Que se declare en emergencia el sistema educativo, rechazar el incremento del precio del gas de uso doméstico e impulsar el “no” en la consulta popular, son los principales motivos de la marcha en contra del Gobierno de Daniel Noboa, que liderarán la Unión Nacional de Educadores (UNE), Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, informó que la movilización se desarrollará por varios días y también contará con la participación de padres de familia de las diferentes provincias. La marcha iniciará el sábado 6 de abril, en la ciudad de Santo Domingo. Desde ahí caminarán hasta Quito, a donde piensan llegar el martes 9.

Quishpe explicó que se exigirá que se declare en emergencia a la educación pública, porque “no hay plan de reinserción escolar”, pese a que niños y niñas siguen abandonando las escuelas porque son reclutados por el crimen organizado.

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“No hay políticas preventivas para la juventud frente a los problemas de violencia”, afirmó el dirigente.

“También la marcha es una expresión de rechazo al alza del gas, que se eleva luego de más de 20 años. También es un rechazo al recorte del presupuesto en el caso del IESS y de la salud. Y también es una movilización para enfrentar la demagogia del Gobierno en la consulta popular, que no va a generar ni fuentes de trabajo y peor garantizar, a través de un decreto, la seguridad. Es decir, es una marcha de la comunidad educativa en defensa y de los derechos de los pueblos del Ecuador”, explicó.

Demanda de inconstitucionalidad al alza del IVA

El anuncio de la movilización se hizo la mañana del 4 de abril, en los exteriores de la Corte Constitucional (CC), en Quito, a donde acudieron Andrés Quishpe y varios dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 %.

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Al respecto, el presidente de la FUT, José Villavicencio, señaló que, según la Constitución, la Asamblea Nacional tiene la potestad de aumentar, suprimir o aprobar nuevos impuestos.

“Obviamente, no fue así como se lo trató al incremento del IVA, ni la Comisión (de Fiscalización) lo trató, ni tampoco el pleno. Existe una clara violación a la seguridad jurídica y el debido proceso”, argumentó el dirigente del FUT. (I)

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