Un llamado a “rectificar” hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) al presidente de la República, Guillermo Lasso, respecto de su decisión de retirar el edificio en donde funciona esa institución desde hace trece años.

“Dibuja un cuadro de horror. Inicia un ataque en contra del Consejo de Participación Ciudadana... Quitarnos la sede es un acto de mediocridad. (...) Tengo la esperanza de que, en un último arresto de sensatez y decencia, señor presidente, rectifique. Lo que parecería una decisión llevada por el revanchismo no tiene cabida”, fue la expresión de Alembert Vera, presidente del CPCCS, en una declaración pública de este 8 de junio.

El impase entre el Gobierno y el CPCCS se da a propósito de que el 5 de junio de 2023, el jefe de Estado, Guillermo Lasso, derogó dos decretos emitidos por el expresidente Rafael Correa, en los que se transfirieron bienes inmuebles de propiedad del Banco Central del Ecuador (BCE) al Consejo y a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

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En uno de esos decretos, emitido en octubre del 2010, Rafael Correa instruía al Banco Central traspasar el dominio a título gratuito y como “cuerpo cierto” el inmueble al Consejo.

La sede de esta institución se encuentra en Quito y está dentro del complejo del Banco Central, en el sector de Santa Prisca, y se llama Edificio Centenario, que contiene además 70 parqueaderos para el uso de funcionarios, que poco a poco se fueron retirando desde la administración de la anterior presidencia del Consejo con Gina Aguilar.

Sin embargo, Guillermo Lasso derogó ese decreto y argumentó que la ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero impide al Banco Central del Ecuador “proporcionar ayudas, donaciones o contribuciones financieras a personas naturales o jurídicas, sin establecer excepción alguna”.

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La semana pasada, en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana, se recibió a activistas políticas que acusan de presunto 'plagio' a la fiscal general, Diana Salazar. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

En el CPCCS hay indignación.

Este 8 de junio, Alembert Vera se pronunció sobre la actuación de Lasso, a quien lo cuestionó por los altos índices de criminalidad, de no atender los conflictos sociales, económicos y naturales.

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“No hace nada este Gobierno. Lo único bueno es que ya se van”, opinó Vera, a lo que sumó una serie de adjetivos, como que es “dictador” y “tirano”, “visceral”, y le advirtió que en algún momento tendrá que responder por la muerte del empresario guayaquileño Rubén Cherres.

“Algún día, cuando se inaugure la justicia nuevamente en el país, tendrán que responder por el asesinato de Cherres, los robos de Luque y todos los actos de corrupción que son la única obra y marca insigne de este desgobierno que dejará para la posteridad”, enunció.

Cherres, además de empresario, era amigo del cuñado de Lasso, Danilo Carrera, y Hernán Luque fue directivo de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP).

Para Vera, el decreto es una “tontería sin nombre, gravísimo, porque es una dedicatoria, un intento por acabar con el CPCCS”, en un contexto en el que en las últimas semanas se han efectuado audiencias públicas promovidas por grupos de personas en los que cuestionó a funcionarios como el ministro del Interior, Juan Zapata, los vocales del Consejo Nacional Electoral y la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

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No desestimó buscar una mediación o impulsar demandas civiles en contra del Banco Central del Ecuador por incumplimiento contractual de darse un desalojo, porque hasta el momento no se ha hecho la “transferencia de dominio”.

Aseguró que el edificio pertenece al Consejo de Participación Ciudadana y que el contrato finaliza cuando se haga la transferencia de dominio, por lo que no hay un plazo fijo para abandonar las instalaciones. (I)