Lafattoria denuncia ante Contraloría la ‘retención ilegal’ de los $ 30 millones que le adeuda el Gobierno por la alimentación en escuelas y cárceles

Lafattoria, proveedor que alimentó a las personas privadas de la libertad en las cárceles desde 2012 y entregó el desayuno escolar desde 2016, denunció ante la Contraloría General del Estado la presunta “retención ilegal” de los $ 30 millones que asegura le adeudan el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) desde hace seis meses.En dos oficios, con fecha de 14 y 17 de mayo, esta compañía detalla las contrataciones y menciona los valores impagos. El Ministerio de Educación le debe -estima- unos $ 20 millones desde diciembre y al SNAI le falta cubrir $ 10 millones desde noviembre.Ante este retraso, el procurador judicial de Lafattoria, Joffre Campaña, hace referencia -en los oficios- al artículo 101 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop), que establece que el funcionario que incumpla el pago de planillas, retenga o retarde indebidamente el pago de los valores establecidos en los contratos será destituido y sancionado con una multa no menor de diez salarios básicos, que podrá llegar al 10 % del valor retenido.En el caso del desayuno escolar, Lafattoria recuerda que en diciembre de 2016 se suscribieron dos convenios marco entre el Sercop y Lafattoria para dar las raciones alimenticias a los estudiantes de los territorios 4 (Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Guayas, Los Ríos, Galápagos y Santa Elena) y 8 (Cotopaxi, Napo, Pastaza, Pichincha y Orellana). Con ello, aseguran, les otorgaron “el derecho exclusivo” para dar ese servicio a través de órdenes de compra durante 24 meses. Los siguientes cinco años se dieron prórrogas para continuar con el suministro.Pero al iniciar este año lectivo 2024 -se detalla en el oficio- no recibieron las notificaciones con las órdenes de compra, porque el Ministerio de Educación alegó que la contratista está inhabilitada en el portal del Sercop desde el 24 de abril de 2024 . Esta medida se tomó luego que el presidente Daniel Noboa mencionara supuestos nexos comerciales con el crimen organizado. “No podíamos seguir con una relación con la compañía denunciada”, indicó José Julio Neira, principal de la Secretaría General de Integridad Pública, en una entrevista radial, en mayo.Ese mes, el Ministerio de Educación contrató por régimen especial a la empresa pública ESPE-Innovativa para proveer de 36,4 millones de raciones para 1′470.328 estudiantes de 4.816 unidades educativas por un monto de $ 11,4 millones.En la carta de Lafattoria, enviada antes de esa adjudicación, la compañía advirtió que si se contrata con otros proveedores sin concurso o ‘violentando’ los convenios marco se podría cometer “una gravísima infracción que inclusive podría constituir un uso indebido de recursos públicos”, de acuerdo con el artículo 278 del Código Integral Penal (COIP), que especifica el delito de peculado.Ante ello, Lafattoria pide al contralor Xavier Torres que disponga el inicio de acciones para “determinar la responsabilidad” de los funcionarios del SNAI y de los ministerios de Educación, Economía y Finanzas por una “evidente retención indebida de pagos” y el “posible cometimiento de un delito”.Esta misma solicitud la hace Joffre Campaña, procurador judicial de Lafattoria, en el documento remitido el 17 de mayo. En ese oficio se afirma que el SNAI pretende desconocer que la compañía mantiene vigente el contrato que “la hace proveedora exclusiva” de los centros carcelarios de la división administrativa 3.Además, sugiere que si los gobernadores contratan de forma directa a otros proveedores, como lo anunció la ministra del Interior, Mónica Palencia, se podrían usar recursos públicos “de manera indebida” e incluso también cometerían -a su criterio- peculado.El Ministerio de Justicia contrató en 2018 a Lafattoria para proveer de comida a las cárceles del territorio 1 y se continuó dando el servicio a través de convenios de pago ante el pedido de los directivos del SNAI por las declaratorias de desiertos en varios procesos de contratación.“Desde septiembre de 2023 y pese a que Lafattoria le ha realizado varias solicitudes de pago al SNAI, hasta la presente fecha Lafattoria no ha recibido los pagos adeudados, lo cual ha ocasionado que aproximadamente 12.000 personas privadas de la libertad estén sufriendo una irregular alimentación...”, señala el documento, en el que se reitera que no se les ha cancelado.Lafattoria interrumpió el suministro en prisión por “fuerza mayor”. Actualmente, los internos reciben una comida diaria, según la Defensoría del Pueblo . Esto, pese a que se han otorgado dos medidas cautelares, solicitadas por organismos de derechos humanos, el 2 de mayo y el 7 de junio.En la primera resolución se dispuso que el Ministerio de Economía proporcione en quince días los recursos requeridos por el SNAI para cubrir los valores que permitan restituir el servicio de alimentación en el territorio 1. También se estableció un plazo de tres meses para que se realice un nuevo proceso de contratación y, mientras se elige al proveedor, el SNAI debe asegurar el suministro de la comida para los internos. Y a los pocos días, el 9 de mayo, la jueza Jenny González aclaró que “no ha ordenado el pago a proveedor alguno del Estado”.En la segunda medida cautelar, del 7 de junio, se ordenó la regularización inmediata de la provisión de alimentos en las cárceles, brindar las facilidades para que entes de derechos humanos ingresen a estos espacios para constatar el servicio, que el SNAI de manera inmediata proceda con las acciones administrativas para adquirir el servicio y mientras tanto se gestione la donación de alimentos para cubrir las necesidades alimentarias de los reos.La Contraloría revisó la provisión de alimentos para estudiantes del sistema educativo público en dos periodos, de febrero de 2014 a diciembre de 2018 y de enero de 2018 a agosto de 2020.En este último informe se analizaron las órdenes de compra de las raciones alimenticias realizadas por catálogo electrónico a tres proveedores, Lechera Andina, Lafattoria y Consorcio Ordeño-Fortesan, y se concluyó -por ejemplo- que no se verificó que los contratistas distribuyeron una parte de las raciones en fines de semana sin autorización previa; el retraso de uno a siete días en la entrega de los productos, que no fue controlado y por lo que no se multó a la Lafattoria y a Ordeño-Fortesan por $ 4.868; y la ‘ausencia’ de control de las autoridades educativas, que no contaban con reportes con información periódica y consistente para su “consolidación, análisis y toma de decisiones”.Mientras, en el primer informe se chequearon las fases de las compras y la distribución de los productos, de febrero de 2014 a diciembre de 2018. En ese lapso, la Contraloría determinó que en la etapa precontractual se calculó un pago en exceso de $ 1,1 millones; el pago por raciones no requeridas ($ 918.870) al considerarse en el plazo del contrato nueve días después de finalizar el año escolar; una multa no cobrada de $ 4,1 millones por atraso en la entrega de las raciones ante la terminación por mutuo acuerdo del contrato en febrero de 2017.También se observó que se solicitaron mayores cantidades de productos requeridos en los planteles; se firmó entrega-recepción de alimentos distribuidos con retraso y no se aplicaron multas a Lafattoria y al consorcio Ordeño-Fortesan por $ 19.961; entrega de productos en exceso en el territorio 3 por $ 99.433; y falta de control de inventarios de los alimentos, registro de consumo y encuestas de satisfacción de 2016 a 2018. (I)

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