítulo III de la Ley Humanitaria y el capítulo III del reglamento. También tiene dos disposiciones generales que disponen que no se podrán aplicar nuevos contratos emergentes ni renovarse los actuales; los contratos que estén vigentes por primera vez regirán hasta la terminación de sus plazos y no podrán ser extendidos.
La titular de la cartera de Estado expresó que “el contrato emergente se creó con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de la producción y las fuentes de ingresos en situaciones de emergencia. Sin embargo, dado que la crisis sanitaria por COVID-19 ha terminado, la esencia de esta modalidad contractual pierde sentido y no se alinea con las garantías constitucionales para alcanzar la estabilidad y el empleo adecuado de los trabajadores”, recoge un comunicado del ministerio.
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La iniciativa legal de Muñoz se entregó a pocos días de cumplirse un año desde que el expresidente de la República, Guillermo Lasso, el 20 de julio de 2023, vetó totalmente un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional que derogaba parcialmente la Ley Humanitaria, en lo relacionado a la reforma laboral. (I)
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