Ocho meses después de haberse suspendido la audiencia para tratar la acción de protección con pedido de medida cautelar solicitada por Nelson Raúl Rodríguez Durán para que quede sin efecto la designación de Juan Carlos Larrea como procurador general del Estado, la diligencia se reactiva y se dispone reinstalarla este viernes, 16 de junio, desde las 11:00.

El proceso de tipo constitucional interpuesto en octubre de 2022 está en manos de la jueza Nubia Vera y busca que se declare la supuesta violación al derecho constitucional a la seguridad jurídica por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), instancia que realizó el proceso de selección que incluyó una fase de impugnación ciudadana en la que podía objetarse el perfil y antecedentes de Larrea.

Nuevo procurador transfirió la única acción que tenía en el Banco Guayaquil antes de asumir su cargo ante la Asamblea Nacional

La noche del 20 de octubre de 2022, tras una extensa jornada de casi seis horas en la que se escucharon los planes de trabajo de los tres candidatos para liderar la Procuraduría General del Estado que fueron propuestos por el presidente de la República, Guillermo Lasso, se eligió al tercero de la terna, Juan Carlos Larrea Valencia, como la nueva autoridad.

Publicidad

La decisión se tomó con el voto afirmativo de los entonces consejeros Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán, y la abstención de Sofía Almeida y David Rosero. En contra de la designación votó Javier Dávalos.

La resolución de la designación se tomó por una moción de la consejera Ibeth Estupiñán, quien resaltó la experiencia y la exposición de los planes de trabajo de los tres concursantes, aunque pesó el hecho de que Larrea fue el único que no recibió impugnaciones ciudadanas.

Con 122 asambleístas presentes, el 15 de noviembre pasado asumió sus funciones como titular de la Procuraduría General Juan Carlos Larrea. Él reemplazó en el cargo a Íñigo Salvador y debe ejercerlo durante los próximos cuatro años.

Publicidad

Rodríguez Durán, el accionante, sostiene que quien fue elegido como procurador tiene un conflicto de intereses, pues aduce que Larrea constaba como uno de los más de 7.000 accionistas minoritarios del Banco Guayaquil. Se conoce que Larrea ya no tiene esas acciones y que su participación, cuando la tuvo, fue menor a la permitida por ley. La acción constitucional fue planteada antes de la posesión de Larrea y se basaría en una supuesta prohibición que solo aplica a superintendentes de bancos y compañías, mas no al procurador general del Estado.

“La única acción que tenía en el Banco Guayaquil la he transferido en días anteriores”, anotó en su momento Larrea, asegurando que ello no era impedimento para ejercer el cargo y tampoco un conflicto de interés.

Publicidad

El secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, se ha pronunciado sobre este hecho explicando que “a cualquier costo” se pretende remover a las autoridades de control legalmente designadas. “Esta acción es improcedente no solo por la incompetencia procesal de la jueza de primer nivel, sino también porque el CPCCS ya agotó el proceso de selección, incluyendo la fase de impugnación ciudadana. ¡Rechazamos cualquier abuso en contra del orden democrático!”, dijo. (I)