El Código de la Democracia establece dos vías de financiamiento para las campañas electorales. La privada, con fondos de los candidatos, sus partidos o simpatizantes, sea en dinero o en especie; y la estatal, a través de un Fondo de Promoción Electoral con recursos del fisco, que sirve para la pauta en medios de comunicación canalizada a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), o sea que los candidatos no lo reciben en sus cuentas.