Los ocho cabecillas y ‘mandos medios’, al ‘servicio del narcotráfico’ en el país

Por asesinato, delincuencia organizada, tráfico de drogas, tenencia de armas, extorsión, intento de escape de prisión, entre otros delitos, han sido sentenciados los cabecillas de ocho organizaciones criminales que, desde prisión o en la clandestinidad, envían las órdenes para acaparar más territorios y amedrentar a los ecuatorianos con violencia, secuestros, ‘vacunas’ y los 4.835 asesinatos que se han registrado este año en el país.

La Policía los tiene identificados: José Adolfo Macías Villamar (Fito), John William Quiñónez Camacho (Sayayín), Freddy Marcelo Anchundia Loor (Anchundia), Wilmer Geovanny Chavarría Barre (Pipo), William Joffre Alcívar Bautista (Negro Willy), Antonio Benjamín Camacho Pacheco (Ben 10), Carlos Christian Mantilla Ceballos (Choclo) y Carlos Manuel Macías Saverio (el Diablo), según un informe sobre el narcotráfico en el país, periodo 2019-2022.

Son hombres de entre 34 y 43 años que han cometido diferentes actos ilícitos en los últimos quince años. Cuatro de ellos (Fito, Anchundia, Choclo y Sayayín) están presos, y los otros cuatro (Ben 10, Negro Willy, Pipo y el Diablo) están libres.

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Solo uno de ellos tiene un título académico: Adolfo Macías, Fito, estudió en la cárcel y se tituló de abogado. Mientras que los otros siete han trabajado —según se detalla en los procesos judiciales— como pescador, comerciante, asistente de un equipo de fútbol femenino, guía penitenciario, ayudante de albañilería y dueño de una cooperativa de taxis.

Desde la cárcel, Fito maneja a Los Choneros, que de acuerdo con la investigación policial opera en Guayaquil, Quito y en zonas de otras doce provincias: Pichincha, Cotopaxi, Manabí, Santa Elena, Guayas, Los Ríos, El Oro, Azuay y Loja. En Esmeraldas se aliaron con la agrupación Los Gangsters, a cargo de Sayayín, y en Santo Domingo de los Tsáchilas con el grupo R7, bajo el control de Anchundia.

Ben 10, con su agrupación Los Chone Killers, tienen presencia en Durán; Los Tiguerones, bajo el mando del Negro Willy, están en sectores de Guayas, Pichincha, Manabí y Esmeraldas; Los Lobos, cuyo cabecilla es Pipo, se han expandido a Azuay, Guayas, Imbabura, Santa Elena, El Oro, Pichincha, Chimborazo, Los Ríos, Napo, Santo Domingo de los Tsáchilas y Loja; Los Lagartos, a cargo de Choclo, están presentes en el sur de Guayaquil; y los Latin King, bajo el control del Diablo, están en Durán y sectores de Guayaquil.

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Pese a la intervención policial y al decomiso de sustancias ilícitas, estas estructuras criminales han crecido con el apoyo de organizaciones mexicanas desde el 2003.

“Ecuador nunca ha tenido las cifras (de asesinatos) que estamos viviendo. Años atrás (los 90) se daba el lenguaje de pandillas para referirse a organizaciones más urbanas, Ñetas, Latin King...”, explica Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, quien considera que a partir del Plan Colombia (en el 2000) el país comenzó a tener un rol no solo en el abastecimiento de precursores químicos para procesar cocaína, heroína, sino también en el tráfico de armas, de drogas y de personas.

A partir del 2018, añade Rivera, empieza a crecer la tasa de homicidios y la disputa entre estas ocho bandas.

Los Choneros:

A José Macías Villamar, ‘Fito’, lo han denunciado en 19 ocasiones por diferentes delitos

El hoy único cabecilla de la organización criminal Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se dedicaba al taxismo en Manta, en 2003, cuando esta banda delictiva —que había sido creada en 1998 por Jorge Véliz España, alias Chonero o Teniente España— daba sus primeros pasos en el narcotráfico. A partir del 2003, según un informe policial, “Los Choneros se apoderaron de la ruta del tráfico de drogas en la subzona de Manabí, encargándose de los traslados de droga desde Colombia hasta la zona costera del país”.

Fito tenía entonces una cooperativa de taxis llamada Terminal Marítimo 43, en Manta, por la que pagó $ 60 de impuestos entre 2003 y 2010. El negocio se cerró pronto. Para el año 2010, Fito ya no tenía la flota de taxis de la cooperativa y, en cambio, era perseguido por la Policía por ser integrante de Los Choneros.

“Somos de Santa Ana (Manabí). Nosotros vivimos de cinco taxis y de dos lanchas que ya vendimos”, dijo José Macías en una entrevista, en septiembre del 2010, luego de acusar a la Policía de haber atentado contra su vida el 9 de ese mes y de haber ejecutado a su hermano William al día siguiente. Fito recalcaba que ni él ni su hermano fallecido eran miembros de Los Choneros.

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Al siguiente año (2011), Fito y su entonces ‘jefe’, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña —quien había ascendido en la banda tras la muerte de Teniente España en 2007— fueron sentenciados a 25 años de prisión por el asesinato de Jairol Carreño, cuyos familiares los identificaron como integrantes del grupo que lo acribilló con 22 impactos de bala. Todos se acogieron al derecho del silencio.

Fito era considerado como “brazo armado y logístico” del llamado “Pablo Escobar ecuatoriano”, Washington Prado Álava, alias Gerald, quien tenía nexos con grupos colombianos y el mexicano cartel de Sinaloa para el tráfico de las sustancias ilícitas hacia países de Centroamérica a través de lanchas rápidas, según detalla un proceso por delincuencia organizada del 2017, en el que ambos figuran.

En 2013 escapó de La Roca junto con Rasquiña y otros miembros de la banda; aunque, meses más tarde, ambos fueron recapturados y desde entonces Fito se encuentra en una celda de la cárcel Regional, que la Policía allanó en agosto y que contaba con una cama de tres plazas, refrigeradora, televisor, aire acondicionado, baño, calentador de agua, clóset de madera y botellas de champaña valoradas en $ 500 cada una.

El mismo día del allanamiento, Fito volvió a La Roca, donde estuvo por un mes. El 12 de septiembre regresó a la Regional, donde cumplirá condenas que suman más de 34 años de prisión por asesinato, delincuencia organizada, ingreso de artículos prohibidos, entre otros delitos.

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José Macías Villamar, de 44 años y quien obtuvo en prisión su título de abogado, suma 19 denuncias por extorsión (en Ibarra, en 2022), intimidación (en Guayaquil, en 2022 y 2021), organización o financiamiento para la producción o tráfico de drogas (en Manta, en 2021), abuso de confianza (en Guayaquil, en 2018), seis casos de asesinato (en Manta y Jaramijó, en 2017), delincuencia organizada (en Samborondón y Manta, en 2017), robo (en Manta, en 2014), amenazas (en Quito, en 2011), entre otros delitos que empiezan en 2009.

En la actualidad, según el informe policial, Los Choneros tienen presencia en la Zona 8 (Guayaquil, Durán, Samborondón), en Quito, en zonas de Pichincha, Cotopaxi, Manabí, Santa Elena, Guayas, Los Ríos, El Oro, Azuay y Loja. Mientras que en Esmeraldas están aliados con los llamados Gangsters y en Santo Domingo de los Tsáchilas con el grupo R7. “Este desplazamiento a nivel nacional ha provocado enfrentamientos con sus adversarios dentro y fuera de las cárceles por el control del tráfico de droga”, señala la Policía. (I)

Los Gangsters:

William Quiñónez, ‘Sayayín’, acusado de matar a su abogado

La última vez que lo capturaron en su natal Machala, provincia de El Oro, fue a inicios de este año 2023. En su mochila, John William Quiñónez Camacho, alias Sayayín, cargaba un bloque con 1.010 gramos de cocaína, un celular con chip telefónico, una radio, un cuchillo, una subametralladora con alimentadora, dos municiones (calibre 9 mm) y 24 vainas percutidas.

El ECU911 alertó sobre la presencia de un sujeto armado en el sector de La Sapera, y la policía lo persiguió hasta detener al cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Gangsters, identificado por la Policía como un “brazo armado de Los Choneros”, que concentra sus operaciones delictivas en esta provincia y en Esmeraldas.

Quiñónez, tras aceptar su infracción y acogerse al procedimiento abreviado, fue sentenciado a 20 meses de prisión por tráfico de sustancias ilícitas (de alta escala), en junio pasado. Un mes antes, en mayo, recibió otra condena reducida de un año de reclusión —al aplicarse nuevamente el procedimiento abreviado— por el delito de asociación ilícita.

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En septiembre de 2024 completaría ambas penas este machaleño de 34 años, aunque mantiene otro proceso abierto por tráfico de armas desde hace más de dos años (2021). En enero de este 2023 lo hallaron culpable y lo condenaron a cinco años de prisión, pero enseguida presentó un “recurso especial de doble conforme” —instancia donde se pueden corregir posibles errores judiciales— que está en trámite.

Este caso se remonta a febrero del 2021, cuando las cámaras del ECU911 captaron en el malecón de Puerto Bolívar varias pangas con tripulantes armados que se disparaban entre ellos. Luego arribaron a un muelle informal, en el sector de La Barraca, hasta una casa cercana. Allí, la policía capturó a alias Sayayín junto con otros sujetos.

Este pescador y guardia de seguridad, como se identificó ante los jueces, también ha sido sobreseído y declarado inocente de robo (2021), tentativa de asesinato (2020) y delincuencia organizada (2018). En 2019 lo acusaron por robarles a otros pescadores en el sector de Jambelí. “Llegaron seis sujetos a bordo de una embarcación, nos apuntaron con armas de fuego y procedieron a robarse tres motores”, dijo un afectado al reconocer a Sayayín como uno de los asaltantes. La víctima no quiso continuar el proceso penal, por lo que la fiscal emitió un dictamen abstentivo a favor de Sayayín.

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En el caso por delincuencia organizada (2018), las investigaciones policiales arrojaron que Quiñónez “era el líder por cuanto a través de los números telefónicos que se intervino él hacía las llamadas dentro del interior de la cárcel y daba las directrices”. Él, en cambio, declaró: “Los señores policías llegaron como a las cuatro de la mañana a hacer una requisa y me metieron en algo de que yo no sé, y eso es todo. No puedo decirte más, porque no sé”. El fiscal Jorge Cuenca se abstuvo de acusar por “insuficiencia probatoria”.

Quiñónez suma desde 2008 una decena de procesos y nueve denuncias en su contra, entre ellas delincuencia organizada (2018), robo (2019), tráfico de armas (2021) y asesinato (2012 y 2023). Por este último delito él consta como sospechoso del crimen de Jorge Pinzón Jaramillo, quien fue acribillado en Machala en marzo de este año y quien en vida fue su abogado en algunas causas. Este caso continúa en fase de investigación. (I)

R7:

Freddy Anchundia ha intentado escapar de la cárcel de Bellavista

Debajo de su almohada, Freddy Marcelo Anchundia Loor escondía un celular, chips de dos operadoras telefónicas, un auricular y un cable blanco. Mientras él se “aseaba”, la policía halló estas pertenencias en la celda 8 del centro penitenciario La Roca (Guayaquil), en donde permanece recluido desde hace casi dos años.

Anchundia aceptó haber ingresado estos artículos prohibidos a la cárcel y, tras acogerse al procedimiento abreviado, lo sentenciaron a una pena inferior, de cuatro meses de prisión, en mayo de 2022. Esta condena es la tercera que ha recibido este manabita en los últimos seis años, según los registros de la Función Judicial.

En junio de 2017, alias Anchundia reconoció haber intentado escapar de otro reclusorio, del Centro de Rehabilitación Social Bellavista (en Santo Domingo de los Tsáchilas), y le impusieron una pena reducida de cuatro meses. No se concretó el plan de fuga, porque los agentes penitenciarios recibieron la alerta y fueron a revisar la celda 62 del pabellón B de la etapa de máxima seguridad. Ahí encontraron que Anchundia y otros tres internos habían “doblado y cortado los barrotes”.

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Un año más tarde (2018), este ‘gallero’, como un conocido lo identifica por su gusto a las peleas de estas aves, fue sentenciado a 34 años y 8 meses de privación de libertad por su participación en el asesinato de Guillermo Canchingre, cometido en Pedernales, en febrero de 2016. Era la madrugada del último día de carnaval, cuando el festejo y el baile de unas cincuenta personas reunidas en una cabaña fue empañado por una riña.

Anchundia supuestamente era el ‘jefe’ de la banda criminal Los Anchundia, que opera en Pedernales, según cuenta un conocido en el proceso. No obstante, la Policía lo vincula como miembro de la agrupación delincuencial rival, Los Gatos Secos, para cometer delitos como tráfico de drogas, extorsión y sicariato en este cantón manabita. En los sectores que consideran su territorio, reseña la Policía, pintan grafitis con imágenes de calaveras, armas, dinero y el retrato de Pablo Escobar.

Ya detrás de las rejas, desde el reclusorio de Turi (Azuay), alias Anchundia tomó protagonismo al aliarse con las organizaciones delictivas Punto 40 y Latin King para crear un nuevo brazo armado de Los Choneros llamado R7.

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Anchundia figura como cabecilla de este grupo (R7), a quien la Policía le atribuye dos de las masacres carcelarias registradas en abril y mayo de 2022, en las cárceles de Turi (Azuay) y Bellavista (Santo Domingo de los Tsáchilas), que dejaron en total 64 internos asesinados.

Tras el primer enfrentamiento en Turi en contra de alias Ariel, del grupo Los Lobos, el manabita fue trasladado a La Roca, en Guayaquil. Sin embargo, a través de una medida cautelar consiguió ser llevado a la cárcel de Bellavista, en donde al poco tiempo de su llegada ocurrió una nueva revuelta. Murieron 44 reclusos, entre ellos alias Goyo, quien habría participado en el asesinato del anterior cabecilla de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y en el secuestro de la hija de José Macías Villamar, alias Fito, actual ‘jefe’ de esa banda.

Pese a que la Policía lo ha vinculado públicamente con estas dos masacres carcelarias, en la Función Judicial no constan procesos por estos asesinatos en contra de Anchundia, quien por “su seguridad” fue nuevamente trasladado a la Roca, en donde cumple la pena por el asesinato en Pedernales de 2016. (I)

Chone Killers:

Antonio Camacho, ‘Ben 10’, dejaba a su pareja manejar sus finanzas

La orden de asesinar a Jonathan Jaramillo Valle, un comerciante de camarones en Durán, quedó grabada en el chat del teléfono que usaba en mayo del 2020 el cabecilla de los Chone Killers, Antonio Benjamín Camacho Pacheco, alias Ben 10.

Camacho, en un diálogo con el segundo al mando de esa organización, Gutenberg Rodríguez, alias Bob Marley, “ordena meter plomo a un man y solicita a Vera Díaz Kevin que le colabore con el vehículo”, según señala un proceso judicial, que agrega: “En una de las transcripciones hacen referencia al pago de la muerte del ciudadano Jaramillo Valle; de igual manera hace referencia a que el ciudadano Ángulo Ramos Donald Estéfano es la persona que tiene las armas para los hechos delictivos”.

Los agentes de Policía descubrieron la planificación de ese asesinato, y también del sicariato de Pedro Camatón Vargas, mientras investigaban la estructura criminal de los Chone Killers, una agrupación dirigida por Ben 10 y submanejada por Bob Marley, y en la que sus parejas se encargaban de la distribución y manejo del dinero obtenido con la venta de droga.

Ninguno de los quince investigados fue procesado, porque el fiscal Luis Machado Sánchez, encargado de acudir a la audiencia de llamamiento a juicio, no se presentó y, por el contrario, emitió un dictamen abstentivo media hora antes de la diligencia. La fiscal general, Diana Salazar, denunció al funcionario, quien fue destituido por ‘negligencia’. Ben 10 quedó libre en mayo del 2021 por decisión judicial.

Los Chone Killers (en español, ‘Asesinos de Chone’) nacieron como brazo armado de la banda Los Choneros. Su cabecilla principal, Antonio Camacho, de 34 años y domiciliado en Durán, registra denuncias en la Fiscalía desde el 2011; la mayoría se ha presentado en Durán por extorsión, asociación ilícita, tenencia ilegal de armas, delincuencia organizada y sicariato.

Camacho, de instrucción secundaria, ha declarado ante los jueces que su ocupación es la de “ayudante de albañilería” y que no forma parte de ninguna banda: “El día que me detuvieron, yo salía de mi casa con mi abuelita, y estábamos esperando a mi tía. En eso pasó el Chapulín y me entregó una funda para que se la tenga, y en eso pasó la policía y me detuvieron. A mí me encontraron la funda en la mano. Yo no sabía de qué se trataba, cuál era su contenido. Yo pido disculpa. Yo no pertenezco a ninguna banda. El arma no es mía; yo no sabía. Pido disculpa, señores jueces. Yo no corrí, no puse resistencia”.

En cambio, versiones oficiales señalan a Camacho como el mentalizador de los ataques contra la banda de Los Lagartos, agrupación rival de Los Choneros en 2020, en medio de pugnas por territorio para comercializar cocaína.

“La ambición de esta estructura por acaparar todo el cantón Durán ha desatado un sinnúmero de hechos violentos, como descuartizamientos, a quienes no quieren ser parte de esta”, señala un informe de la Dirección Nacional Antidrogas, que menciona que a partir del 2020, en que los Chone Killers se independizan de Los Choneros, empiezan a “escalar su posición, de una organización local a una especializada en brindar servicio logístico a los grupos transnacionales del narcotráfico”. En este proceso —agrega el informe— el narcotraficante Leandro Norero, alias el Patrón, jugó un papel “transcendental como exmiembro de Los Ñetas”.

La banda de Ben 10 también está integrada por su hermano Terry, alias Trompudo, procesado por delincuencia organizada y asociación ilícita, y que hoy cumple sentencia por asesinato. “Ben 10 es conocido en Durán por tantos problemas”, dijo un agente policial hace más de una década. (I)

Los Lobos:

Wilmer Chavarría, ‘Pipo’, temeroso de la cárcel, suplicó en el juzgado

Faltaban diez minutos para las seis de la tarde cuando tres supuestos clientes ingresaron a un local de computadoras en el centro de Cuenca. “Cerraron las puertas y sacaron armas de fuego (…); llenaron unas fundas de basura con las cosas que se llevaron y abandonaron el local”, relató un empleado el día del asalto, 27 de junio del 2007.

Entre los delincuentes, los empleados identificaron a Wilmer Geovanni Chavarría Barre, alias Pipo, actual cabecilla de la banda delictiva Los Lobos, pero que entonces temía la cárcel: “Soy una persona pobre, pero honrada. Me gano el dinero con el sudor de mi frente”.

Wilmer acababa de cumplir 21 años cuando inauguró su prontuario delictivo, que hoy comprende denuncias por suplantación de identidad en 2021, intimidación en 2019 y en 2017, homicidio en 2016, delincuencia organizada en 2016. Y sus delitos se expandieron también a las provincias de El Oro, Pichincha y Azuay. En esta provincia, alias Pipo fue procesado por robo en julio del 2010, tras el asalto al Banco del Austro que ocasionó la muerte de dos personas, heridos y múltiples choques como producto de la persecución de los delincuentes, entre ellos Chavarría, quien quedó identificado por las cámaras de la agencia bancaria.

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“Se observa a Wilmer Chavarría vestido de terno, con una credencial colgada en su cuello. Portaba una subametralladora y utilizó pintura blanca en spray para tapar los lentes de las cámaras”, señala la sentencia en la que se lo condenó a 25 años de prisión, pero su abogado presentó atenuantes y finalmente quedó en 16 años.

Alias Pipo, quien ha sido procesado por delitos contra la vida, robo con muerte y lesiones, organizó la banda Los Lobos cuando estaba en prisión en 2019. “Llega a ser parte de Los Choneros cuando permanecía recluido en el Centro de Rehabilitación Social El Turi”, señala un informe policial antinarcóticos que además menciona que la relación con alias Rasquiña —fallecido cabecilla de Los Choneros— “determinó el ascenso de Los Lobos durante esos años, a tal punto que alias Pipo proporcionaría hombres para la seguridad personal de alias Rasquiña”.

“Tras obtener su prelibertad en el 2019, se radica en la subzona Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se reúne al clan familiar Franco-Cedeño para coordinar sus actividades ilícitas”, refiere el informe policial.

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Los Lobos se especializan en extorsiones y en microtráfico; con estos delitos comenzaron en la prisión del Turi y de la subzona de El Oro. Tras las masacres carcelarias, el Estado separa a los miembros de esta organización, pero esta acción permite su expansión a otras provincias, entre ellas Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Los Ríos, Napo, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Azuay y Loja.

Pipo, padre de dos hijos y quien gozaba de su prelibertad desde 2019, registra su fallecimiento el 23 de febrero del 2021, supuestamente a causa del COVID-19. La Policía presume que falsificó su acta de defunción como “estrategia para despistar a sus enemigos y autoridades”. En diciembre del año pasado, en la Fiscalía, se presentó una denuncia contra alias Pipo por “uso de documento falso”. (I)

Los Tiguerones:

William Alcívar, ‘Negro Willy’, fue acusado de ingresar droga a la cárcel

Un adolescente de 17 años identificó a William Joffre Alcívar Bautista como uno de los siete hombres que al mediodía del sábado 15 de agosto del 2020 participó en el asesinato de Édison Guerrero Escobar, en el barrio El Arenal, en Esmeraldas.

“Él manejaba una moto. William Joffre manejaba una moto cuando los sacó a los dos sujetos que disparaban. Este es, Alcívar Bautista William Joffre”, confirmó el adolescente al mirar las fotografías mostradas por los agentes durante su testimonio, en el que también identificó al gatillero que ese fin de semana acribilló a la víctima.

William Alcívar, conocido como Negro Willy y cabecilla de la banda narcocriminal Los Tiguerones, fue procesado por asesinato en 2020, pero el dictamen acusatorio del fiscal no fue validado por la jueza Saby Hinojosa, quien dispuso el sobreseimiento del entonces prófugo William Bautista y que se suspendiera su orden de captura, señalando que “Fiscalía no había reunido los elementos suficientes para sustentar la acusación”.

De 34 años y oriundo de Esmeraldas, pero domiciliado en Guayaquil, el prontuario delictivo de Negro Willy comenzó a partir de los 26 años, cuando en 2015 se registran sus primeras denuncias y juicios por asociación ilícita, y más tarde por asesinato y receptación.

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Para entonces, William Alcívar aún trabajaba como guía penitenciario en el Centro de Privación de Libertad Regional 8 de Guayaquil, ciudad en la que ejerció como “servidor público de apoyo 2″ en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde mayo del 2012.

En 2015 fue llamado a juicio tras vincularlo con la introducción de droga en la Regional 8; sin embargo, él negó su responsabilidad. “No tenía nada que ver ni ningún tipo de participación en esta situación. Yo actualmente trabajo en el Centro de Rehabilitación de Varones N.° 1 del Guayas; ocupo el cargo de agente penitenciario. Yo, el 5 de junio de 2015, saqué al señor Lorenzo Bone Méndez y a Carlos Alonso Quinteros Bassan hasta Milagro a una audiencia. Sobre la droga, nosotros simplemente los dejamos en una celda donde siempre ellos se han quedado (…). Luego, en la noche del viernes, lo sacan al señor Quinteros Bassan con la barriga que se le había reventado supuestamente cápsula”, declaró Alcívar.

Los Tiguerones surgieron en el 2017, como un brazo armado de Los Choneros. “Sus actividades se concentran en el distrito Nueva Prosperina”, señala un informe de la Dirección Nacional Antidrogas, que menciona al Negro Willy como quien comanda la organización, aunque también incluye en el liderazgo a dos de sus hermanos: Álex (alias Ronco) y Luis (alias Puya).

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Este último también fue guía penitenciario e ingresó a la función pública el mismo año que su hermano, en 2012. En mayo de 2019, Puya cumplía una condena por asesinato en la Penitenciaría del Litoral cuando se fugó junto con otros miembros de Los Tiguerones. Al Negro Willy se le atribuye esta fuga, en la que también huyó entre los detenidos un mexicano procesado por tráfico de drogas.

Esta organización mantiene actualmente una disputa con la banda Los Gangsters, aliada de Los Choneros, y ha penetrado en instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas, incluso en entidades deportivas. En diciembre de 2022 fue llamado a juicio el exfutbolista Gabriel Cortez, durante un operativo para desarticular a esta organización delictiva. (I)

Los Lagartos:

Carlos Mantilla, ‘Choclo’, era ‘asistente’ de equipo femenino

Un revólver artesanal de calibre 38, tres tacos de dinamita, $ 1.200, cinco celulares y una moto tenía Carlos Christian Mantilla Ceballos, alias Choclo, en su casa, en la cooperativa Luchar es Vencer del Guasmo Sur (Guayaquil), el 22 de agosto de 2011. Ese día, la Policía allanó su vivienda horas después del crimen de su vecino Carlos Barberán Ramírez y del intento de asesinato de otros dos miembros de la misma familia. El ataque fue perpetrado en la madrugada por cuatro sujetos, quienes irrumpieron en este domicilio y dispararon en contra de los ocupantes, que descansaban en las habitaciones.

“A mis hijos los sorprendieron mientras ellos dormían”, señaló el padre del occiso, mientras que su hijo herido reconoció a los atacantes, entre ellos Choclito, como lo conocían en el barrio. “Ingresó la policía diciendo que había un allanamiento para buscar armas, y a lo que me llevan a la Policía Judicial me estaban acusando de una muerte”, testificó Mantilla, quien meses después fue sentenciado a 25 años de prisión, hasta el año 2036.

Mantilla es, según un informe policial, el actual cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Lagartos, cuyos ‘jefes’ anteriores fueron su hermano Geovanny, alias Gorras, quien falleció por COVID-19 en 2020, y los hermanos Poveda Salazar, alias Caimán, Metralla y Cubano, todos asesinados. El último en ser victimado fue el Cubano, en 2019, año en que otros reclusos lo decapitaron y jugaron con su cabeza en el patio del centro carcelario de Cotopaxi. Dos años después, en 2021, empezaron los enfrentamientos y masacres carcelarias, por los que hasta este año han perdido la vida más de 500 reclusos.

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Por estos incidentes, Mantilla junto con un grupo de internos impulsaron un habeas corpus para evitar su traslado del Centro Carcelario 5 de la Penitenciaría de Guayaquil, donde cumplen condena los integrantes de esta banda, que opera en el sur de la ciudad, al pie del estero Salado, para trasladar la droga desde embarcaciones pequeñas hasta los buques de carga que se dirigen a países del norte, Centroamérica y Europa. “Al trasladarlos a cualquier cárcel del país los van a matar. (Los Choneros) van a formar un caos a nivel nacional”, señaló el defensor de los internos al presentar este recurso, que fue concedido para precautelar sus vidas.

En 2021, Fiscalía lo vinculó con el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales, luego de que uno de los dos detenidos confesara que la orden de su ejecución fue dispuesta desde prisión, y en febrero de 2022 lo sentenciaron a 17 años de prisión por ser identificado como ‘cómplice’ del crimen. Apelaron el caso y aún no se conoce la resolución.

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Carlos Mantilla, quien sostuvo que era ayudante de su padre en un equipo de fútbol femenino, también fue sentenciado a un año de prisión por extorsionar a parientes de reclusos, en 2014, y a 50 meses de reclusión por delincuencia organizada, el año siguiente. Su participación, según la investigación policial que se detalla en esta causa, es la de “líder, puesto que es él quien conseguía las sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización”.

En otro proceso, por ingresar artículos prohibidos (cargador y batería de celular) a su celda, fue absuelto este guayaquileño de 35 años. Tanto él como su compañero alegaron que esos aparatos pertenecían a otro interno, quien reconoció que eran de su propiedad: “Los chicos no tienen ninguna responsabilidad”. (I)

Latin King:

Carlos Macías Saverio, ‘el Diablo’, tiene causa abierta por asesinato

Carlos Manuel Macías Saverio goza de su libertad desde hace siete años. En 2016 salió de prisión tras cumplir dos sentencias por tráfico de drogas y tenencia de armas; y, desde entonces, no ha sido acusado ni procesado por ningún otro delito, según los registros de Fiscalía y Función Judicial.

No obstante, la Policía identifica a Macías, alias el Diablo, como el actual cabecilla de los Latin King, luego de que su representante anterior, Manuel Zúñiga, alias King Majestic, fuese asesinado en mayo del 2022 en Quito. Esta organización, que empezó siendo una pandilla en los años 90 en el país y que en 2007 fue legalizada por el Gobierno, se mantendría “neutra”, es decir, no tendría como aliados a Los Choneros ni a Los Lobos. Actualmente sus facciones, según la Policía, cometen delitos de robo, sicariato y tráfico de drogas en Durán —ciudad donde se disputan el territorio con los Chone Killers— y en los distritos Esteros, 9 de Octubre y Ceibos, de Guayaquil. Y en la Penitenciaría del Litoral manejarían tres pabellones —1, 4 y 11— de los doce que tiene este reclusorio.

Macías, de 42 años, ha sido procesado por tres delitos desde los 27. Por tenencia de armas de fuego lo condenaron dos veces: a un año de prisión en 2008 y a 18 meses de reclusión en 2014. Ese año fue detenido, luego de su intento de escapar de la policía, en su casa, en una ciudadela del norte de Guayaquil. Ahí tenía un arma, dos alimentadoras, un cargador, 18 cartuchos de calibre 9 mm, más de $ 7.000 (una parte en el coche de un bebé y la mayoría en su habitación), cuatro celulares, siete chips telefónicos, documentos falsos y 199 gramos de cocaína en dos paquetes (uno sobre la refrigeradora y el otro dentro de un basurero).

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Por esta última evidencia lo sentenciaron también a un año de prisión por tráfico de droga. Al Diablo lo investigan, además, por el asesinato de un hombre cometido en 2008 en la ciudadela Primavera 2, de Durán. Este caso está abierto; en una providencia de marzo de 2023 se dispone a los abogados de Macías que le informen a él que “tiene esta causa pendiente de juicio y que debe comparecer ante este tribunal”.

Mientras que en un escrito de 2021 se detalla que la audiencia de juzgamiento no se ha podido realizar por distintos motivos, como “falta del fiscal, falta de testigos y del mismo procesado, lo que ocasionó que el proceso de juicio se dilate”.

Los últimos tres años, este comerciante se ha dedicado —según su RUC— a la venta de cacao en Olmedo (Manabí), y además figura como socio de la empresa de limpieza The Magnificent of Cleaning, ubicada en la Primavera 2, de Durán (Guayas), la cual no ha presentado sus reportes financieros a la Superintendencia de Compañías. Solo en 2021, año de creación de la firma, pagó $ 3,75 de impuesto a la renta al SRI. (I)