Joffre J. R. R., exjuez de garantías penales en la ciudad de Chone (Manabí), es uno de los catorce detenidos el miércoles 3 de abril por el caso Plaga, que investiga la Fiscalía por el delito de delincuencia organizada. Los presuntos involucrados habrían otorgado la libertad a reclusos de alta peligrosidad a través de medidas cautelares.

El exmagistrado fue detenido en Chone, durante los allanamientos simultáneos que realizó la entidad con el apoyo de la Policía en ocho provincias. Entre los detenidos está un juez, cuatro exjueces, dos policías en servicio activo, exfuncionarios del SNAI, funcionarios judiciales, un abogado y un ciudadano. En contra de trece de ellos la Fiscalía formuló cargos y pidió la prisión preventiva, medida que el juez resolverá acoger o no en la audiencia postergada para las 18:00 de este jueves 4 de abril.

El exfuncionario de justicia ingresó a la función pública en 2009, como comisario de policía del cantón Chone. Dos años más tarde, en 2011, ya figura como juez temporal en la Corte Provincial de Justicia de Manabí; y desde octubre de 2014 era juez penal en Chone. En febrero de este año 2024 fue destituido.

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Estos son los 14 detenidos del caso Plaga, en el que se investiga presunta delincuencia organizada

El Consejo de la Judicatura ya lo había suspendido por dos ocasiones, en 2014 y en 2017, por cometer la infracción grave de “no haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la sustanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales”, según se establece en el inciso 8 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial.

En febrero de este año 2024, el pleno del Consejo de la Judicatura resolvió que el entonces juez fue responsable de haber incurrido en error inexcusable, infracción establecida en el artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial, y lo sancionó con la destitución de su cargo.

Esta resolución la tomó la institución judicial tras iniciarle un expediente disciplinario en agosto de 2023, luego de receptar la denuncia presentada del director jurídico del SNAI en contra del exmagistrado, quien a través de medidas cautelares otorgó la liberación de dos reclusos: José Darío L. Z., sentenciado a diez años de prisión por el tráfico ilícito de migrantes y tenía otro proceso penal en curso por el mismo delito, y Angelu Alexis O. C., condenado a seis años y ocho meses por abuso sexual.

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“La acción del juez sumariado, al liberar a dos ciudadanos condenados por delitos de extrema gravedad, revela un desconocimiento jurídico significativo respecto a las normas aplicables al caso. Esta falta de conocimiento tuvo como consecuencia la liberación prematura y potencialmente peligrosa de dos ciudadanos condenados por delitos severos, lo cual plantea serias preocupaciones sobre la integridad y la seguridad de la sociedad. Además, la decisión inicial del juez sumariado no solo pone en riesgo la seguridad pública, sino que también socava la confianza en el sistema judicial”, expuso Christian Urgilés, coordinador del centro carcelario de Cañar, en el expediente disciplinario.

El exmagistrado suma dos denuncias en su contra, en agosto y septiembre de 2023, como sospechoso de prevaricato. Mientras que en la Función Judicial consta como procesado en cuatro causas en el último año, uno por prevaricato (2024) y tres de solicitud de declaratoria jurisdiccional previa de las infracciones de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable (2023).

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A exjuez detenido por caso Plaga que liberó a alias ‘Gordo Luis’ se le dictó prisión preventiva por presunto delito de prevaricato

En el último proceso, iniciado en enero de este año 2024 por prevaricato, el juez le dispuso -en la audiencia de formulación de cargos- la prohibición de salida del país, presentación periódica cada semana y el uso de grillete electrónico. Su última presentación, que consta en la causa, fue hace apenas dos días, el 2 de abril, en la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

Este delito es sancionado con privación de libertad de tres a cinco años, además de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por seis meses, según el artículo 268 del Código Integral Penal (COIP).

Una de las causas del 2023, interpuesta en diciembre ese año por el alcalde del cantón Palora (Morona Santiago) Estalin Tzamarenda, recayó en la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Manabí. No hay detalles de este proceso.

Otro proceso judicial, iniciado en octubre de 2023 por el director de la cárcel de Loja, se tramitó porque el exjuez dejó en libertad -a través de una medida cautelar- a procesados por varios delitos, entre ellos, asesinato y tráfico de armas de fuego. Les reemplazó la prisión por presentaciones periódicas, pero algunos de ellos incumplieron y les revocó la acción. En febrero de 2024 otro juez revocó la medida a una veintena más.

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Exjuez que liberó a Daniel Salcedo y que está entre los detenidos del caso Plaga suma cinco denuncias en su contra desde 2021, cuatro de ellas por prevaricato

El exmagistrado presentó su última declaración de bienes a Contraloría en 2022. Ese año reportó tener activos por $ 225.361,57, que incluye cuatro cuentas bancarias con $ 350,57, tres vehículos -adquiridos en 2009, 2014 y 2021- por $ 45.011, menaje de casa por $ 8.000, tres bienes inmuebles en Manabí -comprados en 2021- por $ 180.000.

Entre sus pasivos registra deudas en cinco tarjetas de crédito, un préstamo hipotecario y otros tres préstamos otorgados entre 2021 y 2022 por un total de $ 62.789,59. Así, el patrimonio del exjuez asciende a $ 162.571,98. (I)