Apelación a decisión de ‘habeas corpus’ relacionado a Jorge Glas tendrá como uno de los jueces a José Suing, actual presidente de la Corte Nacional

El presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, será uno de los integrantes de la sala que conocerá la apelación planteada contra la resolución de primera instancia sobre un habeas corpus solicitado Jorge Glas, luego de la incursión de agentes de la Fuerza Pública, registrada el 5 de abril último, en el interior de la Embajada de México, al norte de la capital, para lograr la detención de quien conformó el binomio presidencial con Rafael Correa.

Por sorteo, el recurso de apelación que fue planteado no solo por la defensa de Glas, sino también por la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y la Presidencia de la República, recayó en la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la CNJ, de la cual es parte Suing y además los jueces nacionales Gilda Morales y Gustavo Durango. Morales será la jueza que presidirá el Tribunal de Apelación.

Los tres magistrados deberán conocer los fundamentos que existen desde los sujetos procesales para apelar la decisión de primer nivel adoptada el 12 de abril pasado por los jueces Mónica Heredia, Liz Barrera y Adrián Rojas, quienes aceptaron de forma unánime el recurso de habeas corpus, determinando por un lado que fue ilegal y arbitraria la detención de Glas, pero, por otro, no disponiendo su liberación, porque aún tenía una sentencia condenatoria de ocho años por cumplir, la cual no podía ser modificada por el Tribunal de habeas corpus.

La libertad de Jorge Glas y el respeto a la condición de asilado, ejes de 18 ‘amicus curiae’ presentados por colectivos sociales, asambleístas y personalidades

Una vez que José Suing recibió del pleno de la Corte Nacional en encargo la presidencia del más alto órgano de justicia ordinaria en el país, en febrero pasado, el conjuez Fernando Cohn fue designado para asumir las causas que estaban en el despacho de Suing. Esa situación terminó a inicios de este mes de junio debido a que el conjuez retornó a la provincia del Guayas para ocupar su cargo de juez distrital en la ciudad de Guayaquil. Fernando Cohn llegó a la CNJ en 2019 para ocupar el cargo temporalmente.

Justamente ese tema fue abordado por Suing en el pleno de la CNJ, realizado la mañana de este miércoles, 5 de junio. Luego de agradecer los aportes a la CNJ del hoy exconjuez nacional Cohn y de la también exconjueza nacional Mónica Heredia, José Suing explicó al pleno que posiblemente la próxima semana se incorporen nuevos conjueces, unos que había previamente solicitado y los dos que vendrían a sustituir a los que han salido.

“Quiero comentarles que para no dejar desguarnecida la Sala Tributaria, que es la que está directamente incidida con esta devolución (de conjueces), yo he asumido el despacho temporalmente hasta cuando se incorporen los nuevos conjueces y el doctor Gordillo, que está acompañándonos en la Sala, continúe en su condición de conjuez despachando los temas de admisibilidad. Lo que somos cuidadosos es de no perjudicar al usuario de la justicia especializada y esa es la razón por la que estamos haciéndolos ocho, pero ahí estamos, firmes junto al cañón en el tema del trabajo de Sala”, explicó Suing.

Como parte de la apelación, hasta el momento se han planteado más de 20 amicus curiae, que en lo sustancial buscan que se ordene la inmediata libertad de Glas, que se restablezca su condición judicial de asilado y se ordene al Ecuador que entregue el salvoconducto para que viaje a México. Aunque también insisten en que declarada la ilegalidad y arbitrariedad de la detención de Glas se omitió declarar la responsabilidad del Estado ecuatoriano en este caso y creen que los jueces omitieron ordenar como reparación integral que las máximas autoridades de las instituciones responsables determinen las identidades de quienes llevaron a cabo la “violenta irrupción” en la Embajada de México, en Quito.

Por su parte, la Procuraduría General, el Ministerio de Gobierno y la Presidencia de la República han apelado la decisión del Tribunal de primera instancia que declaró “ilegal y arbitraria” la detención de Jorge Glas. Estas instancias creen que no se debió aceptar el recurso porque no ha existido la violación de derecho alguno y tampoco se ha dado una detención arbitraria o ilegal, sino más bien se procedió a una detención de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.

Recusación en caso Reconstrucción de Manabí

Aún no existe fecha para la audiencia de apelación del habeas corpus en la Corte Nacional, aunque ya se determinó fecha para una audiencia en otra causa y por otra acción que relaciona al exvicepresidente Glas. Para el lunes 10 de junio próximo, el juez Felipe Córdova, también de la Corte Nacional, convocó para las 09:00 a la audiencia en la que se conocerá la demanda de recusación que la defensa del líder correísta plantea contra el conjuez nacional Julio Inga, encargado del proceso penal por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.

Jorge Glas recusa al juez Julio Inga, quien autorizó periciar sus celulares y convocó a audiencia preparatoria de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí

La Fiscalía investiga en esta causa a Glas y otras ocho personas por la supuesta desviación de fondos públicos recaudados mediante la Ley de Solidaridad aprobada luego del terremoto de abril del 2016, recursos que debían destinarse exclusivamente a la atención de las zonas afectadas. Durante la etapa de investigación se habrían definido irregularidades en los reasentamientos para damnificados que hasta hoy viven en carpas, sobreprecios en hospitales móviles, el aparente uso del dinero para financiar proyectos no prioritarios, entre otros hechos.

Básicamente la fiscal general, Diana Salazar, ha explicado que los hechos imputados a los nueve sospechosos radican en el abuso ejercido al dinero que los ecuatorianos entregaron para recuperar las zonas gravemente afectadas por el terremoto. En este caso, se ha hablado de supuestas irregularidades en la contratación de varios proyectos, entre ellos, el proyecto vial Manta-Colisa o la construcción del parque Las Vegas.

La teoría manejada por Fiscalía habla de que pese a que estos proyectos no cumplían con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación) fueron adjudicados y establecidos como prioritarios, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto que afectó a varias provincias costeras de Ecuador.

Salazar ha anotado que la investigación realizada ha evidenciado que se priorizaron ciertas obras de interés de los procesados y cercanos cuando existía la necesidad de otras con mayor urgencia, que se evadieron procesos de contratación pública y que para estas obras, incluso, se benefició a una empresa relacionada a familiares de, por ejemplo, dijo Salazar, el ahora procesado Carlos Bernal. Se presume que el dinero desviado alcanzaría la suma de $ 367 millones. (I)