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No se instala nuevamente audiencia en la que se iba a vincular al proceso penal por lavado de activos a ‘offshore’ relacionada con Pedro Merizalde

Un juez de la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado está a cargo del caso por lavado de activos contra Pedro Merizalde.

Pedro Merizalde ocupó diversos cargos públicos en el sector petrolero e hidrocarburífero durante el gobierno de Rafael Correa.

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De última hora y por temas inherentes a la actividad jurisdiccional del juez Vicente Hidalgo, de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, se difirió la audiencia para vincular a la compañía panameña Horgan Investments INC. al proceso penal por el delito de lavado de activos existente contra Pedro Merizalde, exgerente general de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro durante el gobierno de Rafael Correa, y su esposa, Zoa Torres.

Esta es la segunda ocasión en menos de una semana que la diligencia no llega a concretarse. El 20 de agosto próximo se cerrarán los 90 días de una instrucción fiscal que se abrió inicialmente, el 20 de mayo pasado, contra Merizalde y Torres.

La acusación de la Fiscalía refiere que el 29 de octubre de 2012, mientras Merizalde se encontraba ejerciendo la gerencia general de la compañía mixta Refinería del Pacífico, el funcionario público constituyó en Panamá la compañía Horgan Investments, de la cual él habría sido el propietario del 100 % de acciones y su beneficiario final. Para la constitución de la compañía habría contratado los servicios del estudio panameño Mossack Fonseca.

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Desde la Fiscalía se ha sostenido que han corroborado que Horgan Investments “fue controlada por Pedro Kléber Merizalde Pavón, al ser su accionista único”. El 3 de diciembre de 2012, Merizalde Pavón habría realizado una transferencia de $ 1.805 desde su cuenta personal en el Banco del Pacífico de Ecuador hacia la cuenta del estudio Mossack Fonseca en el HSBC Bank Panamá S. A. por concepto de pago por la creación de Horgan Investments.

“Sin embargo, en su declaración de bienes registrada el 8 de mayo de 2013 ante la Contraloría General, Pedro Merizalde no declaró la existencia de Horgan Investments como parte de su patrimonio, cuando tenía la obligación legal de hacerlo. Según la información que dispone esta Fiscalía y como causa probable señala que Pedro Merizalde Pavón habría recibido pagos ilícitos de parte de Odebrecht a través de varias transferencias realizadas a la cuenta (...) perteneciente a Horgan Investments y abiertas en el Royal Bank of Canadá de Ginebra-Suiza, ahora Banco SYZ. El lavado de activos comienza a partir del año 2017, luego de que Pedro Merizalde ya no fue empleado público”, se explicó en la formulación de cargos de mayo pasado.

En la providencia de Hidalgo se incluyó la razón actuarial sentada por la secretaria de despacho, quien en lo principal refiere que el 7 de agosto pasado se acudió a la dirección existente en el expediente con el fin de notificar con los oficios a la persona jurídica Horgan Investment, pero los mismos no pudieron ser entregados, debido a que un empleado de dicha oficina manifestó que la referida dirección no pertenece a la compañía.

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Luego al comunicarse al número telefónico perteneciente de quien figura como director y secretario de Horgan Investment, la persona que contestó habría indicado que la compañía se encuentra constituida en Panamá y debería ser notificada en ese país.

En su anterior providencia el juez insistió en que un representante de la Defensoría Pública debe asistir a la audiencia de vinculación para representar a la offshore panameña en el caso de que no asista un abogado particular para representarla. La primera audiencia fue declarada fallida debido a que la compañía Horgan no tuvo representación legal y la Defensoría Pública no asistió argumentando que su Ley Orgánica le impide brindar asesoría o patrocinio a personas jurídicas.

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Pese a la restricción definida en la Ley de la Defensoría del Pueblo, el juez Vicente Hidalgo registró la disposición de que debe asistir uno de sus representantes a la audiencia, ya que más allá de la Ley está la Constitución que define que la Defensoría Pública tiene como fin primordial el garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos”, no hablando de personas naturales o jurídicas.

La nueva fecha definida para la diligencia será el próximo 14 de agosto a las 09:00. (I)

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