Diario El Espectador de Colombia publicó el pasado 7 de junio que la abogada Judy Ospina se declaró culpable de haber beneficiado a los actores del secuestro del activista ecuatoriano Fernando Balda, ocurrido en Bogotá en el 2012, y fue condenada a 45 meses y 10 días de prisión.

Esto dentro de un proceso penal por el delito de falsedad ideológica en documento público agravado, del cual también fue acusada la fiscal Consuelo Montañez, quien era la encargada del caso. A ella se la señala por haber autorizado a Ospina a representar a Balda sin que este lo supiera.

Según un comunicado oficial de Balda, la Fiscalía de Colombia inició la indagación por el prevaricato por omisión agravado y fraude procesal contra Montañez, que al ya haber sido condenada Ospina por la misma acusación hace “inminente la sentencia contra la fiscal”.

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Montañez no admitió su responsabilidad por los delitos y se espera que en julio próximo se retome la audiencia del caso que se encuentra en la fase previa al inicio del juicio, de acuerdo con el diario colombiano.

Balda también agregó en su comunicado que este proceso judicial se ha llevado a cabo desde finales del 2021, pero lo había mantenido en reserva junto a sus abogados para “evitar que haya mano negra que pretenda obstaculizar la justicia”.

“Ahora lo volvimos a lograr, a desenmascarar y derrotar el mal. Créanme que como ser humano estoy tan afectado y agotado de seguir buscando justicia y seguir encontrando en el camino cosas como estas que demuestran el uso de un gran poder y uso de recursos para la maldad y la impunidad”, expresó Balda.

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El activista fue interceptado en Bogotá hace once años por cuatro personas y lo subieron a una camioneta alegando que “querían hablar con él en otro sitio”; no obstante, un taxista se percató del suceso y alertó a las autoridades. Después de pocos minutos, la policía alcanzó a la camioneta y les pidió que se detuvieran, pero de inmediato los delincuentes lanzaron a Balda con el vehículo en movimiento y huyeron.

Los secuestradores de Balda fueron capturados en marzo del 2014; en primera instancia dos de ellos fueron representados por Ospina. En ese momento, la abogada logró negociar con Montañez un preacuerdo de seis años de prisión para los secuestradores si estos se responsabilizaban del crimen y “reconocían” que liberaron a Balda voluntariamente, sin embargo, los acusados no estuvieron de acuerdo.

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Dichos convenios se hablaron sin notificar a Balda, aunque este sí envió sus datos de contacto a la fiscal Montañez. Las conversaciones siguieron entre las dos funcionarias y en una una reunión el 24 septiembre de ese mismo año hablaron sobre un nuevo acuerdo en el que contemplaban reducir la pena a 48 meses de prisión, el cual solo se podría realizar si otra persona asumía la defensa de Balda. Por esto Francisco Artunduaga acogió la defensoría de los secuestradores y fue así como Ospina con autorización de la fiscal pasó a representar a Balda, menciona la publicación.

Al día siguiente, Montañez presentó el preacuerdo dentro de un juicio penal en Bogotá, pero el juez negó la propuesta porque consideró que la rebaja de tiempo no se ajustaba a la ley. Cinco meses después, ya en 2015, la fiscal y los dos abogados llevaron el caso ante otro juez, quien avaló el acuerdo y luego condenó a los secuestradores bajo ese tiempo.

El caso salió a la luz de nuevo el pasado 6 de junio cuando un juzgado de Bogotá determinó la condena de Ospina, quien previamente ya había aceptado los cargos.

Ella supuestamente benefició a los autores materiales del secuestro por tipificar el crimen como un “secuestro simple”, cuando en realidad el delito que cometieron fue un “secuestro agravado”; además, en la audiencia de formulación de cargos, Ospina no presentó oposición, lo que permitió la “irrisoria” imputación y condena, sin que Balda lo supiera ni hubiera aprobado que lo represente en el proceso, reseña El Espectador.

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En el comunicado, Balda expresa que hay tres elementos, por los que el caso es considerado hecho un punitivo agravado, estos son:

  1. Uno de los secuestradores en ese momento era servidor público y miembro del ejército de Colombia.
  2. En el plagio hubo hurto del dinero y celular que Balda poseía en el acto, por lo que los secuestradores se “beneficiaron”.
  3. Y, Balda en el momento del secuestro sufrió lesiones que le dio incapacidad de siete días según consta en el informe médico legal. Además que no fue liberado voluntariamente por los plagiadores.

En el proceso que se llevó en Colombia fueron sentenciadas cinco personas, que fueron las autoras materiales del secuestro.

En Ecuador se procesó a cuatro personas: el expresidente Rafael Correa; el extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero; y a los agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón.

Romero fue condenado a nueve años de prisión por haber planificado el secuestro, pero el 23 de marzo del 2023 fue liberado por una medida cautelar provisional, en la que alegó problemas de salud. Está a la espera de que se le fije fecha para la audiencia de casación.

Chicaiza y Falcón reconocieron sus cargos y también fueron sentenciados por lo que estuvieron casi dos años en la cárcel.

Correa ha negado ser partícipe del plagio a Balda y no ha podido ser juzgado ya que desde el 2017 reside en Bélgica.

A través de su cuenta de Twitter, Correa expresó que el “no está prófugo de nada”, pues alega que ya vivía en Bélgica cuando empezó su proceso judicial por el caso de Balda.

“Jamás he sido «prófugo» de nada. Ya vivía en Bélgica cuando empezó persecución, me he defendido bajo jurisdicción belga y he ganado TODO. Incluso tengo asilo político, que, si no conocen, se da a los perseguidos políticos”, subrayó. (I)