Referéndum 2023: la extradición de ecuatorianos no procederá en dos casos, según la propuesta del Gobierno

El 5 de febrero en las urnas se decidirá si se da paso a la extradición de ecuatorianos que cometan delitos vinculados con el crimen organizado transnacional. Esa es la primera de las ocho preguntas del referéndum impulsado por el Gobierno.Los electores tendrán que consignar su voto a la siguiente pregunta: “La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional , a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?”.Actualmente, el artículo 79 de la carta magna establece que en ningún caso se concederá la extradición de ecuatorianos, y que su juzgamiento estará sujeto a las leyes del país. Si gana el sí en la consulta popular, la Constitución será enmendada por el texto que propone el Ejecutivo, el cual dispone que la extradición se autorizará cuando se trate de delitos como el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas y blanqueo del producto del delito. No procederá la extradición en dos casos: En este sentido, el planteamiento del Gobierno es que, una vez que los resultados del referéndum se publiquen en el Registro Oficial, la Asamblea Nacional tendrá un plazo de 365 días para aprobar una reforma a la ley de extradición que regule la enmienda constitucional.El rampante avance del crimen organizado transnacional , que coloca a Ecuador en posiciones alarmantes a escala mundial en materia de seguridad, así como un sistema judicial atravesado por la corrupción , son los argumentos que sostienen la tesis oficial sobre la necesidad de permitir la extradición de ecuatorianos.A través del Decreto Ejecutivo 607 , con el cual se convocó al referéndum, el presidente Guillermo Lasso expone varios indicadores que sustentan su intención de modificar el artículo 79 de la Constitución.Por ejemplo, cita que en el Índice Global de Crimen Organizado (IGCO) Ecuador ocupa la posición 31 de 193; es decir, que el país se encuentra dentro del 16 % de los Estados en donde existe mayor presencia de criminalidad .Asimismo, el IGCO concluye que los mercados criminales más grandes en territorio nacional son el tráfico de armas y de cocaína . Que existe una alta actividad en delitos relacionados con recursos renovables, medioambiente, tráfico de heroína, tráfico de seres humanos y tráfico de migrantes.Y agrega que, de acuerdo con el Índice de Estado de Derechos (IED), al año 2021 Ecuador se encuentra entre los 25 peores países en materia de orden y seguridad. Además, Ecuador se ubica en el puesto 101 de 139 países en el indicador de eficiencia de la “justicia criminal”.Adicionalmente, según datos de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2022 se registraron 25 grupos delictivos pertenecientes a diferentes organizaciones criminales .El Gobierno expone que los grupos criminales que operan en territorio nacional funcionan en colaboración con mafias de otros países.La extradición de ecuatorianos fue prohibida desde la Constitución de 1946 , promulgada durante el gobierno de José María Velasco Ibarra.Y, si bien los compatriotas no pueden ser enviados a otro país, la legislación nacional sí faculta la extradición de extranjeros . Además, el país ha suscrito convenios, acuerdos y tratados internacionales sobre la materia.Existe desde el año 2000 la ley de extradición , que regula la extradición activa (cuando Ecuador es el Estado que requiere a alguien) y la pasiva (cuando Ecuador es el Estado al que se solicita). Aquí se establecen el procedimiento y trámites para la solicitud, plazos, las razones para no conceder la extradición de extranjeros, entre otros aspectos.Por otro lado, la Constitución de 2008 impide que los ciudadanos de otros países sean devueltos o expulsados “a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social o por sus opiniones políticas” .A escala internacional, el país ha ratificado cinco convenios multilaterales con regulaciones específicas:Adicionalmente, desde el año 1872 Ecuador suma un total de 17 tratados de extradición bilaterales que siguen vigentes.De manera oficial, hay dos organizaciones políticas calificadas para promocionar la opción del sí en la consulta popular del 5 de febrero. Y para la opción del no están autorizadas cuatro. Quienes respaldan el voto a favor son el partido Avanza y el movimiento CREO . Mientras que en rechazo al referéndum están el movimiento Unidad Popular, el movimiento Revolución Ciudadana, el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) .Javier Orti, presidente nacional de Avanza, concuerda con el Gobierno en que la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional será una herramienta importante para frenar el auge de las bandas delictivas que mantienen en zozobra a la población.“A la extradición hay que verla como una herramienta jurídica que va a abonar un poco más a la lucha contra la delincuencia organizada”, apunta el titular de Avanza, y anota que la problemática no involucra únicamente a grupos delictivos del país, sino que estos operan con mafias internacionales.Sin embargo, advierte que esto no será una solución total a la situación de inseguridad y violencia que aqueja a Ecuador, ya que se requieren más elementos en otras instancias, como por ejemplo corregir la crisis estructural de la Función Judicial.Aunque Avanza hará campaña en favor del referéndum, Orti aclara que “optar por el sí no significa un apoyo irrestricto al Gobierno” . Y agrega que “este es un sí crítico, no es un cheque en blanco al Gobierno nacional, y tampoco es un sí político”.Según su visión, las respuestas a la consulta popular son exclusivamente para mejorar la institucionalidad del Estado ; no deben ser utilizadas para desacreditar, evaluar o aprobar la gestión de un Gobierno.Desde la orilla contraria, Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista, considera que la consulta no está encaminada a resolver los problemas inmediatos y estructurales de la gente. “No son preguntas trascendentes”, observa.A su criterio, el Gobierno pretende usar el referéndum como una “boya de oxígeno” para cobijar a sus candidatos en las elecciones seccionales. “Evidentemente, para formular las preguntas, el Gobierno hizo varios análisis de datos sobre la popularidad de las preguntas más que por su conveniencia”, comenta.Vallejo explica que el rechazo a la pregunta sobre la extradición responde a que “no ataca de raíz el problema del narcotráfico y la delincuencia” . Y como ejemplo menciona que en países como Colombia y México funciona la extradición, pero esto no ha impedido que las actividades ilícitas proliferen.“Es un tema que nunca ha sido un desincentivo para que dejen de delinquir ”, afirma y comenta que, si existiera una voluntad real del Gobierno para enfrentar al crimen organizado, se implementarían medidas de otro tipo, como la creación de unidades especiales, bloques de búsqueda.Incluso cuestiona que no se han visto acciones por parte de Carondelet a partir de la declaración que hizo el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, cuando en diciembre de 2021 dijo que en el país hay narcogenerales .Además, Vallejo anota que la situación con la delincuencia está ligada a las carencias de inversión social en salud, educación , entre otros ámbitos, en los cuales los sectores periféricos y los grupos sociales más vulnerables terminan convirtiéndose en caldo de cultivo para los grupos criminales. (I)

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