La búsqueda de crecimiento con justicia social en una economía abierta nos lleva a identificar a los derechos humanos como auténticos aceleradores comerciales. La armonía entre los valores humanos fundamentales y las normas de comercio exige una convivencia basada en la confianza mutua para construir un auténtico desarrollo sostenido.
Para el sistema de comercio multilateral, integrar a sus normas el cumplimiento sistemático de los derechos humanos es no solo un deber, sino una obligación moral que se refleje en sus distintos instrumentos comerciales, donde los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se integren con supremacía formal y explícita al reglamentar el ejercicio de un comercio justo, que garantice equidad, transparencia e imparcialidad a escala global.
Desde la dimensión regional, al estar próximos a la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), nuevas variables se integran al juego comercial: la economía digital, que sin duda agilizará la definición y alcance de los derechos digitales a partir del entendimiento del acceso a internet como un derecho humano; y la justicia laboral, orientada a fortalecer la estructura salarial –a través de un índice regional–, la protección de los trabajadores migrantes, la discriminación laboral, la abolición efectiva del trabajo infantil, la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Dos variables donde el comercio y los derechos humanos entran en acción sincronizada.
Desde la práctica local, los estados deberán mostrar agilidad legislativa para integrar nuevas variables en su ordenamiento jurídico, a través del cual consumidores, empleadores, sindicatos y trabajadores tendrán nuevos derechos y obligaciones. Por su parte, la empresa deberá adelantarse a los tiempos del Estado para armonizar su estrategia de negocio con el ejercicio efectivo de los derechos humanos, poniendo en el centro a la persona en toda su cadena de valor.
En el contexto geopolítico actual, se visualiza un nuevo reordenamiento en el comercio global; nuestro continente podría representar un bloque regional que capitalice los avances del T-MEC e incluso los supere, para de manera progresiva, productiva y eficiente garantizar el ejercicio del comercio con justicia social, en torno a una agenda común basada en dos frentes estratégicos: la digitalización y la migración. Dos frentes que nos liberan de la mentalidad de frontera y aceleran la práctica de un comercio inclusivo, que salvaguarde el ejercicio de los derechos fundamentales como diferenciador en la interacción comercial y su cadena de producción.
Pensar en el comercio y los derechos humanos como dos sistemas aislados constituye la mayor amenaza para construir una globalización justa. Es momento de integrar estas dos fuerzas de transformación en un sistema único, donde el respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales se reflejen en los tratados comerciales a través de una cláusula de relevancia que fortalezca su universalidad; una cláusula que sin duda reafirmaría el valor de la transparencia y la libertad en la práctica comercial. (O)
