Los tres concursos públicos para elegir autoridades de control están ‘blindados’ y no podrían ser ‘echados abajo’, advierten consejeros llamados a juicio político

Una eventual censura y destitución de cuatro de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por efectos del juicio político, no pondría en riesgo tres concursos de elección de autoridades de control que están en manos de las comisiones ciudadanas de selección.

Este viernes desde las 14:30 la Asamblea Nacional sesionará para evacuar una interpelación política a los cuatro consejeros que integran la mayoría en el CPCCS: Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira.

Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, fueron exonerados, tras la moción que aprobó el pleno con 84 votos el martes último de una postura de la legisladora Mireya Pazmiño, del ala rebelde de Pachakutik (PK).

El enjuiciamiento político supone el incumplimiento de funciones y en este caso, se sostiene en la causal de que los cuatro vocales aprobaron una moción para reformar el reglamento de designación del titular de la Contraloría General del Estado, cuando este había iniciado.

Juicio a cuatro consejeros del CPCCS no tiene informe para conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional

En el caso de que el pleno alcance los 70 votos que dispone la Ley de la Función Legislativa, Ulloa, Estupiñán, Bravo y Rivadeneira serían censurados y destituidos. Ello implica que perderán sus cargos y no podrán vincularse al servicio público por los siguientes dos años.

Esta interpelación se da en un contexto en el que el CPCCS conformó tres comisiones ciudadanas de selección, cuyo encargo es organizar los concursos públicos de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar a los titulares de la Contraloría General del Estado y de la Defensoría Pública y, renovar dos vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En el caso del contralor y defensor público, hasta el próximo 25 de noviembre se convocó a la ciudadanía a postularse para participar y por el momento. En el primer caso, se conoce de más de 20 personas que se registraron, pero que aún no se consideran inscritas hasta que ingresen la documentación de postulación; en el segundo proceso, no hay ningún registro, de acuerdo con información de la comisión ciudadana.

Para la renovación parcial del CNE, la comisión ciudadana que está presidida por Roberto Brhunis, exjuez de la Corte Constitucional de transición que actuó en el gobierno de Rafael Correa, aún no aprueba el proyecto de convocatoria a postularse para aprobación del pleno del CPCCS.

Ptro proceso en ciernes, aunque no es por concurso público, se refiere a la selección mediante una terna propuesta por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, de un vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) y que está detenido.

Ello porque el pleno resolvió que la Secretaría General del CPCCS confirme el cumplimiento de un requisitos de dos candidatos a ocupar esa vocalía.

Es por el desarrollo de estos concursos, que entre los cuatro consejeros se alerta que el real objetivo del juicio político es tomar el control de estos procesos por las fuerzas políticas externas.

El presidente del Consejo, Hernán Ulloa aseguró que sobre esta interpelación no hay una acusación solvente que ha tenido un “sesgo” hacia ellos por dar paso a la elección de un nuevo contralor en reemplazo de Carlos Riofrío González.

Aclaró que si el Legislativo decide censurarlos, no se podrá paralizar los concursos, ni siquiera con la conformación de una nueva mayoría con la presencia de nuevos consejeros suplentes que se principalicen, pues tendrían que asumir responsabilidades por los recursos públicos utilizados.

“No existe forma de paralizar los concursos, ningún banco de suplentes va a tomar la decisión de suspender los procesos de designación porque se ha hecho gastos. ¿Quién se va a hacer cargo de esos gastos? ¿Algún asambleísta, algún consejero?”, advirtió Ulloa.

Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo se enfrentan a una posible censura y destitución

Estos gastos están en la publicación de las convocatorias, de dietas de los comisionados ciudadanos, logística, entre otros, blindarían el trabajo de las comisiones ciudadanas. “Están blindados los procedimientos para que a nadie se le ocurra en el caso de una censura, que va a tener facilito coger y decir ‘chao a los concursos, vamos a iniciar de cero’. Eso no va a ser posible porque hay un presupuesto en ejecución que tiene el acompañamiento y revisión de la Contraloría”, insistió Ulloa.

Francisco Bravo prefiere esperar y ver los resultados del enjuiciamiento, pues como “dirían los bomberos: después del incendio se verán los escombros”.

“Vamos a ver qué pasa a futuro, porque desde este lunes 14 de noviembre se convocó a participar del concurso de elección del contralor y defensor público; detenerlos acarrearía un desastre a la seguridad jurídica”, opinó.

La vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira explicó que la causal de esta interpelación es por “la moción” para reformar el reglamento que hizo Ulloa en febrero pasado, pero no por “haber reformado el reglamento, por lo que no se afectó la seguridad jurídica en el desarrollo del concurso para elegir al contralor”.

“El juicio político no tiene que afectar en nada al concurso. La moción para reformar el reglamento se planteó en febrero, cuando se presentó el juicio político; y, el cambio al reglamento se hizo en marzo. Por eso, lo que quieren es tomar el poder y tirar abajo los procesos”, lamentó.

A 48 horas de que el Legislativo instale esta jornada, en los cuatro vocales hay expectativa y están concentrados en preparar su defensa.

Para este miércoles a las 10:00 estaba convocada una sesión ordinaria, que no se instaló. El salón lucía vacío y solo Ulloa la presenció, aunque vía telemática y la declaró permanente, pues se encontraban en sus despachos y en espacios fuera del Consejo preparando las pruebas de descargo.

En breves declaraciones de prensa, Ulloa se mostró optimista y que responderá con responsabilidad, pero cree que el proceso “es nulo” porque “no existe una acusación solvente”.

“Creemos que este juicio ha tenido un sesgo hacia nosotros que hemos presentado la convocatoria para designar al contralor. No existe un objetivo político. Se argumenta que hicimos una moción para reformar el reglamento, pero la ley permite a los consejeros plantear mociones ante el pleno. Yo exhortó a la Asamblea a que actúe de forma motivada y transparente, nosotros no somos enemigos de la sociedad”, indicó.

Rivadeneira criticó que no hubo igualdad de condiciones para llevarlos a este proceso, pues Sofía Almeida tiene el respaldo del asambleísta Luis Almeida (PSC) que es su tío y además, que no hay un informe de la Comisión de Fiscalización que refrende los argumentos para enjuiciarlos.

“¿Con qué se nos va a censurar? No hay informe de la Comisión de Fiscalización, no existe un informe de posiciones, ¿con qué se nos va a acusar: con la conveniencia de ciertos partidos políticos o solo con la orden de sus jefes de bancadas?”, declaró.

Ello porque desde la presidencia de la Asamblea se concluyó que la Comisión de Fiscalización no cumplió con entregar el informe de sustanciación de este juicio político en los plazos pertinentes, ni tampoco entregó la postura de los legisladores y dejó al pleno que resuelva.

Con ello, la legisladora Mireya Pazmiño mocionó que sean llamados a comparecer los cuatro vocales bajo el argumento de que “reformaron el reglamento para elegir al contralor del Estado” y a la par, propuso que se archive otras causales por las que se enjuiciaba a los siete consejeros.

Esto se aprobó con 84 votos de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), del correísmo Unión por la Esperanza (UNES), algunos de Pachakutik (PK) y hasta de la Izquierda Democrática (ID).

“Los asambleístas tienen que recapacitar, no pueden jugar con el país, estamos en un proceso de elección de autoridades. Los asambleístas tienen que luchar por las convicciones del país, ¿por qué quieren destituir a cuatro consejeros que hemos actuado en debido y legal forma?”, recalcó Rivadeneira.

De su lado, Francisco Bravo dijo que demostrará que no ha vulnerado la seguridad jurídica y que no se arrogaron funciones al haber mocionado cambiar dicho reglamento.

“Hemos actuado en función del artículo 5 de la ley del Consejo de Participación Ciudadana en concordancia con el artículo 9 del reglamento para la designación del contralor. No nos hemos arrogado funciones, no se ha violentado la seguridad jurídica, la ley nos permite dictar las normas para los concursos”, señaló, pero “si tengo que irme a la casa, no tendré ningún problema, pues mi actuación siempre ha sido apegada a la ley”.

La consejera Ibeth Estupiñán no dio declaraciones de prensa y al contrario, trabajaba en su preparación para afrontar esta interpelación.

Por lo pronto,los cuatro consejeros habrían declinado de un recurso: acudir hasta la Procuraduría General del Estado para que absuelva una consulta jurídica respecto de la aplicación del artículo 108 del Código de la Democracia.

En esta normativa se aclara que aquellos que sean candidatos a una dignidad de elección popular no pueden ser procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar.

El 19 de octubre pasado, los vocales aprobaron una moción para hacer esta consulta jurídica y se aclare si la palabra “enjuiciados” implica también que no pueden enfrentar juicios políticos. Esto debido a que Rivadeneira, Bravo y Estupiñán son candidatos a la reelección por una de las vocalías al CPCCS.

Según Bravo decidieron no extender esta consulta a la Procuraduría para evitar “apreciaciones subjetivas”, en cuanto a la elección de Juan Carlos Larrea como procurador, quien fue elegido el 20 de octubre pasado, es decir, horas después de que los cuatro vocales resolvieron hacer esta consulta. (I)