El Gobierno y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) analizan los mecanismos para la repatriación de presos extranjeros.

Esto, después del Decreto Ejecutivo 139, suscrito el lunes 29 de enero, para que las sentencias sean ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado.

Equipos técnicos de la CNJ y del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), que maneja el sistema penitenciario en Ecuador, iniciaron este martes con el análisis.

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Iván Saquicela, presidente de la CNJ, señaló -en declaraciones a medios de comunicación- que un Estado fortalecido en su institucionalidad va a poder dar respuesta al combate al terrorismo.

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Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), y el general Luis Zaldumbide, director del SNAI, durante una reunión, en la CNJ sobre el protocolo de repatriación de privados de libertad extranjeros. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

Explicó que hay normas internas que constan en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Señaló que esa institución ha elaborado un borrador o proyecto de lo que podría ser un instructivo para la ejecución de las repatriaciones que contemplaría aspectos del derecho, de los derechos de las personas privadas de la libertad y con eficiencia.

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El SNAI es la entidad encargada de realizar los procedimientos para la repatriación de los internos de nacionalidad extranjera que tengan sentencia emitida en el Ecuador.

La repatriación de los presos extranjeros tiene como fin que sus sentencias sean ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado, observando en todo momento lo previsto en la normativa constitucional y legal vigente, así como en los instrumentos internacionales aplicables a la materia, indica el decreto emitido por el presidente Daniel Noboa.

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Luis Zaldumbide, director del SNAI, sostuvo que es importante que haya un trabajo en equipo, de Estado cumpliendo el debido proceso y la Constitución.

Con la repatriación, agregó Zaldumbide, se podrán mejorar las condiciones de vida y los derechos de las personas privadas de la libertad.

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Zaldumbide indicó que desde Cancillería hay conversaciones adelantadas con Colombia y Perú principalmente.

Al titular del SNAI, periodistas le pidieron que dé a conocer cuál es la población carcelaria extranjera y respondió que era “información reservada”.

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Según cálculos expuestos por el mandatario, en Ecuador habría alrededor de 1.500 personas privadas de la libertad de nacionalidad extranjera, sin embargo, el primer censo penitenciario del 2022 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), estableció que 3.245 personas privadas de la libertad eran extranjeras y 28.070 de nacionalidad ecuatoriana.

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La población extranjera en mayor proporción era de nacionalidad colombiana, venezolana y peruana.

Saquicela añadió que existe un convenio internacional conocido como de Estrasburgo, que es una base jurídica internacional para el tema.

Luego de la reunión técnica de los equipos de ambas entidades habrá un documento. (I)