Abogado y activista es Bernardo Jijón Nankervis, que impulsó una denuncia por presunta infracción electoral grave en contra de Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y de la prefecta del Guayas y presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, que este 22 de junio fue reactivada por decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Su escrito ingresó el 9 de mayo de 2023, cuando los resultados de las elecciones seccionales y del CPCCS que se realizaron el 5 de febrero estaban en firme, luego de la proclamación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Casi dos meses después, con tres votos afirmativos y uno concurrente, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral resolvieron dejar sin efecto un auto de archivo a la denuncia de Jijón y devolver el expediente a la jueza de primera instancia, Ivonne Coloma.

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Con ello, deberá volver a tratarlo. Y su decisión, de ser el caso, podrá ser apelada por las partes procesales ante el pleno del Tribunal para su trámite en segunda y definitiva instancia.

La resolución del Tribunal se da de forma paralela a la aceptación, el 29 de mayo último, de la apelación a otro auto de archivo a una denuncia similar que presentó el actual consejero suplente del CPCCS Juan Esteban Guarderas en contra de Vera y también de Aguiñaga.

Esto en un contexto en que Guarderas y Jijón son cercanos y activistas promotores de iniciativas en contra de la corrupción.

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Jijón es abogado especializado en derecho societario y bursátil, con experiencia en manejo y control de cumplimiento de compañías y asesoría en manejo de crisis, según se describe en el portal del bufete Responsability Firm.

De ese grupo de abogados forma también parte Juan Esteban Guarderas, licenciado en derecho por la Universidad de Salamanca, que juntos lideran la organización no gubernamental denominada Fundación Lucha AntiCorrupción (FLAC), creada en 2020.

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Jijón acusa a Vera y Aguiñaga de incurrir en infracción electoral grave de acuerdo con el numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia, que sanciona “el incumplimiento de resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral” con una multa de 21 a 70 salarios básicos, destitución y la pérdida de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.

En una entrevista en Radio Centro, de Guayaquil, Jijón relató por qué inició este proceso.

“Juan Esteban Guarderas presentó este recurso como excandidato al verse afectado por todas las ilegalidades durante la campaña electoral. Al ver que le estaban buscando la quinta pata al gato a su denuncia, un día me harté, cogí las pruebas y las presenté”, contó Jijón este 23 de junio.

Él hace referencia a que, en el periodo de campaña electoral para los comicios del 5 de febrero, el movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa y tiene como presidenta a Marcela Aguiñaga, llamaban a sus simpatizantes, a través de las redes sociales, a votar por siete excandidatos a los que llamaron la Liga Azul.

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Entre ellos estaban Alembert Vera, Yadira Saltos, Vielka Párraga, Jeannette Lozada, Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga y Hugo España.

De ellos, Vera, Verduga y Saltos fueron electos como consejeros principales; y Párraga, Loor y España, como suplentes.

La Constitución y la ley que rige al CPCCS prohíbe que movimientos, partidos políticos, organizaciones sociales o a título individual promocionen a los candidatos a ocupar esta función. Solo el Consejo Nacional Electoral tiene la atribución legal para promocionar sus candidaturas y sus propuestas.

En diciembre del 2022, mientras el Consejo Electoral elaboraba los spots publicitarios para los 45 candidatos al CPCCS, los siete usaron vestimenta del mismo color del movimiento Revolución Ciudadana y la frase: “Antes estábamos mejor”, según lo alertó el consejero y vicepresidente del CNE, Enrique Pita, a la presidenta Diana Atamaint.

Sin embargo, el proceso eleccionario avanzó y Atamaint justificó que las redes sociales estaban exentas del control electoral.

Aguiñaga hizo un video en TikTok en el que enseñaba cómo votar por estos siete candidatos. Decía a sus seguidores: “No te estreses, los vas a encontrar por el color que está aquí… Ya sabes, la Liga Azul”, al tiempo que aparecía la papeleta con sus caras y el número de su casillero.

Jijón dice que los denunció por hacer “actos de proselitismo político”, y lo sustentó con el memorándum que trasladó Pita a Atamaint, a la que adjuntó 45 videos que reposan en el expediente.

No obstante, la jueza Coloma dictó auto de archivo al considerar que no se podía “establecer los hechos que a su criterio constituyen infracción electoral y las razones en que se fundamenta la misma”.

Además, que “carecía de contenido preciso e inequívoco que garantice el derecho a la defensa y contradicción de las partes procesales, esto por cuanto los hechos no conservan una unidad lógica ni cronológica; así como, el denunciante no ha logrado individualizar y determinar los sujetos pasivos vinculados al proceso, ya que la redacción resulta confusa y divagante lo cual no permite establecer el objeto de la litis y fundamento de su pretensión”.

Pero este jueves la sentencia de mayoría del pleno de jueces reaviva la causa, y concluyó que “los argumentos para el archivo atañen a los fundamentos de hecho y derecho que motivan la denuncia en sí misma, por lo que bien pueden ser considerados y tratados en sentencia luego de que se cumpla el trámite jurisdiccional que corresponde. De ahí que no se advierte una falta de requisitos obligatorios que impidan continuar con la siguiente etapa de la causa, en función de garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”.

Bajo esos criterios, la causa de Jijón volverá a conocimiento de la jueza, al igual que la denuncia planteada por Guarderas, que está en manos del juez Guillermo Ortega, aunque no ha avanzado desde que el 29 de mayo se resolvió levantar el archivo.

En respuesta, Alembert Vera aseguró que “no existe infracción electoral”, y recordó que el Consejo Nacional Electoral aprobó los spots publicitarios que se transmitieron en los medios de comunicacion durante la campaña electoral para los comicios de febrero del 2023. (I)