Como si fuera un segundo capítulo del primer caso que ya se juzgó, esta nueva investigación fiscal estadounidense sobre los sobornos en la estatal Seguros Sucre se amplía en el tiempo, revela la participación de más ecuatorianos y detalla la ruta del dinero, que también pasó por entidades del Grupo Biscayne Capital.

En este caso el monto de los sobornos llega a $ 2,1 millones que, de acuerdo con documentos judiciales estadounidenses, fueron pagados por dos bróker o intermediarios de reaseguros para mantener y conseguir nuevos contratos con Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte, ambas bajo control del Estado ecuatoriano.

La investigación no solo abarca el periodo de Juan Xavier Ribas Domenech, designado por el presidente Rafael Correa, sino que se extiende hasta el 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno.

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El 19 de julio pasado, las autoridades detuvieron en Miami al ecuatoriano estadounidense Esteban Merlo Hidalgo, de 50 años, y por ello hicieron pública la investigación. Se le impuso una fianza de $ 1,5 millones y salió libre luego de pagar en efectivo el 10 % de ese monto.

Junto con Merlo están acusados el ecuatoriano italiano Christian Patricio Pintado García y el ecuatoriano Luis Lenin Maldonado Matute. Ambos eran “representantes” de la compañía intermediaria de Merlo que participó en el esquema de sobornos, aseguraron los fiscales. Ellos residen en Costa Rica y la justicia de Estados Unidos los considera prófugos.

Los supuestos delitos incluyen violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), lavado de dinero y transacciones con propiedades derivadas de actividades ilícitas. De probarse todos los cargos podrían ser condenados a 60 años de prisión.

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En la descripción del esquema, los fiscales afirmaron que, en diciembre de 2013, Maldonado y Pintado impusieron condiciones para los negocios con las dos aseguradoras ecuatorianas a dos intermediarios de reaseguros extranjeras. La comisión se dividiría así: 25% para el intermediario 1, 25% para el intermediario 2 y el 50% para “Ecuador”.

Semanas después, en otra comunicación dirigida a un bróker -enviada por Pintado y con copia a Maldonado- explicarían que este porcentaje se relacionaba con “el compromiso” que debían cumplir con los ecuatorianos “que nos han dado la oportunidad de conseguir estos negocios públicos (costos locales de adquisición). Por esta razón es necesario mantener los porcentajes de comisión acodados […] La falta de cumplimiento de estos compromisos con ellos podría provocarnos el problema de perder la cuenta y no tener nuevas oportunidades para los nuevos negocios públicos”.

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En otro correo citado en la acusación -enviado por Maldonado y con copia a Pintado- se señala que una porción de la comisión se pagará a “gente ecuatoriana involucrada comercial y políticamente en la obtención del éxito de este negocio […] Más explícito no puedo ser”.

Seguros Sucre tenía el monopolio de las pólizas del sector público, desde los vehículos hasta los aviones, pasando por hidroeléctricas y tanques, gracias a una disposición del Ejecutivo.

En la acusación estadounidense, los fiscales mencionaron a Ribas Domenech, ya condenado en 2021 por haber recibido sobornos y por lavado de dinero, y a tres otros funcionarios de Seguros Sucre. Los designaron por periodos: el número uno estuvo en funciones entre 2013 y 2017, el número dos entre 2015 y 2019 y el número tres entre 2014 y 2018.

También citaron en la acusación a Fernando Martínez Gómez, ecuatoriano estadounidense detenido en Nueva York en marzo pasado, acusado de fraude, porque trabajaba en los fondos privados de inversión del Grupo Biscayne Capital. A su vez, los principales de Biscayne también están acusados en Nueva York una supuesta millonaria piramidación y de lavado de activos.

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En el esquema de sobornos de las aseguradoras, indicaron los fiscales, intervinieron compañías intermediarias registradas en Ecuador, Panamá y Miami. Los $ 2,1 millones se movieron por Estados Unidos, Panamá, Suiza, Uruguay e Isla de Man, con miras a que se perdiera su rastro.

Tal como ahora se sabe que sucedió en el primer caso de Seguros Sucre, nuevamente aparece una invitación al campeonato de Wimbledon en 2016, como parte de las atenciones de los intermediarios de reaseguros para los ecuatorianos.

La investigación, en la que han participado la División Criminal del Departamento de Justicia, del Servicio de Rentas Internas (IRS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), ha acumulado pruebas de correos electrónicos, chats de teléfono, de reuniones en Miami y de transacciones bancarias.

Por ello, los fiscales enumeraron una veintena de transacciones a partir de los tres pagos realizados por los intermediarios en Panamá y que suman $ 2,1 millones. En casi todos los casos el ordenante de los giros bancarios es Pintado García. Sin embargo, las autoridades no dan el detalle completo de todos los movimientos.

En su recuento, el dinero se habría repartido así: $ 381.540 para Ribas en cuentas en Suiza y Estados Unidos entre marzo de 2014 y el 31 de agosto de 2015; $ 109.986 para el funcionario número 2 entre el 10 de agosto de 2016 y el 4 de abril de 2018 en Estados Unidos, y $ 50 mil para el funcionario número 3 entre el 25 de septiembre de 2015 y el 6 de octubre de 2016 en EE. UU. Es decir que los funcionarios recibieron alrededor de 541 mil dólares.

El papel de Martínez, según los documentos judiciales, era ser el asesor financiero de Ribas Domenech y como tal le envió a Merlo los detalles de una cuenta bancaria en Suiza. Se encargó también de manejar un supuesto acuerdo entre la compañía intermediaria de Merlo con Ribas para justificar los pagos.

Del lado de los intermediarios: Esteban Merlo recibió $ 365.532 en Estados Unidos, de los cuales $ 102 mil se pagaron para la educación de un familiar; Maldonado Matute $ 50 mil en EE. UU. y Pintado García $ 20.000 en la Isla de Man. Lo que da una suma de 437 mil dólares.

Aún falta por conocer cómo se repartió el $ 1,1 millón restante.

La mañana de hoy está previsto que Merlo se presente ante el juzgado.

En la confesión de Ribas del año pasado en Miami, el expresidente del directorio de Seguros Sucre indicó que $ 2 millones de los sobornos que recibió provinieron de Royalty RE, una empresa que participó en el reaseguro de la póliza de CNEL en 2016 por su relación con Integro, una firma internacional de intermediarios con oficinas en Nueva York y Londres. El socio mayoritario de Royalty RE, que tuvo varios nombres desde su creación en 2003, es Cristian Pintado García. (I)