Un tribunal de tratamiento de adictos infractores es la propuesta que tiene la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para el tratamiento por adicciones en el contexto de la decisión del presidente Daniel Noboa Azín de eliminar la tabla de consumo de drogas.

Iván Saquicela, presidente de la CNJ, citó el artículo 364 de la Constitución que determina que las adicciones son un problema de salud pública y que no se puede criminalizar, es decir, no se puede privar de la libertad a un consumidor.

Lo que sí está criminalizado, agregó, es expender las drogas.

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¿Cómo llegar a determinar en cada caso y cómo saber si una persona además de expendedor es un consumidor de drogas o no es consumidor sino vendedora?, es la pregunta que se hizo Saquicela, en una entrevista en radio FM Mundo, días atrás.

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La tabla de consumo de drogas, precisó, establecía umbrales para que el juez tenga una referencia si era expendedor o consumidor.

Ahora, sostuvo, se requiere que haya una aclaración del contenido al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que determina que la tenencia de droga para consumo no puede ser castigada, pero deberá haber una normativa, que ya no existe, en referencia a la derogatoria de la tabla.

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La Corte Constitucional y la CNJ, añadió, han sido claras en determinar que la llamada tabla era referencial, porque del conjunto de pruebas en cada caso que presente la Fiscalía los jueces podrán resolver.

Saquicela señaló que el organismo determinará criterios para que los jueces puedan resolver.

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Para el penalista Pablo Encalada, la decisión del Ejecutivo es un error. Argumentó que hay personas que consideran que la tabla es la causante del incremento del consumo o de la criminalidad. Explicó que ese instrumento es una herramienta para que el sistema judicial pueda distinguir entre consumidores y traficantes.

Saquicela planteó la creación de los tribunales de tratamiento a adictos infractores.

El tribunal sería interdisciplinario conformado por médicos, psiquiatras, trabajadores sociales y el sistema de justicia.

¿Cómo funcionaría? Una persona adicta que comete un delito menor está sometida a la justicia por el delito, ofrece rehabilitarse y, si es así, se archiva la causa judicial solo para delitos menores.

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Encalada ha conocido de cerca la creación de esos tribunales.

Indicó que —junto con Saquicela hace algunos años— fueron a Chile a ver cómo funcionan lo que se conoce como tribunales de drogas como una alternativa a los adictos.

Señaló que depende de la voluntad de la persona para rehabilitarse y la causa judicial se termina. Aseguró que ha dado buenos resultados en varios países, como México, Costa Rica y Estados Unidos, pero se requiere una reforma del COIP.

El experto dijo que es difícil decir que se va a reducir el consumo o las tasas de criminalidad, pero sería importante para recuperar a las personas de las adicciones. (I)