El 1 de febrero de 2024 será la fecha en la que se instalará desde cero la audiencia de juzgamiento dentro de la causa penal en la que son procesados el cesado alcalde de Quito Jorge Yunda y otras trece personas, por un peculado supuestamente ocurrido en la Secretaría de Salud del Municipio de Quito en la adquisición de pruebas PCR para la detección de COVID-19. La diligencia se daría a dos años y medio de que se suspendió la fase de juzgamiento.

La decisión fue tomada por el nuevo Tribunal de Juicio que está integrado por los jueces provinciales José Jiménez (ponente), Lady Ávila y Dilza Muñoz.

Este proceso penal no avanzaba de la etapa de juicio desde finales de septiembre de 2021, fecha en la que la primera audiencia de juzgamiento se suspendió debido a la recusación que presentó la defensa de Yunda contra el juez Fabián Fabara, parte del en ese momento Tribunal de Juicio. A Fabara los abogados del exalcalde de Quito lo acusaron de haberse mostrado parcializado en la causa y la recusación planteada por ellos quedó en firme recién a mediados de 2022.

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Integrado formalmente el Tribunal de Juicio y una vez que el Consejo Nacional Electoral confirmó que Yunda no fue electo en los últimos sufragios seccionales, los jueces Jiménez, Ávila y Muñoz, el 17 de mayo pasado, decidieron declarar la nulidad desde la convocatoria a la audiencia de juicio desarrollada a partir del 29 de septiembre de 2021.

Jorge Yunda y otros seis procesados por peculado en la compra de pruebas PCR buscan que se les retire el ‘grillete electrónico’

Con la resolución de los jueces provinciales se formalizó el que la etapa de juzgamiento contra catorce personas procesadas por peculado vuelva a cero, es decir, la Fiscalía de Pichincha, el Municipio de Quito, como acusador particular, y las defensas de los acusados deberán volver a presentar la prueba pericial, testimonial y documental que confirman las teorías del caso que se manejan desde cada uno de los sujetos procesales.

De este hecho, en su momento, ya lo hablaron muchas de las defensas de los procesados. Se sostenía que los nuevos jueces no podían retomar la audiencia de juzgamiento, sino que se debía nuevamente empezar la diligencia y así los nuevos magistrados escuchen todos los argumentos de quienes acusan y de quienes son acusados.

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Jorge Yunda es acusado por la Fiscalía de ser autor mediato del delito de peculado. También se procesa al exsecretario de Salud Lenín Mantilla y a Juan Alejandro Vinelli, gerente de Salumed S. A., como autores directos; y a once personas más como coautoras del delito de peculado.

En este caso no existen procesados con orden de prisión preventiva o usando grillete electrónico. Los catorce se presentan periódicamente varias veces por semana ante la autoridad competente. Yunda, Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito; Ximena Abarca, exsecretaria de Salud del Municipio capitalino; Érick Andrade, Marco Antonio Rubio, Paola Cárdenas y Daisy Hidalgo fueron los últimos a quienes se les retiró el grillete electrónico dispuesto, el 9 de julio pasado.

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La Fiscalía de Pichincha, mediante un comunicado, hizo un llamado a la sociedad para que esté vigilante de este proceso por peculado contra Yunda y otros, así como de otras causas en las que la institución ha solicitado fecha y hora para formular cargos, por ejemplo, contra el exalcalde de Cayambe Guillermo Churichumbi y otras cuatro personas ante una supuesta participación en el delito de concusión; o la audiencia preparatoria de juicio por el delito de peculado contra el exprefecto de Imbabura Diego García.

Tribunal de Juicio del caso por peculado contra Jorge Yunda y otros formaliza con la nulidad que la etapa de juzgamiento vuelve a cero

También la Fiscalía pide que se esté alerta a la fecha en que se formulan cargos contra el juez Juan Z., quien será procesado por el delito de prevaricato. El juez habría sido quien dictó el sobreseimiento de alias Fito en una causa por lavado de activos y además ordenó que se le devolvieran sus bienes. Para la Fiscalía, todas estas resoluciones están apartadas de la ley.

“Fiscalía hace un llamado a la sociedad y a la opinión pública para que -en el marco del respeto a la Constitución y la Ley, y contra cualquier acto que genere o busque impunidad- se mantengan vigilantes a estos procesos, para asegurar que las instituciones involucradas actúen con celeridad y respeto al debido proceso”, señaló la Fiscalía. (I)