El presidente envió a la Asamblea el justificativo del presupuesto 2023, un documento de 108 páginas. En él nos dice cómo el Gobierno ve el desenvolvimiento de las variables económicas que afectan su programación presupuestaria.

Estiman una inflación de 2,55 % para fines de 2023. A septiembre está en 4,12 %, por lo que se prevé una desaceleración paulatina. La dolarización ha impedido que la inflación se dispare, como sucede en los países vecinos. Los colombianos están alarmados, y qué decir los argentinos. El clima frío de la Sierra ha reducido la oferta de alimentos y elevado sus precios. Ha habido un alza de fletes de importación, consecuencia de la pandemia y de los precios de ciertos productos como el aceite y el fertilizante por la guerra de Ucrania. Hoy los fletes tienden a bajar, los precios afectados por la guerra de Ucrania no subirán más y si mejora el clima el próximo año, los alimentos costarán menos. El alza de 2,55 % reflejaría la inflación de los países proveedores del Ecuador, en particular en los EE. UU. que es del 8 %.

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El precio del petróleo ecuatoriano las autoridades lo ubican en $ 64,84 el barril, que sería un buen precio, pero no excepcional. Finanzas estima el precio del petróleo en función a lo que indica el mercado de futuros para cuando se elabora la proforma, lo que es lo correcto. La más reciente tendencia es alcista, que podría llevar el crudo ecuatoriano sobre los $ 70.

El no aumentar la producción petrolera significa menos ingresos fiscales...

El crecimiento de la economía sería de 3,1 %, anotan las autoridades, cifra más optimista que la del Fondo Monetario, que es del 2,7 %. El crecimiento previsto por las autoridades se basa en una expansión de la producción petrolera de 4,5 % consecuente con la meta fijada por el Gobierno en sus inicios. Pero el flamante ministro de Energía, Fernando Santos, declaró a EL UNIVERSO que ese crecimiento no es posible. Hay problemas con ciertos campos petroleros, y la inversión privada se mantendría baja por los acuerdos del Gobierno con los movimientos indígenas, así como por la declaratoria de inconstitucionalidad por razones de forma de la migración de contratos petroleros a la modalidad de participación, modalidad que estimula la inversión. Santos plantea que se estime que no aumentará la producción petrolera. Con eso, el crecimiento del PIB en 2023 asemejaría al 2,7 % del Fondo. No habría una aceleración de la leve recuperación que experimentamos.

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El no aumentar la producción petrolera significa menos ingresos fiscales, en circunstancias que en la proforma se prevé necesitar $ 7.577 millones en 2023. De eso, la mayor parte son préstamos que se vencen, en gran medida del Seguro Social, los que el Seguro renovaría. El déficit que consta en la proforma es de $ 2.630 millones, ya contemplando el alza de sueldo y bonificaciones del magisterio que dictaminó la Corte Constitucional.

El déficit se lo pretende cubrir con más deuda con el IESS y préstamos de multilaterales. Pero quedan $ 600 millones sin financista, y habría que colocar bonos en el mercado. Lo cual, a la tasa actual de riesgo país, no es viable. Y ahora, con lo que los ingresos petroleros serían menores a lo previsto, el hueco sería mayor. El Gobierno no podría cumplir con todo el gasto presupuestado.

En fin, año sin sobresaltos fiscales, pero tampoco de arranque económico. (O)