Implementar el pedido del Gobierno sobre la suspensión de la señal para teléfonos celulares en las zonas aledañas a las cárceles podría resultar complicado.
La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) expuso que no es factible apagar las señales de las redes sin afectar a la comunidad de esas zonas y sus actividades productivas.
Si bien hay operativos por parte del Bloque de Seguridad, que lo integran policías y militares, teléfonos celulares se siguen encontrando en los centros de privación de la libertad.
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El ministro del Interior, John Reimberg, advirtió con demandas a las operadoras telefónicas en caso de no acatar el pedido de cortar la señal de telefonía móvil.
“Como son zonas de seguridad, ellos están avisados y vamos a hacer lo que tenemos que hacer”, dijo el funcionario.
El pasado 25 de marzo, personal de Fuerzas Armadas ejecutó una intervención en el centro de privación de la libertad Carchi n.º 1, en Tulcán, donde se realizó un registro en los pabellones de hombres y mujeres.
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Durante la operación, informó la institución militar, se encontraron varios objetos prohibidos en poder de las personas privadas de la libertad (PPL), como por ejemplo tres terminales móviles, dos displays de celular, dieciséis enchufes de cargador, catorce cables de carga y cinco audífonos de cable.
Hugo Carrión, especialista en telecomunicaciones, compartió la posición de la Asetel y explicó que la cobertura inalámbrica que tiene la telefonía celular se hace a través de lo que se llama celda, y cada celda es cubierta por una radiobase en función de la densidad.
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A modo de ejemplo, señaló que, si hay una celda en una localidad que está cerca de un centro de privación de la libertad, va a cubrir también esa cárcel, por lo que, si se dice que hay que quitar la señal, todo el sector no tendrá cobertura.
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Mencionó que hay soluciones técnicas, como la instalación de más celdas para aislar la cárcel, pero significaría más costos. Indicó que en una eventual inversión las empresas que prestan el servicio no lo van a hacer pues no está entre sus obligaciones, por lo que consideró que podría ser algo compartido entre el sector público y privado.
A criterio de Carrión, una solución podría ser construir una cárcel en un lugar aislado en el cual no haya cobertura o la colocación de inhibidores, pero podrían darse hechos ilícitos para que los inhabiliten.
Expresó que no podría haber una medida definitiva porque, incluso en lugares recónditos donde no haya cobertura, los grupos de delincuencia organizada podrían incluso conseguir dispositivos satelitales con cobertura ilimitada. (I)
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