Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países de la Comunidad Andina (CAN), acordaron el 21 de enero pasado trece medidas concretas de acción para hacer frente a las actividades ilícitas transnacionales, que van desde crear una red de seguridad 24/7 hasta contar con un banco de datos de nacionales y extranjeros. Todas estas acciones se establecieron en el Plan de Acción Resolutivo (PAR) que posee el rango de norma jurídicamente obligatoria para estos cuatro países.

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Gonzalo Gutiérrez, secretario general del organismo, reconoce que las declaraciones sobre la lucha contra el crimen transnacional siempre surgen en la comunidad internacional, pero subraya que lo acordado por la CAN es inédito en sus 54 años de historia y que se vieron en la necesidad de acelerar esfuerzos ante los últimos hechos acontecidos en Ecuador que alarmaron a toda la región.

La crisis de seguridad que atraviesa Ecuador no es nueva, pero ¿qué cambió luego del 9 de enero para que la Comunidad Andina decida reunirse de forma urgente?

Desde septiembre del año pasado, que yo asumí la Secretaría General de la CAN, ahí empezamos a verificar que el problema de la seguridad era un problema muy acuciante en todos los países de la región. Empezamos un intercambio de comunicaciones con la presidencia pro témpore actual que es Bolivia, para organizar una reunión sobre los temas de seguridad y en ese proceso de intercambio, que ha tomado meses, ocurrió el terrible asesinato del candidato a la presidencia en Ecuador (Fernando Villavicencio) y luego hace poco (el 9 de enero) esta asonada tremenda que constituye una amenaza a la democracia ecuatoriana y a la institucionalidad democrática de la región lo que motivó a acelerar el proceso.

¿Cuándo se dio el primer acercamiento?

Fue virtual y solo con los ministros de Relaciones Exteriores, tuvo lugar el día 12 de enero. La canciller ecuatoriana estaba en Washington, el canciller peruano en Panamá, la cancillería colombiana desde Colombia y la ministra boliviana estaba viajando por su país, pero todos hicieron un espacio para juntarse y ahí se emitió una una declaración y acordaron reunirse presencialmente el domingo 21 en Lima junto con los ministros de Seguridad de los de los cuatro países. Los hechos que ocurrieron en el Ecuador nos alarmaron a todos y generaron una solidaridad irrestricta.

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La Comunidad Andina tiene más de 50 años de existencia, ¿es la primera vez que emiten un acuerdo con acciones tan claras en seguridad y plazos a cumplirse?

La Comunidad Andina cumple este año 55 años y temas relativos al tráfico de drogas, al tráfico de armas ilícitas han sido abordados en el pasado, pero nunca había ocurrido una reunión que produjese un plan tan integral y con medidas tan precisas y con mandatos inclusive de tiempo vinculados a este tema de seguridad y esperamos que el Plan de Acción Resolutivo, PAR como le llaman, sea un parteaguas a partir del cual los países avancen en la lucha contra esta amenaza a nuestra democracia.

¿Cómo fue la participación de las autoridades ecuatorianas en esta reunión del domingo pasado?

Estuvieron la ministra Gabriela Sommerfeld, la ministra Mónica Palencia y el ministro Gian Carlo Loffredo y expresaron la gran preocupación del Ecuador frente a la amenaza que viene enfrentando. Pero además vinieron con propuestas muy concretas que han sido subsumidas en este plan de acción. La delegación ecuatoriana ha sido muy activa y proactiva y con un gran deseo de concertación y los países han acogido con con mucho agrado esta posición ecuatoriana. Hemos escuchado presentaciones de la canciller que nos han puesto en evidencia la grave crisis que se vive en materia de seguridad en el Ecuador y que no es ajena a situaciones que también vivimos en los otros tres países.

En el plan de acciones acordadas por la CAN figura la Red Andina de Seguridad 24/7 y el Banco Andino de Datos (BAD), que plantea incluir a personas con antecedentes, ¿Cuándo se verán los primeros resultados?

Para la Red Andina de Seguridad tenemos la tarea que cada uno de los cuatro países nomine a una institución como el centro de contacto, un titular y un alterno. Estos dos centros en cada país deben establecer los mecanismos tecnológicos para estar comunicados las 24 horas. No hay un tiempo establecido, pero no me cabe duda que esto va a ocurrir en muy corto plazo y en cuanto al Banco Andino de Datos (BAD), el proceso para llevarlo adelante va a estar enmarcado dentro de un Comité de la CAN que se llama el Comité Andino de Autoridades Migratorias (CAM) ellos serán convocados por la Secretaría General y por la Presidencia pro témpore de inmediato para establecer este banco de datos que intercambiará datos biográficos, biométricos, entre otros, para identificar a las personas que puedan ser consideradas como un riesgo a la seguridad de los cuatro países.

En el PAR se menciona que se realizarán operativos coordinados, ¿veremos controles en las fronteras, quizá hasta uniformados de los cuatro países prestando apoyo?

Este tema es muy sensible y muy importante. Las autoridad policiales y las autoridades castrenses de los distintos países se deben poner de acuerdo entre ellas. Estos operativos tendrán que ser con la reserva, con la la seguridad que merecen. Nosotros en la Secretaría General no vamos a conocer momentos ni lugares, eso es materia de una coordinación entre ellos.

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld y la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, participaron en la XXIV Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en Lima. Foto: EFE

Si un país de la CAN pide apoyo al país vecino, ¿va a haber esta apertura para realizar acciones conjuntas?

Ese es justamente la idea, que haya una coordinación para que las operaciones que lleven adelante sean conjuntas. Pero esto es materia de reserva que será conocida esencialmente por las las fuerzas policiales o militares participantes.

En el marco de estos controles fronterizos y migratorios que vamos a ver fortalecerse, ¿cómo se va a manejar la ola de migración venezolana que sigue afectado a los países de la CAN?

Con el Banco Andino de Datos, la idea es que las personas puedan ser identificadas, personas que tengan antecedentes, que cuenten con requisitorias con impedimentos de tránsito, puedan ser nacionales de los cuatro países o extranjeros. No se va a limitar exclusivamente a personas de nuestras nacionalidades, sino también de terceros países. Esta es una medida básicamente que está orientada a la lucha contra la criminalidad, que también toca con los problemas migratorios.

¿Qué otras acciones y plazos establece el PAR que deban cumplirse en los próximos meses?

En el ámbito aduanero, nosotros debemos convocar al Comité Andino de Asuntos Aduaneros para ver el intercambio de información en un plazo máximo de 60 días. También el Comité Andino de Minería Ilegal deberá reunirse en el primer trimestre del año. Para marzo debemos tener ya una primera reunión para el intercambio de información de inteligencia estratégica. Los directores antidrogas, los cuatro países deben reunirse en el primer trimestre también. El Mecanismo Andino de Seguridad Financiera, muy importante para intercambiar información sobre lavado de activos, deberá reunirse también en el primer trimestre. En esta lista de medidas, los países han puesto el plazos muy precisos y en la mayoría son para los próximos 90 días. Esperamos que los países cumplan también en lo que hace a sus obligaciones respecto a estos plazos planteados.

Foto oficial de la XXIV Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores junto a los ministros y autoridades a cargo de la seguridad interna fue convocada la semana pasada tras la ola de violencia que se desató en Ecuador. Foto: EFE

En el PAR se mencionan capacitaciones que se harán de constante, ¿se va a buscar apoyo extranjero, externo a la CAN?

Esas capacitaciones van a ser capacitaciones en las que participarán, organizarán, expondrán básicamente expertos de nuestros cuatro países. No se ha contemplado participación de terceros países o expertos de otros lugares. Pero si así lo deciden los cuatro países, eventualmente podrán también invitarse a expertos, pero eso es una decisión que la tendremos que tomar conjuntamente.

En el último punto del PAR se dispone la creación del Observatorio Regional Andino de Seguridad ¿cuál será su objetivo y en qué se diferenciaría de la red 24/7?

La Red Andina de Seguridad es una red de información para ponerlo en una frase coloquial en caliente, va a transmitir entre los cuatro países hechos, requisitorias, movimiento de personas que sean muy precisas, muy al punto donde haya que perseguir a un fugado, donde haya sospecha de que va a ocurrir un acto. El Observatorio Regional va a ser una una entidad de más largo aliento, de mayor amplitud, en la que se van a analizar tendencias, información sobre los fenómenos de delincuencia organizada transnacional y también dentro de esto se ha encomendado a nosotros, a la Secretaría General, que realicemos una compilación comparativa de las normas internas en materia penal, de manera que tengamos una especie de matriz comparativa.

¿Qué objetivo tendrá esta matriz comparativa?

No es la intención de los cuatro países llegar a una homologación de normas ni cambiar las normas internas, sino que haya un conocimiento muy rápido de cuáles son las normas que en cada país rigen en situaciones similares. Eso va a permitir también a nuestros autoridades que puedan reaccionar o interactuar más ágilmente sin tener que ponerse a revisar en cada situación una legislación.

Los llamados a la cooperación internacional para luchar contra el crimen organizado han venido por años desde organismos como la ONU, la OEA, pero no se había concretado nada, ¿cómo va a garantizar la CAN que su acciones se mantengan en el tiempo y no sea algo político?

En la normativa de la Comunidad Andina tenemos varios tipos de acciones jurídicas y la más importante son las decisiones, que son normas que acuerdan los cuatro países y tienen un estatus de ley nacional en los cuatro países y son obligatorias de cumplimiento al día siguiente de su publicación en la Gaceta de la Comunidad Andina. La Decisión 922, que contiene el PAR, fue publicada el lunes 22 y ya es de obligatorio cumplimiento en nuestros cuatro países, independientemente de los cambios de gobiernos.

La familia de uno de los de los líderes de las bandas criminales que operan en Ecuador llegó hasta Argentina; ante situaciones como estas, ¿existe la apertura para que se sumen otros países de la región que no son miembros de la Comunidad Andina a este trabajo conjunto?

Sí, si existen terceros países diferentes a los andinos que encuentren mérito en las acciones que se han programado en el PAR, esos países pueden dirigirse en primera instancia a la presidencia pro témpore de la Comunidad Andina, que la ejerce en este momento Bolivia. Yo estoy seguro que los cuatro países van a ver de forma positiva que otros países puedan sumarse a ello, pero tiene que hacerse a través de un requerimiento. (I)