En la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, la cifra de muertes violentas ha tenido una reducción considerable cada semana, a partir del 8 de enero, cuando se decretó el estado de excepción con toque de queda.

Sumado a este régimen, al día siguiente, el 9, se declaró conflicto armado interno a nivel nacional y con este nuevo escenario militares y policías, en operativos conjuntos, han ejecutado intervenciones en la vía pública, viviendas y en las cárceles, con el fin de debilitar a las bandas delictivas, 22 de ellas consideradas hoy por el Gobierno como grupos terroristas.

La primera semana de enero (del 1 al 7) hubo 102 asesinatos. En la segunda semana (8-14) se reportaron 39 crímenes; en la tercera (15-21) fueron 22; en la cuarta (22-28), 24. Y entre el 29 de enero y 4 de febrero se registraron 15 homicidios.

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Estos son los distritos de Guayaquil, Durán y Samborondón donde la Policía se ha enfocado en debilitar a Choneros y Lobos en este primer mes de estado de excepción

Del 1 al 31 de enero la Zona 8 tuvo 194 muertes violentas. Y del 1 al 5 de febrero se reportaron 8 asesinatos. En total, del 1 de enero al 5 de febrero se contabilizaron 202 homicidios.

El primer fin de semana de febrero fueron capturadas en una finca de la vía a la costa ocho personas, entre ellas, alias Mocho y Comandante, dos objetivos de alto valor de la Policía Nacional, quienes pertenecerían a la banda delictiva Los Choneros. En Guayaquil, Durán y Samborondón se aprehendió a 20 objetivos de intermedio valor entre el 8 de enero y 4 de febrero.

El general Víctor Herrera, comandante de Policía de la Zona 8, considera positivos estos resultados. Dice que el objetivo es sostener esa tendencia a la baja de muertes violentas en esta fase de despliegue operacional que se ejecuta actualmente tanto en esta jurisdicción como en el resto del país.

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¿Qué tan alentadores son estos resultados?

Hay que ir trabajando, pero hay que entender que esta dinámica de esta intervención recién empieza, entonces, puede tener un despunte. Y eso es lo que estamos nosotros trabajando, en la contención de estos grupos delictivos. Hay que tomar en consideración las alertas que se dieron la semana pasada, encontramos dos domicilios en el suburbio de Guayaquil con explosivos tipo pentolita que aparentemente hubieran querido ser utilizados en contra de instalaciones policiales. Tenemos la captura de objetivos de alto valor, uno de ellos era alias Alacrán, que fue ubicado aquí en Guayaquil y se lo trasladó hacia Colombia.

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¿Cuántos detenidos hay en la Zona 8 en el mes de estado de excepción?

967 detenidos (8 de enero-4 de febrero). De ellos, 253 son por tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización, 127 por tenencia y porte de armas, 62 por secuestro extorsivo, 68 por robo a personas, 40 por terrorismo (el resto, por otros delitos). Armas de fuego tenemos 267 decomisadas. De esas, 219 han sido armas cortas y 48 armas largas. Motocicletas retenidas 133, vehículos retenidos 88. Motos recuperadas 122, vehículos recuperados 111 y municiones 24.221.

¿De estos 20 detenidos de intermedio valor ustedes como Policía han dado seguimiento de cómo se los está procesando?

De los 20 que estamos hablando no han tenido medidas sustitutivas. Estamos haciendo un seguimiento porque han sido dadas detenciones en firme. Ellos tienen 90 días dentro de la instrucción fiscal para poder determinar el grado de peligrosidad y allí habría que determinar cuáles serían las sanciones.

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Esto constituye un respaldo a la labor de la Policía...

Eso es lo importante para nosotros, pero no únicamente de 30 días o 90 hasta que se justifique, sino lo que nosotros buscamos es la sanción final, es decir, por el grado de peligrosidad más que por las acciones. En el caso de alias Comandante y alias Mocho hay que entender que ellos tienen un prontuario, el uno de siete detenciones, el otro de cinco. Y que la jerarquía que tienen dentro de la estructura (delictiva) es alta, entonces, no se puede decir si anteriormente hasta el 2022 estuvieron por asesinato y no cumplieron la sentencia, por asesinato debía ser de 6 hasta 32 años con agravantes, pero no cumplen ni un año ni dos y vuelven a salir. Entonces, esa fuerte reincidencia es la que nosotros buscamos que no se dé y que se cumplan las sanciones ejemplares que están. Ni siquiera que haya modificaciones, que se cumplan las sanciones.

¿Se están articulando acciones con las instancias que administran la justicia?

Hemos tenido una mesa de justicia y he tenido contacto directo con la fiscal provincial, hay una excelente coordinación. Recién la semana pasada estuvimos con el presidente de la Judicatura (en Guayas), para tener esta articulación también y poder levantar las alertas. Porque aquí, como yo les decía, no se trata de hacer señalamientos, se trata de articularnos, esa coordinación nos va a permitir tener sentencias ejemplares. Más aún en estos casos que sí hay que poner mucha atención para que sean ejemplares las sanciones que se les da a los delincuentes.

¿A qué grupos delictivos se ha logrado debilitar con las intervenciones?

De los cuatro distritos priorizados, en el distrito Prosperina estamos nosotros atacando de manera específica a Tiguerones, Águilas y Fatales. En el distrito Sur, a Lagartos y Mafia 18. En el distrito Durán, a Latin King y a Choneros; en el distrito Portete, a Lobos y Águilas; y en Pascuales, a Lobos. Esto nos permite, de acuerdo al mapa de las estructuras y cómo están trabajando de acuerdo a sus jurisdicciones, porque recordemos que son doce dentro del DMG (Distrito Metropolitano Guayaquil) y cada una tiene un territorio, entonces, lo que se logra con esto es debilitar a estas estructuras.

¿Cuáles son las actividades ilícitas que les permiten a estas estructuras criminales solventarse?

La cadena de valor que tiene el narcotráfico en Guayaquil tiene dos características importantes. Los dos eslabones, que es el acopio y la salida por los puertos. Sumado a esto, ahora buscan reemplazar con economías criminales a través de las ‘vacunas’ o las extorsiones. Entonces, eso está dividido ya en territorios, por eso los de mayor incidencia que tenían el 62 % de muertes violentas (2023), que eran Durán, Nueva Prosperina y Sur, hemos trabajado de manera focalizada y es por eso que viene la reducción. Sumado a eso la intervención que se está haciendo en la Penitenciaría (del Litoral), porque hay que tomar en consideración que en la Penitenciaría teníamos la misma subdivisión. La Regional encargada de quién, de Choneros. La Penitenciaría dividida en doce pabellones, cada pabellón por una estructura diferente, pero en sí dividida también en Lobos y Choneros.

¿Cómo va la intervención en las cárceles?

Lo que se busca es debilitar acá, sacar a los líderes (cabecillas de bandas), ponerles en un lugar, incomunicarles, porque entendíamos que a través de estos medios tecnológicos se hacían muertes selectivas, se practicaban extorsiones, secuestros. Entonces, eso es lo que buscamos a través de esta intervención que todavía continúa, recordemos que aquí todavía seguimos en el trabajo en la Penitenciaría. Son 11.232 PPL (personas privadas de libertad).

¿Qué tan cierto es que cuando las cárceles están tranquilas eso se refleja en las calles?

Es una relación directa, porque lastimosamente en el Ecuador no eran centros de rehabilitación sino que eran centros de operaciones. ¿Por qué razón? Primero, se les ubicó por GDO (grupo de delincuencia organizado), dándoles el poder total dentro de las cárceles. Hay que entender esa dinámica, porque ahora que hubo la decisión y el estado de conflicto armado interno, para retomar el control no de una sino de todas las cárceles a nivel nacional, nos permite este debilitamiento. Y vemos que a nivel nacional hay un decremento importante de muertes violentas no solo en Guayaquil.

En Guayaquil, Durán y Samborondón operan 12 de 22 grupos considerados terroristas

Ahora en el complejo carcelario de Guayaquil, ¿cómo se está clasificando a estos privados de libertad?

Esa política se la está manejando directamente a través del Comando Conjunto (Fuerzas Armadas), con Policía Nacional y el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores). En este momento todavía sigue la intervención, se sigue manteniendo, porque ustedes ven que día a día hay resultados. No es que en una semana ya vamos a solventar y vamos a poder recalificar. Hay que revisar primero las instalaciones, hay que ver y tener bien el censo del levantamiento de cuántos detenidos son y posterior al grado de peligrosidad se tomará la decisión de irles ubicando. Sin embargo, lo que hay que entender es que ya hay una reubicación importante, por lo menos de los cabecillas. Ya hay una redistribución clara de acuerdo al grado de peligrosidad. (I)