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La Asamblea Nacional advierte que se hará ‘respetar’ y que no reconocerá resoluciones de funcionarios destituidos por sus juicios políticos

Su anuncio se da luego que cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana designaron a un nuevo superintendente de Bancos.

El 18 de noviembre del 2022, la Asamblea Nacional sustanció el juicio político en contra de Graciela Ibeth Estupiñán Gómez, María Fernanda Rivadeneira Cuzco, Francisco Lorenzo Bravo Macías y Hernán Stalin Ulloa Ordóñez. Foto:API / HO /Asamblea Nacional Foto: El Universo

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Aunque no se mencionan nombres ni cargos, en un comunicado suscrito por ocho miembros de la Asamblea Nacional se advierte que no reconocerán ningún acto o resolución de los servidores del Estado destituidos por juicios políticos y además, que harán respetar sus decisiones “aplicándoles lo previsto en el marco legal y constitucional” a quienes las incumplan.

Antes del mediodía de este sábado 3 de diciembre, el Parlamento difundió una comunicación oficial en la que se aclara que lo dictado por el juez de La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas), Ángel Lindao “viola la Constitución” y la independencia de funciones.

Ello se refiere al trámite de una acción de protección en la cual el magistrado dictó días atrás una medida cautelar a favor de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, dejando sin efecto la censura y destitución que versa sobre sus dignidades, tras el juicio político que se aprobó el 18 de noviembre con el voto mayoritario de los legisladores.

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Con esta medida cautelar, los cuatro consejeros se reintegraron a sus funciones y están sesionando y eligiendo autoridades de control. Una de ellas fue la designación de Roberto Romero von Buchwald como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, durante una plenaria que se extendió por 16 horas entre el viernes y la madrugada de este sábado 3 de diciembre.

Romero fue designado a las 00:28 y horas después se emitió esta misiva oficial a nombre de la Asamblea Nacional, que contiene las firmas de Virgilio Saquicela, presidente; los vicepresidentes, Marcela Holguín y Darwin Pereira; además de Mauricio Zambrano, coordinador de la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES); Esteban Torres, coordinador de bancada del Partido Social Cristiano (PSC); Marlon Cadena, asambleísta de la Izquierda Democrática (ID); y, los independientes Amada Ortiz y Augusto Guamán.

En ella, los legisladores previnieron que están actuando con “mucha serenidad y prudencia, pero que bajo ningún concepto esto debe ser confundido con debilidad”. “No permitiremos que ninguna otra función del Estado pretenda realizar injerencias en el poder legislativo; mucho menos en las decisiones que adopte ejerciendo sus facultades constitucionales privativas. (…) Nos haremos respetar aplicándoles lo previsto en el marco legal y constitucional”, se agrega.

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“Un juez no puede dejar sin efecto las decisiones legítimas adoptadas por todo un pleno legislativo y peor aún arrogarse funciones que no le corresponden, tratando de cumplir con las funciones de legislar y fiscalizar atribuibles únicamente a la Asamblea Nacional”, señala el documento.

Añadió que los servidores destituidos que desconocen una orden de autoridad legítima deben ser denunciados por tal delito; al igual que el juez auspiciado por el Consejo de la Judicatura. “Y, en ese sentido, las máximas autoridades del país, incluida la fiscal general del Estado, deben adoptar las gestiones conducentes a fin de garantizar el respeto pleno hacia las demás funciones del Estado, de tal manera que pueda asegurarse la democracia”.

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De esta forma, “la Asamblea Nacional NO reconocerá ningún acto o resolución de funcionarios y/o servidores o trabajadores destituidos por ser ilegítimos, ilegales e ilícitos” (sic).

La madrugada de este sábado, -sin la presencia de los tres vocales de minoría Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, que no fueron enjuiciados en el Parlamento- los cuatro consejeros de mayoría y que sí fueron censurados y destituidos por el juicio político y, a la vez, restituidos por dicha medida cautelar, designaron a Roberto Romero von Buchwald como nuevo superintendente de Bancos, de una terna que remitió el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado 5 de agosto.

En la resolución adoptada por el CPCCS consta un punto en el que dispone la notificación de esta decisión a la Asamblea Nacional para que posesione a Romero en el cargo; asimismo, declaró nula la resolución con la que designó en un primero proceso a Raúl González Carrión y que fue posesionado en el pleno legislativo.

Aunque una jueza de Samborondón (Guayas) anuló todo lo actuado en el proceso de elección de González al aceptar una acción de protección y ordenó que el presidente de la República remita una nueva terna y el CPCCS proceda con una nueva selección que concluyó este 3 de diciembre.

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Con ello, González no asumió funciones en la Superintendencia y el Consejo de Participación Ciudadana designó a este nuevo funcionario, al que Hernán Ulloa tomó juramento después de su designación.

No obstante, resta que la Legislatura lo posesione para que tome posesión en su cargo y asuma su despacho. (I)



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