Los correístas y socialcristianos más el voto del asambleista Bruno Segovia (ex Pachakutik), bloquearon 19 pedidos de prueba solicitados por Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero, presidente y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización que procesa el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, acusado de presunto peculado.

La sesión que se instaló a las 16:05, estuvo crispada por continuas insinuaciones e ironías entre los legisladores miembros de la mesa que pugnaban en el proceso de calificación de las pruebas y comparecencias que se mostrarán en el proceso de juicio.

Controversias y pedidos de prueba matizan la sustanciación de la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso

Al momento el juicio se encuentra en la etapa de presentación y solicitudes de pruebas cuyo plazo vence el próximo 16 de abril. La acusación contra del primer mandatario, según el dictamen de la Corte Constitucional, se centra “en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros quienes incidían en la contratación entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República”.

A la sesión de la Comisión de Fiscalización convocada para el lunes 10 de abril, únicamente asistió el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, de manera presencial; los demás se conectaron de manera virtual que provocó varios desfases en el momento de argumentar mociones y defender posturas.

También estuvo presente Edgar Neira Orellana, el abogado del presidente de la República en esta etapa de presentación de pruebas de descargo y contestación a las acusaciones planteadas en contra del primer mandatario.

Lo primero que trató la comisión fue una moción que presentó el socialcristiano, Pablo Muentes, para dejar sin efecto las providencias 057 y 058 emitidas por el presidente de la Comisión de Fiscalización respecto a la notificación del juicio y la solicitud a los proponentes del juicio para que singularicen las pruebas. El voto del asambleís Villavicencio y Bruno Segovia, fueron clave para impedir que el pedido del PSC pase.

Posterior a ello, el legislador Roberto Cuero, mocionó que no se acoja la petición del abogado Edgar Neira, que observó al menos 40 pedidos de pruebas presentadas por los legisladores: Roberto Cuero, María Gabriela Molina y Comps Córdova, relacionadas al caso de peculado.

Neira, que estuvo conectado a la sesión, afirmó que todos los pedidos se fundamentan en el derecho constitucional de defensa de quien es el

Explicó que el escrito presentado no tiene el ánimo de obstaculizar el trabajo investigativo de los asambleístas que han pedido la práctica de pruebas. Dijo que las observaciones realizadas a los pedidos de los legisladores son para que en el momento de la ejecución de los pedidos de prueba no haya confusión y mejor se precise las solicitudes de pruebas y que la mesa tenga todos los elementos de juicio que le permita convencer del informe que será presentado al pleno de la Asamblea.

El asambleísta, Bruno Segovia, señaló que no puede condicionar los pedidos de prueba solicitados por los asambleístas y que el presidente a través de su abogado puede también solicitar pruebas o presentarse, pero que no se puede aceptar el planteado del acusado que calificó que están incompletos las solicitudes de información.

Roberto Cuero (UNES), dijo que más allá de los pedidos de la defensa, los juicios políticos están normados en la ley, que se respetará el debido proceso y el derecho a la defensa, pero que no puede el abogado del Presidente incidir en lo que deben o no solicitar los asammbleístas.

Tampoco se dio paso al pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso, de que se singularice las pruebas. Los delegados de UNES, PSC y el asambleísta, Bruno Segovia, votaron en contra del pedido de la defensa del acusado.

El asambleísta, Fernando Villavicencio, advirtió que habrá complicaciones en el proceso de juicio político, porque habrá un calendario de comparecencias de 36 personas que constan en el registro de la petición del juicio político, pero no se tiene los motivos con los que se debe solicitar la presencia de los funcionarios y ex funcionarios, y tampoco se sabe cuántos los 36 comparecientes corresponden a la causa de peculado.

Negación de pruebas

Una tercera moción la presentó el asambleísta Roberto Cuero para calificar las pruebas presentadas por los legisladores Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero. En la propuesta se dejó fueron 12 de las 19 peticiones de pruebas, y se negó tres comparecencias solicitadas por Villavicencio. En cambio, se negó todo lo solicitado por Cordero. Cuero dijo que las pruebas solicitadas por Cordero y Villavicencio son impertinentes y además se refieren a años anteriores, cuando el peculado se cometió durante el periodo presidencial de Guillermo Lasso.

El presidente de la mesa de Fiscalización advirtió que la moción de Cuero vulnera el derecho de los legisladores de fiscalizar y conocer quién y quiénes estarán detrás de los contratos de transporte de crudo.

Además rechazó que se haya bloqueado el pedido de comparecencia del Procurador General del Estado que constituye una pieza clave para determinar si hubo o no el delito de peculado. (I)