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La ética y probidad, los valores que se pondrán a prueba en la elección del nuevo contralor del Estado

El Consejo de Participación Ciudadana arrancó con el concurso público, en el que la impugnación ciudadana evitaría que participen candidatos cuestionados.

QUITO (04-12-2021).- Fachada del edifcio de la Contraloría General del Estado. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

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La elección de una figura ética, con probidad, una hoja de vida intachable y sin afinidad política, que lidere el accionar de la Contraloría General del Estado, se garantizaría si la ciudadanía interviene a través de la figura de la impugnación ciudadana a quienes se postulen a ocupar esa dignidad.

Tras cinco años de inestabilidad que ha marcado el funcionamiento de la Contraloría, se inicia la elección de un nuevo contralor, para lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) puso el ‘pie en el acelerador’ en la organización del concurso público, frente al juicio político del que se defienden sus siete vocales en la Asamblea Nacional.

Segundo contralor del Estado, de los últimos catorce años, salpicado en presuntos hechos de corrupción

La Contraloría es considerada uno de los órganos más importantes del país, al ser, según la Constitución, la “encargada del control de la utilización de los recursos estatales”.

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Puede determinar responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con las gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General.

El Consejo de Participación Ciudadana tiene el encargo de designar a su titular a través de una comisión ciudadana compuesta por diez personas, quienes organizan el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana.

Los comisionados ciudadanos asumieron funciones este 28 de octubre, con lo que en los próximos días el pleno del CPCCS prevé disponer que se convoque a la ciudadanía a inscribirse.

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¿Cuál es el perfil profesional y ético que debe acreditar un postulante a ser el nuevo contralor? El reglamento para la elección de la primera autoridad de la Contraloría establece parámetros académicos, de capacitación, experiencia y conocimientos.

Pero la moral y la ética se suscribirá si el candidato, además de alcanzar la más alta calificación sobre 100 puntos, logra superar la etapa de impugnación ciudadana.

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El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, explica que el reglamento exige un perfil profesional que evidencie conocimientos en las áreas “sensibles y estratégicas en donde se cometen más actos de corrupción” en las que la Contraloría tiene dificultades en atender.

Ese espectro se “amplió” para títulos en Ingeniería Civil, Ingeniería en Minas y Petróleos, Ingeniería Ambiental; y, los de Derecho, Economía, Auditoría, Finanzas, Administración Pública y Gestión Pública.

Sin embargo, en cuanto a la probidad y ética, pone en manos de la participación ciudadana para que, a través de las impugnaciones se alerte de candidatos que no deberían llegar a esa función.

“Nada es perfecto y siempre existen asuntos que se encuentran ocultos al escenario institucional. Por ello, esta etapa puede hacer que haya ese filtro de control social necesario para que el resultado sea perfecto”, añade.

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Empero, Ulloa lamenta que luego que las personas son designadas en un cargo aparecen las denuncias.

“¿Por qué hay personas que conocían de ciertos hechos y no presentan la impugnación en el momento oportuno? Después, resulta que el CPCCS aparece como el malo de la película, como los irresponsables, como los que no hemos tenido la diligencia de revisar la documentación, lo que provoca malestar o falta de legitimidad en la selección. Por ello exhorto a que para que este concurso sea perfecto, se necesita de la participación del Consejo, de la comisión y de la ciudadanía, que haga ese control social”, añade.

El interés en la designación de esta autoridad se debe tanto a las atribuciones de control que posee, como por los hechos de corrupción que sacudieron su institucionalidad en los últimos cinco años con personalidades que enfrentan juicios penales por el cometimiento de delitos.

Durante el gobierno de Rafael Correa, el excontralor, Carlos Pólit Faggioni, estuvo por diez años en esa función, elegido en concursos que realizó el CPCCS de ese entonces.

Carlos Polit reside en Miami, Estados Unidos, desde el 25 de mayo de 2017.

Fue en junio del 2017 que se destapó un escándalo de corrupción que lo salpicó, develándose que estaba involucrado en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Considerado un prófugo de la justicia, porque se mudó a Miami (Estados Unidos), fue sentenciado en ausencia por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por el delito de concusión.

Lo sucedió Pablo Celi De la Torre, quien era su subcontralor. Él asumió funciones en junio del 2017 y se mantuvo por cuatro años con la venia del extinto Consejo de Participación Ciudadana de transición (CPCCS-T) que decidió no realizar el concurso público para elegir un titular y lo prorrogó hasta que culmine el periodo para el que fue posesionado Pólit.

El 13 de abril del 2021, Celi fue detenido en el marco de una investigación de la Fiscalía del Estado, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada por el pago de dineros en la empresa pública Petroecuador para el desvanecimiento de glosas.

Quito. 21/10/2022. A la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de concusión en el caso China CAMC asistierond e forma perosnal los procesados y hermanos el excontralor Pablo Celi y Esteban Celi. Cortesía FGE/El Universo. Foto: El Universo

Actualmente, cumple medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que usa un grillete electrónico mientras se evacúa el juicio penal en la CNJ, en el denominado caso Las Torres.

Desde la cárcel 4 de Quito, Celi nombró a Valentina Zárate como contralora subrogante, que renunció un mes más tarde y la reemplazó Carlos Riofrío González.

Carlos Riofrío González, preside la Contraloría General del Estado, hasta que el CPCCS termine el concurso público en el que se elegirá al titular. Foto: Archivo. Foto: El Universo

Riofrío completa el periodo para el cual fue reelecto Carlos Pólit y que culminó en marzo del 2022. Debido a que el Consejo de Participación Ciudadana no avanzó el concurso para elegir a su sucesor, se encuentra en funciones prorrogadas.

En esa coyuntura, la contienda para designar a esta autoridad se caracteriza por un juicio político que se desarrolla en el Parlamento en contra de los siete vocales del CPCCS, quienes denuncian la existencia de fuerzas políticas que estarían interesadas en elegir un contralor afín.

María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, Hernán Ulloa e Ibeth Estupiñán advierten de poderes “oscuros” que quieren evitar que se haga el concurso.

Estupiñán, por ejemplo, considera que la definición de un contralor para los próximos cinco años es “la cereza del pastel que se disputan los partidos políticos” y, que es el motivo del enjuiciamiento político que, de terminar con su censura y destitución, dará paso a que los reemplacen vocales suplentes que podrían desarmar a la comisión ciudadana utilizando ‘leguleyadas’.

Por su lado, Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, denuncian que sus cuatro colegas responden a los intereses del gobierno de Guillermo Lasso.

Para el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas Chaves, los requisitos que debe acreditar el nuevo contralor es que sea “independiente políticamente, con los mejores antecedentes académicos, profesionales y con una hoja de vida intachable, aun en lo personal”.

“Pongo como ejemplo que el tesorero de la mafia de Odebrecht llegó a ser contralor y debemos impedir que eso vuelva a ocurrir. La Contraloría requiere de una persona con absoluta probidad y que no vaya a permitir la impunidad. Que no tenga compromisos con grupos corruptos, que no haya sido funcionario en los últimos quince años y menos en la misma Contraloría. El país demanda que la selección no sea producto de convenios políticos, convenios amaneados y arreglados para proteger a unos y sancionar a otros”, reitera.

Quien resulte electo, según Rodas, deberá iniciar un “trabajo ágil, sin farándula ni parafernalia”, que revise los contratos de Odebrecht en el Ecuador, la deuda externa, el posible “sobreprecio” en la construcción del Metro de Quito, que investigue cómo se produjo la venta del Hotel Quito, los “negociados” en la compra de insumos médicos para el sistema de salud pública, la construcción de las hidroeléctricas y además, reorganizar las direcciones provinciales de la Contraloría. En esencia, la “nueva cabeza tiene mucho trabajo que hacer”.

El CPCCS no descarta que la próxima semana se convoque a la ciudadanía a inscribirse para participar en el concurso público, para lo que habrá un plazo de diez días.

Luego, la comisión ciudadana deberá sustanciar cuatro fases. La primera, la admisibilidad, para lo que en un término de ocho días, después de cerradas las inscripciones, verificará que los candidatos cumplan los requisitos legales y no estén incursos en prohibiciones legales y constitucionales.

Quienes sean admitidos pasarán a la calificación de méritos valorada sobre 50 puntos, en la que se evaluarán títulos académicos, la experiencia profesional en el sector público o privado.

Los otros 50 puntos se dividen en: 30 el examen escrito de 60 preguntas y la prueba oral sobre 20, con la exposición de casos prácticos. Estas dos actividades tendrán la intervención de catedráticos universitarios, quienes elaborarán los cuestionarios y los casos hipotéticos relacionados con las funciones de un contralor.

Aquellos que hayan superado estas fases pasarán a la impugnación ciudadana, en la que se podrá escrutar a los candidatos por falta de probidad, idoneidad, si incumple requisitos o está incurso en prohibiciones.

Si se comprueba que un postulante no acredita estos valores, será descalificado del concurso.

Al consumarse estas actividades, la comisión ciudadana elaborará el listado final de candidatos en orden de puntuación, del más alto al más bajo, para que sea el pleno del CPCCS el que lo designe y la Asamblea Nacional lo posesione para los próximos cinco años. (I)


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