La pugna Asamblea-Consejo de Participación Ciudadana hallaría un desenredo en la justicia constitucional

La controversia se ahonda entre las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional y cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que arrastra a la Superintendencia de Bancos, situación que podría encontrar una solución en la justicia constitucional.En las últimas horas, representantes de varias bancadas legislativas y el presidente Virgilio Saquicela suscribieron un comunicado en el que advirtieron que “no reconocerán ningún acto o resolución de funcionarios y/o servidores o trabajadores destituidos por ser ilegítimos, ilegales e ilícitos”, reivindicando así la resolución del 18 de noviembre en la que censuraron y destituyeron por un juicio político a cuatro de los siete vocales del CPCCS: Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo. Aclararon que la medida cautelar dictada por el juez de La Concordia, Ángel Lindao, que reintegró a los cuatro consejeros días atrás a sus funciones, viola la Constitución y no puede dejar sin efecto las decisiones legítimas adoptadas por su pleno y “peor aún, arrogarse funciones que no le corresponden”.Su postura se da en respuesta a la decisión tomada en la madrugada del sábado por los cuatro vocales, quienes designaron a Roberto Romero von Buchwald como titular de la Superintendencia de Bancos y dispusieron a la legislatura que lo posesione en su cargo para que inicie sus funciones.A esto se suma que Saquicela convocó para este lunes a las 19:00 a una plenaria que, en un tercer intento, pretende posesionar a tres vocales suplentes que faltan para que reemplacen a Ulloa, Rivadeneira y Estupiñán. Ello es porque el 27 de noviembre se posesionó a Olindo Nastacuaz para que reemplace a Bravo, quienes fueron electos en las elecciones del 2019 como representantes de los pueblos y nacionalidades.El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, reaccionó la noche de este 3 de diciembre en una misiva en la que cuestiona al Legislativo por no acatar la decisión del juez Lindao.“Evidencia una contradicción institucional porque deja ver la necesidad de la Asamblea Nacional de controlar a la Función Judicial amenazando a los jueces con posibles controles a sus actuaciones cuando están en contra de sus transgresiones y limitada visión de cómo funciona el sistema político, sin respetar el principio de independencia”, cita la comunicación.Ulloa “rechaza enérgicamente” las actuaciones de Saquicela y lo acusó de buscar una desestabilización en la democracia, en el sistema legal, así como la afectación de la institución.En esa esfera, la Superintendencia de Bancos sufre el coletazo de la disputa política, pues desde agosto pasado no cuenta con un superintendente titular pese a que el Consejo de Participación Ciudadana ha hecho dos procesos de designación. Actualmente está la superintendenta subrogante, Antonieta Cabezas Enríquez.Un primero proceso terminó en julio con la elección de Raúl González Carrión, que integró la terna que envió el presidente de la República, Guillermo Lasso.Aunque González fue posesionado de forma virtual por el Parlamento, la Policía Nacional rodeó las instalaciones de la Superintendencia para evitar que asumiera funciones. Luego, en el trámite de una acción de protección planteada por una ciudadana, la jueza de Samborondón (Guayas), Larissa Ibarra, declaró nulo lo actuado por el CPCCS y ordenó una nueva designación. González apeló y este 12 de diciembre, a las 08:15, un tribunal de la Corte Provincial del Guayas prevé instalar la audiencia de sustanciación para resolver la causa. Él reclama su derecho, pues la legislatura lo posesionó el 11 de agosto. Y en la Superintendencia “me dieron la acción de personal, por lo que estaba facultado para ejercer el cargo”, dijo.“Aquí existe un superintendente, por lo que me asombra que hayan designado a otro en un proceso incómodo y peculiar, pues son cuatro consejeros destituidos y toman la decisión entre gallos y medianoche. Tanto pregonan la transparencia, pero no aplican”, reclamó..González espera que la justicia reconozca sus derechos; de lo contrario, será difícil que haya una solución a esta crisis y lo que “habrá es un resquebrajamiento”, opinó.En tanto, la disputa legislativa podría tener una salida en el trámite de una acción de protección que plantearon Ulloa, Bravo y Estupiñán en Quito.Para este miércoles 7 de diciembre a las 14:30 un Tribunal de Garantías Penales de Quito, integrado por los jueces Pablo Coello Serrano, Galo Rumiguano Urbano y Milton Maroto Sánchez, c onvocó a una audiencia en el Complejo Judicial Norte, para resolver este recurso.En un primer pronunciamiento, el Tribunal negó la solicitud de medidas cautelares. El fallo argumenta que la resolución de destitución “no constituye un inminente peligro y en lo que se refiere a la gravedad, el Tribunal no la advierte, porque no puede ocasionar daños irreversibles. Según los legitimados activos registran una supuesta violación constitucional que tendrá que ser comprobada en el proceso de conocimiento de sustanciación de la acción de protección (y) lo que pretenden los accionantes es convertir a las medidas cautelares en un proceso de conocimiento”.Se añadió que la violación será sujeta a verificación a través de los medios de prueba aportadas por las partes, y al no “poder prejuzgar sobre el fondo, se evaluarán la veracidad de la alegación, la normativa aplicable y se determinará si se registró una vulneración de derechos constitucionales”. Para el exlegislador y catedrático Henry Cucalón, la solución de esta crisis está en la justicia. De esta “esperamos que dirima, aunque el conflicto político va a continuar”, alertó.A su criterio, esta coyuntura es un “caos deliberado en donde hay un irrespeto mutuo entre las funciones del Estado, con claras intromisiones en las competencias. Hay un choque severo entre el control político y control jurídico y todo tiene como telón de fondo la designación de las autoridades de control”, reflexionó.Cucalón reconoce la facultad de la Asamblea Nacional de destituir por juicio político a los vocales del CPCCS, aunque debió ser “a los siete y no a los cuatro”, pero “no hay ilegalidad alguna en el acto de destitución”, dijo.Cree que hay “un abuso de las acciones de protección” por parte de los servidores públicos y considera que la legislatura no debería tomar una posición de escoger cuál cumple o no. “Las medidas cautelares y las acciones jurisdiccionales no son para zanjar las disputas políticas. Habrá que esperar la respuesta jurídica, pero ojalá den la razón a la Asamblea en cuanto al ejercicio de fiscalización, si no esto va para largo”.En este “franco choque de trenes”, la Superintendencia de Bancos fue vinculada y para Cucalón el nombramiento de Romero von Buchwald quedó “en el limbo”.“La solución es que la justicia allane el camino lo antes posible, pero todo esto abona a que en febrero se tome una decisión de fondo”, aseveró Cucalón, quien cree que la solución de fondo la tendrá el electorado en los comicios seccionales y del CPCCS del 2023, en los que se deberá decidir por quitarle la atribución de designar autoridades al Consejo de Participación, en el referéndum planteado por Guillermo Lasso y que se votará también en esa fecha.El constitucionalista Ismael Quintana observa que la institucionalidad estará “entrampada porque este problema va a tener que resolverse por la vía de los hechos, por lo político”, pues “en lo jurídico estamos entrampados”, dijo. El constitucionalista Ismael Quintana observa que la institucionalidad estará “entrampada porque este problema va a tener que resolverse por la vía de los hechos, por lo político”, pues “en lo jurídico estamos entrampados”, dijo.En su análisis, cree que la Corte Constitucional (CC) podría pronunciarse mediante una acción de incumplimiento de sentencia respecto de la decisión de la Asamblea de no reconocer la designación de Romero.Sin embargo, tampoco lo podría hacer, porque “la misma Corte ha determinado en sus fallos que la vía de acción de incumplimiento no cabe en las acciones de protección y además, la jueza Larriva no ordenó que el Parlamento posesione a la autoridad, solo que el CPCCS designe a una nueva autoridad”.En cuanto a que el Legislativo no acate la medida cautelar que reintegró a los cuatro vocales a sus cargos, eso no tendría ningún efecto, como por ejemplo, una sanción.“La Asamblea considera ineficaz esa medida cautelar y han dicho que no la van a cumplir y pueden hacer esto, porque desde el 2019, la Corte Constitucional ha sostenido que no cabe demandar incumplimiento de medida cautelares. En blanco y negro los asambleístas saben a ciencia cierta que no van a enfrentar ninguna medida por incumplir”, precisó. (I)

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