Más de una docena de juicios políticos sin interpelantes esperan a la recién electa Asamblea Nacional

La recién electa Asamblea Nacional tendrá que conocer y resolver sobre los juicios políticos planteados en contra de trece funcionarios y exfuncionarios acusados de incumplimiento de funciones, pero quienes propusieron esa interpelación ya no son asambleístas, unos no se postularon y otros no resultaron reelectos.

Los trece juicios políticos están en cola de una resolución a nivel de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Y hasta mayo pasado esperaban que concluyera el proceso de trámite del juicio en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, acusado del presunto delito de peculado, desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente los pools de empresas con los que la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) tenía relación contractual en el transporte de crudo.

El juicio al primer mandatario llegó al pleno e incluso el presidente Guillermo Lasso compareció al hemiciclo el 16 de mayo y respondió a la acusación, pero en la madrugada del día siguiente dictó el Decreto 741, con el cual disolvió la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna.

Tras la disolución del Parlamento, los juicios políticos quedaron en la Comisión de Fiscalización y se espera la instalación de la nueva Asamblea, que tendrá que designar a los legisladores que integrarán la mesa que se encargará de procesar las peticiones de interpelación y realizar las respectivas recomendaciones al pleno del Parlamento.

Cuando no existen asambleístas interpelantes en un juicio político, según los precedentes registrados en la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización conoce la solicitud de juicio y verifica que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, esto es, que el pedido cuente con la firma de al menos una cuarta parte de sus miembros en el momento de su presentación. Y si no tiene interpelante, la Comisión de Fiscalización solicita al pleno de la Asamblea que nombre de entre la sala a un legislador que será el interpelante en el proceso.

Los trece juicios políticos fueron planteados por los exlegisladores Ricardo Vanegas, Mario Ruiz, Joel Abad, José Chimbo, quienes pertenecían a la bancada Pachakutik; Jorge Abedrabbo y Luis Almeida, del bloque del Partido Social Cristiano, y Xavier Santos, de la bancada Izquierda Democrática. Solo hay una legisladora, Sofía Sánchez (Pachakutik), que fue reelecta en los comicios de agosto pasado, y que cuando ejerció el cargo en la Asamblea disuelta planteó un juicio, pero el proceso está suspendido por acciones judiciales y retiro de firmas de respaldo.

¿Cuáles son los trece juicios?

Son trece juicios políticos que quedaron pendientes de resolverse en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y tendrán que esperar la instalación del nuevo Parlamento para que sean tramitados o archivados. Será la nueva mesa de Fiscalización la responsable de definir la hoja de ruta que seguirán los procesos que permanecen en la Comisión.

• Juicio al Consejo Nacional Electoral afecta a cuatro consejeros y un exconsejero

Este juicio político involucra a cuatro de los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a un exconsejero. El proceso fue presentado el 11 de noviembre de 2021 por los asambleístas Mario Ruiz y Joel Abad, que pertenecían a la bancada Pachakutik.

La acusación de incumplimiento de funciones es en contra de los consejeros Diana Atamaint (presidenta), Enrique Pita (vicepresidente), José Cabrera y Esthela Acero; y la misma acusación está dirigida al exconsejero Luis Verdesoto.

Este proceso fue conocido por el pleno de la Comisión de Fiscalización, pero se suspendió su trámite por los comicios de febrero de 2023 y, posteriormente, por las elecciones anticipadas de agosto de 2023, pues la ley impide que los consejeros sean objeto de juicio político cuando el CNE esté en periodo electoral. La acusación se refiere a la falta de control de resultados electorales del proceso presidencial de 2021, y advierten un supuesto fraude electoral al impedir que se verifiquen las inconsistencias presentadas en 39.000 urnas durante las elecciones generales de ese año.

• Tres juicios por paro de junio y femicidio

El 29 de septiembre de 2022, los entonces asambleístas Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez, en ese momento representantes de Pachakutik, presentaron un juicio político en contra del exministro del Interior Patricio Carrión; Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad; y Paola Flores, exsecretaria de Derechos Humanos.

Las acusaciones se refieren al incumplimiento de funciones en la actuación de la Policía Nacional en un presunto uso excesivo de la fuerza durante las movilizaciones convocadas por la Conaie y organizaciones sociales en junio de 2022. Y también sobre el femicidio cometido en contra de María Belén Bernal, por parte de su esposo, el teniente de Policía Germán Cáceres, en la Escuela de Policía Alberto Enríquez Gallo.

En este juicio hubo un retiro de firmas y la Comisión de Fiscalización, con ocho votos, decidió elevar un informe sobre las novedades presentadas en este proceso para conocimiento del CAL. Estaba a la espera de una resolución; pero al mismo tiempo hubo un dictamen de un juez constitucional que inadmitió el proceso de interpelación por cuanto Patricio Carrillo ya fue juzgado y censurado por la misma causa, lo cual lo impide la Constitución, se espera que este tema llegue a resolución del pleno de la Asamblea.

• Juicio a exministro de Agricultura Bernardo Manzano

El 11 de noviembre de 2022, el entonces asambleísta Ricardo Vanegas (PK) presentó el pedido de juicio político en contra del exministro de Agricultura Bernardo Manzano Díaz, por incumplimiento de funciones al revertir las adjudicaciones realizadas de forma constitucional, en legal y debida forma a predios agrícolas situados dentro de la denominada Hacienda Ayalán y que desarrollan su plena capacidad de aprovechamiento productivo.

La adjudicación de los predios responde a un proceso de compraventa a través de una mediación de la Procuraduría General del Estado, pero que el Ministerio de Agricultura, a través del subsecretario de Tierras, realizó actos administrativos de reversión a esas tierras, sin considerar el acta de mediación como cosa juzgada. Sobre este caso se retiraron firmas, luego que el proceso fue calificado por el CAL tiene que pasar a conocimiento y resolución de la Comisión de Fiscalización.

• Juicio a exministro de Transporte y Obras Públicas Darío Herrera

El 28 de noviembre de 2022, los ahora exasambleístas Jorge Abedrabbo (PSC) y José Chimbo (Pachakutik) presentaron un juicio político en contra del ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, por supuesto incumplimiento de funciones derivado de la falta de mantenimiento vial en el país.

Este proceso fue calificado por el CAL y notificado a la Comisión de Fiscalización, pero se suspendió su trámite porque estaba en curso un pedido de juicio al presidente de la República, Guillermo Lasso. Falta resolución y los dos proponentes del juicio no retornaron a la nueva Asamblea.

• Juicio a ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal

El 14 de marzo de 2023, el entonces asambleísta Mario Ruiz, del bloque Pachakutik, presentó el pedido de juicio político en contra del ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, por supuesto incumplimiento de funciones relacionado con el retiro del Bono de Desarrollo Humano a grupos de atención prioritaria en la zona de Intag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, durante los meses de agosto y septiembre de 2022.

Según la acusación, hubo vulneración de los derechos constitucionales y derechos humanos de los perjudicados. El proceso fue calificado por el CAL y estaba en la lista de espera para su tratamiento en la Comisión de Fiscalización. El proponente no se postuló para las elecciones del 20 de agosto, por lo que el pleno tendría que nombrar a un interpelante.

• Juicio a dos vocales del Consejo de la Judicatura

El 13 de abril de 2023, los ahora exlegisladores Luis Almeida (PSC) y Xavier Santos (ID) presentaron una solicitud de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y Juan José Morillo por supuesta arrogación de funciones respecto a la homologación salarial, falta de insumos para la Función Judicial, retraso en el proceso de evaluación de los fiscales.

El proceso fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa y también estaba a la espera de que la Comisión de Fiscalización conozca el caso para determinar si continúa o no la sustanciación. En este caso, el proponente Almeida no fue reelecto, mientras que Santos no participó en los comicios como candidato, por lo que el pleno del Parlamento debe tomar una resolución respecto a nombrar a un interpelante. (I)