A poco más de dos años de ocurridas las elecciones nacionales anticipadas de 2023 y de consulta popular por el Yasuní ITT, catorce organizaciones políticas y sociales se enfrentan a procesos judiciales por aparente incumplimiento en la presentación de sus cuentas de campaña, relacionada con los dineros privados que usaron para promocionar sus candidaturas y opciones.
En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) hay al menos quince denuncias por presunta infracción electoral relativas al financiamiento de la política y gasto electoral en contra de catorce sujetos políticos impulsadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los procesos surgen de los comicios de elección de presidente de la República y asambleístas para el periodo 2023-2025, como consecuencia de la disolución de la Asamblea Nacional que decretó el entonces mandatario Guillermo Lasso, de primera vuelta realizada en agosto y de la segunda vuelta de octubre de ese año.
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A esa elección se unió la consulta popular que proponía no explotar el crudo existente en el Yasuní ITT y que tuvo como respuesta sí.
Una vez que el pleno del CNE conoció los informes de cuentas, la presidenta Diana Atamaint presentó denuncias ante el TCE para que determine sanciones en caso de hallazgos al incumplimiento de esta obligación.
La autoridad electoral apunta que se incurrió en la infracción tipificada en el artículo 281 del Código de la Democracia, sobre lo relativo al financiamiento de la política y gasto electoral.
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Esto se sanciona con una multa de 20 a 70 salarios básicos y la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años de los representantes de la organización política o social.
En este caso, según el numeral 1 del citado artículo, se procesa a los “responsables económicos y las organizaciones políticas a través de sus representantes legales que no presenten los informes económicos financieros anuales con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos, así como la determinación y justificación del destino de los recursos públicos administrados”.
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Además de las sanciones detalladas, el TCE puede determinar la cancelación de la inscripción de la organización política, es decir, su desaparición.
Entre los denunciados está el movimiento político Revolución Ciudadana (RC), cuya presidenta en funciones, Luisa González.
En este primer caso se convocó a una audiencia pública para escuchar las pruebas de cargo y descargo para el próximo 29 de diciembre a las 10:30.
Otra audiencia está fijada para el 7 de enero de 2026 a las 09:30, respecto de la promoción electoral de candidatos a asambleístas nacionales.
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En trámite están otras causas en contra del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), que se archivó por cuestiones formales, pero el CNE apeló.
El movimiento Renovación Total (RETO) también tiene en trámite una denuncia.
Así como la alianza Claro que se Puede, listas 2-17-20, que integró al partido Unidad Popular (PUP), Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y el movimiento Democracia Sí por la promoción de la candidatura presidencial de Yaku Pérez.
De igual forma, el movimiento Construye por cuentas de campaña de la dignidad de asambleístas; y, a la vez, el excandidato presidencial por esta misma agrupación Christian Zurita, que reemplazó a Fernando Villavicencio tras su asesinato, ocurrido el 9 de agosto de 2023 bajo la modalidad de sicariato.
Otra denuncia se tramita en contra de Manuel Donoso, excandidato a asambleísta por la circunscripción Estados Unidos y Canadá por la alianza Actuemos, listas 8-23, integrada por el partido Avanza y Sociedad Unida Más Acción (SUMA).
En esos comicios también se incorporó una papeleta electoral relacionada con la consulta popular que proponía dejar bajo tierra el crudo existente en el bloque 43 del Yasuní ITT, para la que se inscribieron organizaciones políticas y sociales para promocionar el sí y el no.
En cuyo caso están denunciados el movimiento político Democracia Sí, el partido Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Amigo por no atender las observaciones planteadas por el CNE en la revisión de sus ingresos para la promoción por el sí y el no.
Como representantes de agrupaciones sociales constan como denunciados Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, que se defenderá de la acusación en una diligencia convocada para el 8 de diciembre a las 10:00.
También el movimiento Amaru, que enfrenta una denuncia que se admitió a trámite por inobservar los pedidos hechos por el CNE en el reporte de los ingresos para la campaña.
El expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) Leonidas Iza y la exvicepresidenta Zenaida Yasacama también están denunciados por no reportar los gastos en campaña por el sí a mantener el petróleo bajo tierra.
En un primer momento, la denuncia no prosperó porque no se les notificó con el proceso, lo que podría vulnerar su derecho a la defensa.
El CNE apeló y el juez a cargo de la causa, Patricio Maldonado, convocó a audiencia pública para el 16 de diciembre a las 09:30. (I)
