El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Fernando Muñoz Benítez sustanciará la denuncia por presunta violencia política planteada en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques.
La queja la presentó la asambleísta de la bancada gobiernista de Acción Democrática Nacional (ADN) Lucía Jaramillo Zurita, y tras el sorteo recayó para conocimiento del juez Muñoz, quien mantiene un conflicto interno con tres de sus colegas tras ser removido de la presidencia del organismo.
Antes de tramitar el recurso, Muñoz concedió el término de dos días a la denunciante para que aclare y complete su escrito en contra de Alvarez.
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Le pide, por ejemplo, que especifique el acto, resolución o hecho; la acción o denuncia del órgano que emitió el acto o la identidad de quien se atribuye la responsabilidad; que exprese claramente los agravios y los preceptos legales vulnerados; y que precise el lugar de notificación del accionado, en este caso de Alvarez.
El 19 de agosto último, Lucía Jaramillo recurrió ante el TCE para que se sancionen las expresiones de Alvarez, quien la criticó con esta frase escrita en su cuenta de X el 16 de julio: ”Niña vaga, que mientras fue del PSC pasó vagando en el Municipio de Guayaquil, ella y su hermana. Fiscalicen lo que quieran. También deberían fiscalizar a ministros y funcionarios de su Gobierno que, con sueldos mínimos, tienen zapatos de $ 2.000 y relojes de $ 25.000. Carteras de $ 7.000 y vestidos de $ 3.000. ¿De dónde sacan esos recursos? Fiscalícense ustedes también, vagos, sabidos y pillos. Asimismo, fiscalicen a las empresas que no pagan impuestos, que facturan millones y estafan al Estado. Vayan a ver a las fronteras a los verdaderos contrabandistas de combustible”.
Su declaración se dio luego que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) denunció por el delito de comercio irregular de combustibles al alcalde de Guayaquil, sus hermanos y su negocio de gasolineras Copedesa, además de otras personas naturales y jurídicas que estarían relacionadas con el presunto ilícito.
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En ese entorno, Jaramillo dijo que, aparentemente, cuatro personas naturales y jurídicas, entre ellas Copedesa, habrían vendido combustible de forma irregular a la compañía Fuelcorp S. A., y esta a su vez les habría vendido a cuatro empresas con vehículos sin placas y a un supuesto trabajador que registra más de 8.000 carros, que habría comprado más de 120.000 galones de diésel, extra y súper.
La causa se tramitará en términos de tiempo, ya que no está relacionada con las elecciones generales del 2025 que están en curso.
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Una vez que la asambleísta complete su denuncia y el juez lo verifique, será admitida a trámite; o, de lo contrario, podría ser archivada.
La violencia política de género está contemplada en el Código de la Democracia como una infracción electoral muy grave y se sanciona con multa desde 21 salarios básicos hasta 70 salarios, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años. (I)
