La construcción de una cárcel en la provincia de Santa Elena se concretará el próximo jueves 20 de junio. Ese día, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) tiene previsto adjudicar la edificación del nuevo centro penitenciario por un monto referencial de $ 52,1 millones.

El único proveedor invitado es la firma española Puentes y Calzadas Infraestructuras S. L., que forma parte del holding internacional Grupo Puentes y es, además, subsidiaria de la empresa estatal china China Road And Bridge Corporation (CRBC). En Ecuador, la compañía elegida por el SNAI fue constituida en 2013 con un capital de $ 100.000.

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En el país, esta contratista española tiene experiencia en la edificación de dos hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esta entidad contrató, en diciembre de 2015, a Puentes y Calzadas Infraestructuras S. L. y Sinohydro Corporation Limited, como parte del consorcio NHG, para la construcción del Hospital General del Norte IESS Los Ceibos (Guayaquil) por $ 200,2 millones. Este centro fue inaugurado en marzo de 2017.

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Puentes y Calzadas Infraestructuras S. L. también trabajó con la China Railway First Group y Semaica, en el consorcio NHQ, para levantar y equipar el hospital del IESS Quito Sur por $ 198,8 millones. El contrato se firmó en septiembre de 2016 y se edificó en un año, tiempo considerado por el holding como “récord constructivo” en esa categoría. La atención para afiliados y jubilados se inició en diciembre de 2017, año en que la empresa reportó $ 41,3 millones de ingresos.

Los siguientes años (2018-2019), la compañía registró más de $ 4 millones en ventas, en 2020 disminuyeron a $ 2,6 millones y en los últimos tres años (2021-2023) no se detalla su recaudación. Aunque en sus balances sí constan sus ganancias: $ 76.548, el año pasado; y $ 1,4 millones, en 2022.

La empresa española no detalla, en sus informes financieros, si obtuvo más contratos públicos. No obstante, en las redes sociales del Grupo Puentes postean fotos de los proyectos ejecutados en varios países. En Ecuador se muestran -por ejemplo- las construcciones de las unidades educativas José Peralta (2023) y Quevedo (2022) y el puente sobre el río Chiche (2014).

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Con esta experiencia y por ‘razones de conveniencia y viabilidad técnica’, el SNAI acogió invitar a la subsidiaria de una empresa estatal de la comunidad internacional para esta obra. Los pliegos y las especificaciones técnicas del proyecto fueron clasificadas como reservadas por el SNAI, el pasado 28 de marzo, por lo que estos documentos no son públicos.

La reserva de los planos y los detalles tecnológicos es “crucial por razones de seguridad. Al mantener esta información reservada se evita que GDO (grupos de delincuencia organizada) y grupos terroristas puedan acceder a esta información y detectar en la misma vulnerabilidades o debilidades en el diseño que puedan ser aprovechadas para realizar actos de sabotaje, realizar excavaciones clandestinas o tomar control sobre la energía y los servicios básicos”, señala un informe del SNAI, institución que entregó la información del proyecto a la proveedora invitada para que presente su oferta hasta el pasado 11 de junio.

La propuesta de la firma española no había sido publicada en el Sercop hasta el 14 de junio. Y en caso de ser adjudicada por el SNAI, recibirá un anticipo del 40 % ($ 20,8 millones) de la obra y tendrá un plazo de 300 días (diez meses) para levantar el nuevo centro en la península.

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El presidente Daniel Noboa anunció la construcción de dos espacios penitenciarios en Santa Elena y Pastaza, el 4 de enero de este año. Ese día estimó que se colocaría la primera piedra la semana siguiente. Luego, el 17 de mayo, el mandatario aseguró -en una entrevista con Tribuna EFE- que en aproximadamente dos semanas pondría la primera roca para dar inicio a la construcción del CPL en Santa Elena, el cual -añadió- permitirá ‘desarticular’ las cárceles que funcionan como centro de operaciones para grupos delictivos.

Con esta nueva infraestructura se espera reducir el hacinamiento, que hasta fines de abril alcanzaba el 15,6 % por la falta de 4.325 plazas. En total, los centros carcelarios ubicados en las nueve zonas del país tienen capacidad para 27.714 personas privadas de la libertad (ppl), pero albergan a 32.039 internos. De ellos, 20.128 son sentenciados, 11.245 procesados, 338 contraventores y 328 por apremio.

Solo en las prisiones de las zonas 3 (Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua) y 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago) tienen 669 plazas disponibles. En tanto que las cárceles de las otras siete áreas tienen una sobrepoblación penitenciaria. La Zona 5 (Bolívar y Los Ríos), por ejemplo, tiene un 70 % de hacinamiento; la 9 (Pichincha), un 51 %; la 2 (Napo), un 47 %; la 7 (El Oro y Loja), un 46 %; y la 8 (Guayas), un 30 %.

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En esta última zona están las cinco prisiones que integran el complejo carcelario de Guayaquil, considerado -según el presidente Noboa- el punto de mayor concentración de grupos ‘narcoterroristas’. Por ello, desde este centro -añadió- serán trasladados los primeros reclusos al nuevo espacio penitenciario, cuya capacidad será para 736 internos. Se los distribuirá en 160 celdas de alta seguridad (para cuatro reclusos), en 32 de máxima seguridad (para dos presos) y en otras 32 de supermáxima seguridad (para un ppl).

También, según los detalles que proporcionó el Gobierno en enero pasado, contará con inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, sistema de tratamiento de aguas.

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