Son cuatro juicios políticos a ministros del gobierno saliente de Guillermo Lasso que quedaron pendientes de resolverse en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y tendrán que esperar la instalación del nuevo Parlamento para que sean tramitados o archivados.

El portafolio, no obstante, podría sufrir un incremento dado que las agendas legislativas del Partido Social Cristiano (PSC) y del movimiento Construye contemplan la fiscalización a las gestiones de Fernando Santos, ministro de Energía y Minas, y Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas.

En los informes de sustentación de esa mesa constan los procesos en contra del exministro del Interior y asambleísta electo por el movimiento Construye Patricio Carrillo; Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad; Paola Flores, exsecretaria de Derechos Humanos, y del exministro de Transporte y Obras Públicas Darío Herrera.

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Las acusaciones a Carrillo, Ordóñez y Flores se refieren al incumplimiento de funciones en la actuación de la Policía Nacional en un presunto uso excesivo de la fuerza durante las movilizaciones convocadas por la Conaie y organizaciones sociales en junio de 2022; la inseguridad y la crisis en el sistema carcelario; y también sobre el femicidio cometido en contra de María Belén Bernal por parte de su esposo, el teniente de Policía Germán Cáceres, en la Escuela de Policía Alberto Enríquez Gallo.

En tanto, a Herrera se lo involucra con irregularidades en la gestión de recursos para obras de rehabilitación vial en las provincias de Bolívar y Los Ríos.

De esos cuatro, solo Flores se mantiene en funciones porque fue designada a cargo del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos por Lasso en noviembre del 2022.

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El enjuiciamiento político a funcionarios públicos está tipificado en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Se establece que la Asamblea Nacional podrá proceder con el enjuiciamiento, por el incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de los funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.

El PSC propuso sancionar a los responsables de la crisis energética que comenzó el 27 de octubre. Por esa emergencia nacional han sido señalados el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, y el propio presidente de la República, Guillermo Lasso.

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Así lo evidenció el PSC el 26 de octubre en un comunicado en el que exigió a la Contraloría actuar, para que, a través de una auditoría de gestión, sancione a los responsables de los apagones, “civil y administrativamente”, y traslade a la Fiscalía “las responsabilidades penales” que se deriven de esta auditoría.

Esa postura la sostiene la electa asambleísta socialcristiana Dallyana Passailaigue, que afirmó el martes que la agenda de la bancada incluye hacer juicio político a los ministros del gobierno saliente “que no hayan cumplido con su deber”, pero haciendo un seguimiento a su trabajo dentro del marco de la ley, sin shows.

“Si propondríamos el juicio al ministro de Energía, eso lo decidirá el bloque en su momento. Definitivamente el gobierno anterior y especialmente el ministro de Energía deben responder a los ciudadanos sobre el perjuicio de todo tipo que causan los apagones”, enfatizó Passailaigue en diálogo con EL UNIVERSO.

Por otra parte, el 7 de noviembre Construye anunció que su legisladora electa por Pichincha, Alexandra Castillo, busca el respaldo de otros sectores para impulsar un juicio al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, por un presunto incumplimiento de funciones.

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Según manifestó Castillo, el funcionario no ha entregado los recursos que por ley le corresponden a la Amazonía. Asegura que Finanzas habría tomado, de forma arbitraria, $ 75 millones del Fondo Común Amazónico. También reclama la falta de pagos a municipios, prefecturas y Gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

“Él (Arosemena) dice que deja saneado todo, pero en este momento tenemos un déficit de aproximadamente $ 4,5 millones. No sé cómo se van a pagar este mes que viene los salarios, sobre todo al personal de la salud y al de educación, porque sabemos que no hay en este momento los recursos”, mencionó este martes en Sonorama.

Castillo aseguró que ya realizaron el levantamiento de tiempos para que la solicitud sea recibida por la nueva comisión que quedará conformada el viernes 17 de noviembre, en la primera sesión de la Asamblea Nacional.

Y confía en que otros grupos de legisladores refuercen su planteamiento hasta el viernes, para así poder sumar el número de firmas correspondientes. Esto a pesar del rompimiento de la alianza Construye-Gente Buena, que impulsó la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio, con lo cual cada agrupación actuará de manera autónoma y con vocero propio.

El asambleísta electo por el Partido Sociedad Patriótica (PSG) Lucio Gutiérrez sostuvo que son importantes los juicios a los ministros porque esa es la forma de fiscalizar al gobierno de Lasso, sin embargo consideró que una de las urgencias y prioridades que tiene la nueva Asamblea está en aprobar la Ley de Gestión de Riesgos frente al impacto del venidero fenómeno de El Niño, combatir la inseguridad ciudadana y el desempleo.

Por una parte, manifestó que habrá que escuchar y leer si son argumentos de peso los que menciona la legisladora de Construye sobre la posibilidad del juicio político a Arosemena. Pero Gutiérrez cree que es mucho más urgente un juicio político a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el uso de los recursos públicos en ese órgano frente a las sospechas que él tiene de la fallida elección telemática en el exterior durante la primera vuelta de las comicios generales anticipados.

Será la nueva mesa de Fiscalización la responsable de definir la hoja de ruta que seguirán los procesos que permanecen en la comisión, cuyas nuevas autoridades serán designadas luego de la sesión de este 17 de noviembre, día en que se instala la Asamblea Nacional.

Dicha mesa se encargará de procesar las peticiones de interpelación y realizar las respectivas recomendaciones al pleno del Parlamento.

Cuando no existen asambleístas interpelantes en un juicio político, según los precedentes registrados en la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización conoce la solicitud de juicio y verifica que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, esto es, que el pedido cuente con la firma de al menos una cuarta parte de sus miembros en el momento de su presentación. Y si no tiene interpelante, la Comisión de Fiscalización solicita al pleno de la Asamblea que nombre de entre la sala a un legislador que será el interpelante en el proceso.

En las negociaciones para escoger a las autoridades legislativas y repartir las comisiones legislativas, el correísmo ha manifestado al PSC y a la alianza de gobierno ADN su interés de quedarse con la presidencia de la Comisión de Fiscalización, pero esto todavía no se ha decidido. (I)