Teddy Tama Aguirre, de 61 años, aspira a alcanzar una de las siete vocalías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por quinta vez. La última candidatura, en 2019, fue por votación popular; mientras que en las anteriores ediciones participó sin éxito en los concursos de mérito del Consejo Nacional Electoral.

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Abogado con maestrías en Derecho Procesal y Ciencias del Derecho, Tama presentó su candidatura como parte de pueblos, nacionalidades y migrantes, en representación del pueblo montubio, a quienes asesora desde el 2017. “El CPCCS se ha dedicado a la designación de autoridades de control, cuando lo más grande de la participación ciudadana es hacer que el ciudadano se entere, participe, que conozca sus derechos”, dice este guayaquileño, que ha reportado cero en impuesto a la renta de los últimos cuatro años.

Tama, quien es parte de la cuarta generación de abogados de su familia, considera que se debe reformar la ley del CPCCS para facilitar la participación de la gente: “El tema de la silla vacía sigue vacío, porque no saben cómo usarla. Hay que hacerle más sencillo el asunto de participar y que sea obligatorio, que no se pueda sesionar si está la silla vacía”.

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Otra de sus propuestas es realizar rendiciones de cuentas técnicas para luchar contra la corrupción y transparentar el uso de recursos públicos. “El funcionario debe decir todo lo que ha realizado en su gestión, y eso hay que relacionarlo con su propuesta de campaña. Si en su propuesta dijo que iba a poner agua potable y no lo hizo, hay un incumplimiento de sus funciones”, refiere Tama, exasesor de la asambleísta Aminta Buenaño (2007) y quien en redes sociales cuenta con el apoyo de dirigentes del Partido Social Cristiano.

Los últimos cuatro años, este jurista ha sido consejero suplente del CPCCS, ha laborado en su estudio jurídico Tama y Asociados y, desde el 2017, preside la Corporación Ecuatoriana de Estudios y Capacitaciones Jurídicas Corpuslex, organismo que da cursos de capacitación a estudiantes y abogados. Durante el año pasado, alrededor de 5.000 estudiantes han recibido los talleres de forma gratuita, detalla este socio de su firma de abogados y de Viveros El Rey Salvatierra.

Esta última empresa no ha presentado los informes económicos en los últimos tres años: “(Un cliente) pagó mis honorarios con acciones, pero el gerente se murió. No funciona, pero aún no la cierran”.

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En el Consejo desea promover la participación de la ciudadanía a través de talleres digitales a nivel nacional. “Hay que hacer escuela de participación ciudadana, pero a través del internet: solo cuestión de poner un botón y entrar”, plantea, y agrega que la ciudadanía debe cumplir lo que dice la ley: “Participar en asuntos de interés público, presentar proyectos de normativa popular, fiscalizar los actos de poder público y hasta revocar mandato de autoridades”.

También propone incluir en el presupuesto del Estado recursos para las asambleas, veedurías y observatorios: “Hay que investigar las denuncias, emitir informes que determinen indicios de responsabilidad, dar recomendaciones, impulsar acciones legales y actuar como parte procesal”. (I)