Así como Tomás Moro tuvo la suya, el profesor Luiggi Ferrajoli nos regaló otras en sus obras sobre derecho garantista; para quienes no son abogados, este propende a la protección de derechos y garantías básicas de todos los seres humanos.

Una parte del pensamiento de Ferrajoli se puede resumir en que el homo sapiens solo por el hecho de nacer con este género y esta especie tiene un estatus de persona o ser humano que lo dota de garantías básicas inviolables en sentido positivo y negativo, es decir, de poder disfrutarlas y esperar que no sean violadas. Sin embargo, cuando miro las publicaciones de los servicios informativos en las redes sociales o en diferentes medios, sobre sicariatos o crímenes en los centros carcelarios, por ejemplo, me pregunto si se puede seguir llamando personas o seres humanos a quienes ejecutan esos actos execrables, por la atrocidad con la que los cometen. ¿Acaso no es inevitable pensar que en alguna parte los autores de estos delitos perdieron ya todo vestigio de humanidad?

Y lo anterior me lleva a pensar que esta puede ser la razón del fracaso de las políticas de seguridad ciudadana y rehabilitación penitenciaria, pues están tratando como personas a quienes ya no lo son, porque la comisión de estos crímenes horrendos les quitó su estatus de seres humanos, el mismo estatus que ellos no le reconocen a sus víctimas cuando los acribillan, mutilan, incineran, etc.

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Se pueden buscar miles de excusas, justificaciones sociales y económicas, como hacen los organismos contaminados, pero la inevitable conclusión es que la teoría de los derechos humanos aplicada a mansalva y en beneficio de quienes no lo merecen, en detrimento de los derechos y la seguridad de las grandes mayorías de bien, debe ser reformada en un sentido restrictivo, y aunque sería imposible que legalmente exista la remoción de la calidad de ser humano –no importa lo que hayan hecho–, sí se los podría declarar enfermos sociales que se automarginan del Estado de derecho y, por lo tanto, pueden ser aislados de por vida por su propia seguridad y la de los demás; lo que para el Estado implicaría un coste mucho menor en comparación al que tiene que asumir hoy, para garantizar la seguridad de la ciudadanía. (O)

Carlos Gustavo Cortaza Vinueza, abogado, Guayaquil