Organizaciones de la sociedad civil se mostraron preocupadas por la situación de la niñez en medio de la declaratoria que hizo el Gobierno de un conflicto armado interno, pues consideran que ha habido reclutamiento forzado.

El 9 de enero pasado, el presidente Daniel Noboa expidió un decreto ejecutivo en el que reconoció la existencia de un conflicto armado interno e identificó a 22 grupos delincuenciales.

Para Manuel Martínez, coordinador del Pacto por la Niñez y Adolescencia, autoridades estatales están yéndose en contra de la Constitución y otras normativas.

Publicidad

Agregó que están de acuerdo con que la fuerza pública y el sistema estatal actúen de manera frontal y enérgica para enfrentar la inseguridad, pero no que haya agresiones o humillaciones.

Sostuvo que si un adolescente ha cometido un delito tiene que ser sancionado y hay una justicia y sanciones especiales para ellos.

Reportan aglomeración de personas en inmediaciones de la Penitenciaría tras intervención militar y policial

Efigenia Witt, de la Coalición Contra el Abuso Sexual en la Niñez del Ecuador, citó el artículo 369.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que -agregó- sanciona el reclutamiento de niños con fines delictivos, como crimen organizado, tráfico de estupefacientes, terrorismo, entre otros, con una pena de hasta 16 años para los reclutadores.

Publicidad

Witt mencionó que son reclutados de los sectores más empobrecidos, excluidos y estigmatizados de la sociedad.

Por su parte, Jorge León, de la Alianza por la Niñez y Adolescencia del Ecuador, señaló que no solo hay inquietud por el reclutamiento de bandas criminales, sino además por los demás niños que no están siendo tomados en cuenta por parte de la sociedad en aspectos de educación o salud.

Publicidad

Detienen en Jujan a tres presuntos extorsionadores que pedían $ 50.000 para no atentar contra empresario

Vivian Hidrobo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, mencionó que los menores de edad son víctimas del abandono estatal en relación con sus derechos.

Afirmó que la Defensoría del Pueblo tiene herramientas para activar mecanismos de protección para los niños y se preguntó ¿dónde está el plan para abordar la deserción escolar o los niños en mendicidad?

En una rueda de prensa realizada este lunes en Quito hicieron además varios planteamientos, entre ellos, que el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), que maneja el sistema penitenciario en Ecuador, entregue un informe sobre la situación de adolescentes infractores o que ninguna escuela o unidad de salud sea usada como puesto de mando unificado militar o policial. (I)