Las fuerzas militares han enrumbado al país en momentos de protesta social, en crisis políticas, dirimiendo en conflictos internos, siendo árbitros cuando la democracia tambalea, además de custodios de una de las acciones más elementales de la democracia: el voto de los ciudadanos en los procesos electorales.

Allí han estado detrás de las urnas, vigilando el orden en los recintos electorales, consolidando o retirando el apoyo a un presidente de la República electo en momentos de incertidumbre social. Con sus decisiones marcan la vida del Ecuador y mantienen un nivel de credibilidad alto, por encima de otros actores de la sociedad como la iglesia, los medios de comunicación y los mismos políticos a lo largo de la historia.

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Es una confiabilidad acuñada en hechos históricos como el conflicto bélico con Perú, puntualmente en la guerra del Cenepa de 1995, que con la frase “Ni un paso atrás” fortaleció la identidad nacional

Pero ¿qué se juegan las Fuerzas Armadas en caso de que gane el sí en la consulta popular y referéndum de este 21 de abril?

El día del sufragio custodiarán el voto en las urnas y a la par cuidarán lo que encaminará su futuro, uno en el que su prestigio puede estar en juego.

Que gane el sí en las preguntas que involucran a las Fuerzas Armadas no implica necesariamente que los militares asumirían un nuevo papel, recalca Bertha García, directora del Programa Democracia, Seguridad y Defensa de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

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“No debe interpretarse como que acogerán un nuevo papel, los gobiernos actuales nunca han estado interesados en analizar muy bien el papel que corresponde a las Fuerzas Armadas en términos de conseguir una democracia sana”.

Lo que sí han hecho los regímenes de turno es inclinarse hacia ellos en busca de apoyo, como en el combate del crimen organizado. “Se está viendo que son efectivos, por ejemplo, en la custodia de las fronteras, eso deben hacer porque por la línea fronteriza del norte (con Colombia) pasa el narcotráfico y por Perú llegan las armas”.

Al resguardo de las fronteras se suma el control de las costas desde donde se envían drogas como cocaína, más el descubrimiento de pistas aéreas clandestinas.

En la pregunta, por ejemplo, dice que si pueden actuar en contra del crimen organizado de manera complementaria a la Policía, no dice actuar directamente”, afirma García, quien asevera que dos factores influyeron el papel de las Fuerzas Armadas en la historia reciente.

El primero fue el de la frontera con Perú, que desde el comienzo de la República ha sido un signo de identidad del país, manifiesta García. “Siempre presentes frente a un poderoso enemigo, en ese momento el Perú, todo el sistema cultural se organizó en torno a eso, inclusive en el sistema educativo a través de los libros de historia”.

El segundo factor fue el que han tenido todos los ejércitos de América Latina al ser aliados de Estados Unidos en contra del enemigo interno que es el comunismo, según García. “Incluso se llegó a dictaduras como las del Cono Sur, esa cultura y mentalidad ha hecho que las Fuerzas Armadas sean veneradas en el sentido patriótico, pero también temidas por los regímenes autoritarios”.

Mario Pazmiño, experto en temas militares, asegura que hay la necesidad de contar con un respaldo jurídico para que participen en la lucha contra el crimen organizado generando una presencia disuasiva. “Un respaldo para que puedan actuar en territorio”.

El Decreto Ejecutivo 111, que establece un conflicto armado interno en Ecuador, “ya da la facultad a las Fuerzas Armadas para una intervención directa en el territorio nacional, sin que exista un estado de excepción”.

De ganar el sí en la consulta popular y referéndum, dice Pazmiño, se “va a facilitar para que nuevamente retornen todas las actividades, especialmente de patrullaje, control territorial e interdicción terrestre, fluvial, aérea y marítima, control de puestos, de fronteras”.

La presencia permanente en territorio de los militares tiene un efecto disuasivo. Con esto se necesita más personal. Una opción, dice Pazmiño, es convocar a las reservas militares, que suma un contingente de unos 30.000 hombres.

Estos se unirían a los 47.000 uniformados que son parte de las fuerzas militares, con lo que serían 77.000.

Los militares custodian la seguridad en los recintos electorales. Foto: Carlos Granja Medranda

‘El rol de ser guardianes del orden institucional les da un poder simbólico’

Los militares, dice García, asumieron un poder simbólico y fuerte sobre la sociedad que todavía persiste.

Es un poder, agrega la especialista en temas militares, que construyó gran parte del sistema político ecuatoriano. “Tuvieron mucha influencia en los distintos gobiernos hasta el punto que las Constituciones desde 1967 reflejaron eso, que son guardianes del orden institucional, y eso les dio más poder”.

Es un rol contraproducente en el sentido de que “mientras más profesionales sean los militares, más neutros deben ser en la política, pero acá en Ecuador han tenido un papel político muy fuerte y han recuperado hasta ahora todo ese poder”.

En este contexto, la participación de las Fuerzas Armadas en el combate del crimen organizado, dice Roberto Beltrán, profesor de Gestión de Conflictos de la Universidad Técnica Particular de Loja, no debería implicar además el descuido de la seguridad externa del país que ya enfrenta falencias.

“Podría distraerse la función de custodia de la seguridad externa del país. Recordemos que nuestras fronteras son muy débiles y permisivas al narcotráfico, tráfico de personas y al poco control que tenemos del mar territorial y de la Amazonía, eso no puede quedar debilitado”.

¿Cómo deberían actuar los militares de manera complementaria en la lucha contra el crimen organizado?

“Con la logística y el uso de la fuerza cuando sea necesario o actuando en operaciones interagenciales. Como son amenazas complejas se necesita la participación de distintas agencias, de militares, policías y con inteligencia militar”, responde García.

Para ello las cúpulas militares deben entender que la lucha histórica contra el comunismo quedó atrás.

“Ahora la lucha es en contra de bandas criminales, estructuras que más allá de las bandas son políticas y empresariales, entonces lo que toca al país es fortalecer lo máximo a la Policía Nacional y al sistema penal. La idea de la militarización corta esos esfuerzos porque de alguna manera nos inclinamos a que simplemente los militares hagan ese rol, pero su papel no es ese”, asegura García.

Entonces, los miembros del crimen organizado no son insurgentes con tintes ideológicos y políticos, sino que son criminales económicos. Con lo que la ejecución de tácticas de contrainsurgencia no es eficiente en este contexto, agrega.

Hay que quitarse la idea de que se le daría a las Fuerzas Armadas una nueva misión al ganar el sí, ya que el planteamiento es que actuarán de manera complementaria. “La función del control y decomiso de armas, por ejemplo, también es parte de su rol ya establecido en las leyes”. El fin es que cumplan bien el papel que ya tienen.

Unos 1.800 reservistas de las Fuerzas Armadas de Ecuador acudieron a los cuarteles militares para realizar un reentrenamiento de dos semanas, enfocado sobre todo en apoyar el operativo de seguridad durante la celebración del referéndum convocado por el Gobierno. Foto: EFE

¿Qué consecuencias pueden darse con unas Fuerzas Armadas actuando en contra del crimen organizado?

Un error sería que lo hagan directamente porque es militarizar toda una política de seguridad, una estrategia que ha sido inútil en otros países como México. El peligro es que sean ”cooptados” de forma masiva por el crimen organizado, agrega la especialista, lo que puede ocurrir mucho más al quedar expuestos de manera directa, según García.

Hay una penetración permanente del crimen organizado en todas las estructuras estatales, según Pazmiño. “Para evitarlo hay que mejorar los sistemas de control interno, como contrainteligencia para hacer investigaciones... Es importante también que estas instituciones tengan permanentemente controles en lo relacionado con pruebas de confianza”.

Una depuración también en el interior de las instituciones es otra de las medidas.

El otro riesgo de que los militares acojan el rol de enfrentar al crimen organizado es que esto persista para siempre y se prolongue el retraso del sistema nacional de seguridad. “Ellos no han dado muestras de cambio en su mentalidad. Siguen practicando la doctrina de seguridad nacional que era de la Guerra Fría (enfrentamiento tácito de las potencias hegemónicas de Estados Unidos y la Unión Soviética durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX)”, menciona García.

Un criterio parecido tiene Beltrán en el sentido de que su intervención en la seguridad interna “le resta al actual gobierno y a los futuros la obligación de rediseñar los sistemas de seguridad interna porque las Fuerzas Armadas tienen que volver a su rol preponderante, que es el cuidado de la territorialidad e institucionalidad”.

El otro peligro de que intervengan en el control interno, dice Beltrán, es que se configure un mayor uso excesivo e inadecuado de la fuerza por parte de algunos de sus integrantes, “lo cual podría llevarles a que sean acusados o catalogados como atentatorios a los derechos humanos”.

Su preparación y entrenamiento es para enfrentar conflictos externos y no hechos de delincuencia común en las calles.

“Hay que hacer un análisis de sus instituciones internas de seguridad y necesariamente hacer cambios. Hay cuerpos de seguridad, de élite y especializados que diseñan sistemas o equipos de seguridad para atender diversos entornos”.

Desde los años noventa del siglo XX hay cambios importantes a nivel de las doctrinas y de los procedimientos de seguridad interna y externa. “Deben modernizarse primero en el pensamiento, por lo menos que estudien lo que significa ahora la política internacional y el papel que tienen los civiles dentro de la conformación de una mentalidad de defensa que sea también cívica”, indica García. (I)