Pedido para autorizar enjuiciamiento penal de Jorge Glas llega a una Asamblea con fuerte incidencia correísta

En manos de la Asamblea Nacional está ya el pedido hecho por el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera para que el pleno de este organismo se pronuncie respecto a si autoriza o no el enjuiciamiento penal del exvicepresidente Jorge Glas, quien es investigado por la Fiscalía General del Estado por el delito de peculado dentro del denominado caso Reconstrucción de Manabí.

Rivera tomó esa decisión el miércoles 29 de noviembre pasado, luego de tratar ante los sujetos procesales de esta causa el pedido hecho, el 11 de septiembre último, por la defensa del exsegundo mandatario. A nombre de Glas, Andrés Villegas solicitó al magistrado de la CNJ que antes de convocar a audiencia de formulación de cargos se requiera a la nueva Asamblea Nacional su pronunciamiento respecto a si autoriza o no el procesamiento penal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 120, numeral diez, de la Constitución de la República vigente.

La audiencia de formulación de cargos lleva más de seis meses sin concretarse. El 1 de junio pasado la fiscal general, Diana Salazar, solicitó a la Corte Nacional fecha y hora para formular cargos por peculado contra Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.

Respecto a esta investigación, Salazar ha explicado que el proyecto vial Manta-Colisa, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad, Emergencia, Reconstrucción y Reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto.

En 2019, la Contraloría General del Estado habría determinado la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, obra a la que se destinaron fondos provenientes de la Ley de Solidaridad.

Para la defensa de Glas el pedido que hacen es procedente y ya se lo ha realizado en otras ocasiones, mientras que el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, sostiene que la solicitud no es necesaria principalmente porque Jorge Glas no es en este momento vicepresidente de la República y la norma constitucional apunta al presidente y vicepresidente de la República en funciones.

Desde este momento está en manos de la Asamblea el procesamiento de la solicitud. Rivera no colocó en su resolución el tiempo que le da al Legislativo para que le responda a la Corte Nacional, sino que únicamente habló de que la institución “dentro de un tiempo razonable” emita una respuesta al pedido hecho.

En el artículo 120 de la vigente Constitución se habla de que la Asamblea Nacional tendrá atribuciones y deberes, además de las que determine la ley, entre ellas, la que está en su numeral diez: autorizar con la votación de las dos terceras partes de los integrantes del pleno, el enjuiciamiento penal del presidente o del vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente.

En tres casos la Asamblea ya declaró ‘improcedentes’ solicitudes hechas por jueces nacionales para autorizar enjuiciamiento penal de exmandatarios

Un total de 92 votos completarían la mayoría calificada que se necesita en el pleno de la Asamblea para dar paso al procesamiento penal de Jorge Glas, líder correísta condenado por delitos de corrupción en los casos asociación ilícita Odebrecht y cohecho en Sobornos 2012-2016. Al momento, la bancada de la Revolución Ciudadana cuenta con 51 legisladores, pero mantiene un pacto con el Partido Social Cristiano y el oficialismo de la Alianza Nacional Democrática (ADN), pudiendo superar juntos la mayoría calificada necesitada en este caso.

El exbinomio presidencial de Rafael Correa se mantiene fuera de la cárcel desde noviembre de 2022, gracias a una “libertad provisional” otorgada dentro de unas medidas cautelares autónomas aprobadas por Emerson Curipallo, juez de Santo Domingo de los Tsáchilas. (I)