Aun no siendo yo afectado y no conociendo a quienes deben por hacer préstamos para realizar estudios universitarios, me indigna que la Corte Constitucional no apruebe de inmediato el decreto ley para becas de estudiantes (decreto ley denominado Beneficio de los ciudadanos en coactiva por créditos educativos), situación que ha sido reseñada por los medios de comunicación desde hace varios años, y que en ciertos casos los padres de familia jubilados son los garantes.

Algunos profesionales no han logrado ubicarse en el medio laboral ecuatoriano y optan por buscar trabajo en el exterior. Pienso que el presidente del Ecuador no tomó la decisión demagógicamente y por lo que se vio por la televisión, los familiares afectados se sentían agradecidos. Espero que los becados no sean como aquellos ciudadanos que prestan dineros a la CFN (Corporación Financiera Nacional) y luego no pagan o quieren entregar activos sobrevaluados y hasta se atreven a enjuiciar al prestamista.

Lamentablemente la Corte Constitucional con visión miope –al igual que en la absurda orden de autorizar tardíamente una consulta popular sobre la explotación de petróleo en Yasuní, la cual ya hace diez años se la viene efectuando– toma decisiones que perjudican a los ecuatorianos. No se necesita ser erudito en leyes para obrar pronta y lógicamente. Por lo que pasa, tengo que concluir que la Corte Constitucional sería un ‘supergobierno’ que puede entorpecer las labores de cualquier autoridad. (O)

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Jorge William Tigrero Quimí, economista, Guayaquil