Al encontrarse justificado el pedido de diferimiento hecho por la fiscal general, Diana Salazar, dentro del caso Reconstrucción de Manabí, y para precautelar el derecho a la defensa de los sujetos procesales, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Julio Inga difirió para el próximo 26 de junio, a partir de las 08:30, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de peculado en el que uno de los nueve procesados es el exvicepresidente Jorge Glas.

Inicialmente, la diligencia estaba definida para este martes, 28 de mayo, pero la titular de la Fiscalía solicitó el diferimiento debido a que la información requerida por las defensas técnicas de los procesados, dentro del plazo de los 120 días de instrucción fiscal, aún no ha sido remitida ni incorporada al expediente fiscal.

El 12 de mayo pasado se cumplieron los cuatro meses definidos para obtener los elementos de cargo y de descargo que sirvan para definir si todos o solo algunos de los sospechosos deben recibir un dictamen acusatorio que los lleve a fase de juzgamiento. Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Walter Solís, exministro de Obras Públicas y Transporte (MTOP) del Gobierno de Rafael Correa, son los investigados en esta causa que permanecen fuera del país: el primero en Miami (Estados Unidos) y el segundo en México, y no han cumplido la medida cautelar de prisión preventiva dispuesta sobre ellos.

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Exministro Walter Solís recibió prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí

Únicamente el líder correísta se encuentra en la cárcel cumpliendo su orden de prisión preventiva, pero esto se dio luego de que fue detenido en el interior de la Embajada de México, en Quito, el 5 de abril pasado. Glas ingresó a esa sede diplomática el 17 de diciembre pasado asegurando que su seguridad estaba en riesgo y que era un perseguido político. Esto se dio luego de que fue requerida por la Fiscalía su localización e inmovilización dentro de la investigación previa del caso Reconstrucción de Manabí.

Con la vinculación de Solís y cinco personas más, el 12 de abril pasado, la instrucción fiscal del caso que investiga el delito de peculado se extendió por 30 días. El proceso penal en este caso arrancó el 5 de enero de 2024 con la formulación de cargos contra Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico; y Carlos Bernal.

A días de cerrarse los tres meses de instrucción fiscal se dio paso a la vinculación solicitada por la Fiscalía General para el exministro Solís; de Franklin José B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP; Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro de Infraestructura de Transporte encargado; Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); y un exfuncionario de Inmobiliar, Milton Daniel M.

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La Fiscalía investiga en esta causa la supuesta desviación de fondos públicos recaudados mediante la ley de solidaridad aprobada luego del terremoto de abril de 2016, recursos que debían destinarse exclusivamente a la atención de las zonas afectadas. Básicamente la fiscal general ha explicado que los hechos imputados a los nueve sospechosos radican en el abuso ejercido al dinero que los ecuatorianos entregaron para recuperar las zonas gravemente afectadas por el terremoto.

Jorge Glas recusa al juez Julio Inga, quien autorizó periciar sus celulares y convocó a audiencia preparatoria de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí

La teoría manejada por Fiscalía habla de que, pese a que estos proyectos no cumplían los ejes propuestos por la ley de solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación), fueron adjudicados y establecidos como prioritarios, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían atención inmediata después del terremoto que afectó a varias provincias costeras de Ecuador.

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En enero pasado, Salazar anotó que la investigación realizada hasta ese momento ha evidenciado que se priorizaron ciertas obras de interés de los procesados y cercanos existiendo la necesidad de otras con mayor urgencia, que se evadieron procesos de contratación pública y que para estas obras, incluso, se benefició a una empresa relacionada con familiares de, por ejemplo —apuntó la fiscal—, el ahora procesado Carlos Bernal. Se presume que el dinero desviado alcanzaría la suma de $ 367 millones.

Para el diferimiento de la audiencia, la fiscal Diana Salazar explicó que lo solicitó para que se garantice el derecho a la defensa en igualdad de condiciones, así como que se cuente con todos los medios necesarios para ejercerla. (I)