El presidente Daniel Noboa ha dicho que una guerra cuesta harto dinero, esto a propósito de justificar el envío a la Asamblea Nacional del proyecto de Ley orgánica económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. En esa línea, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha calculado –para este año– en al menos 1.020 millones de dólares el costo que representará para el país hacer frente a las amenazas vinculadas con la delincuencia organizada, el crimen transnacional, narcotráfico, terrorismo, entre otras, que han convertido al Ecuador, penosamente, en uno de los lugares más inseguros del mundo, al cerrar el año 2023 con una tasa de 46,5 muertes violentas por cada cien mil habitantes.
Frente a ese escenario, el Gobierno nacional propone financiar el costo de la ‘guerra’ con la elevación del IVA en 3 puntos al pasar del 12 % al 15 %, con lo cual el MEF estima recaudar, por año, y de manera ‘sostenida’ según dice, alrededor de 1.300 millones de dólares.
No obstante, este planteamiento ha levantado todo un avispero en la opinión pública, debido a que, con esta medida, lo que se pretende es colocar el mayor peso de la crisis en los hombros de una golpeada clase media y ni qué decir de los desheredados del sistema, los pobres, sin capacidad para absorber un incremento en los precios que no sea a través de un mayor deterioro en su calidad de vida.
Y los cuestionamientos tienen validez dado que se acude a un impuesto indirecto para incrementar los recursos, lo cual va en contravía de la justicia tributaria, afianzado en su enfoque de progresividad, esto es, obligar a quienes más tienen a contribuir en mayor medida al fisco. De hecho, durante el año 2023 el SRI reportó como recaudación nacional bruta un monto de 17.000 millones de dólares, desagregados en un 55 % en impuestos indirectos (regresivos) y un 45 % en directos (progresivos). Consecuentemente, con este proyecto de ley no solo que no se corrige esta brecha, sino que más bien se la profundiza.
Por otra parte, incrementar este tributo tendría como efecto una contracción en el consumo, siguiendo la lógica del mercado y la elasticidad precio de la demanda. Consecuentemente, al elevar los impuestos, en medio de una economía ralentizada (con proyecciones de crecimiento de su PIB de apenas el 0,7 %), se corre el albur de impactar negativamente en la demanda agregada, la cual depende también de las inversiones, del gasto público y del comportamiento del sector externo, componentes todos ellos afectados, en su orden, por las elevadas tasas de interés y falta de certidumbre para los inversores; un gasto en obra pública que se contabiliza con cuentagotas; y una balanza comercial no petrolera deficitaria (en $ 337,2 millones, con corte a noviembre 2023), con marcados desequilibrios con los socios comerciales inmediatos como Colombia (-1.391,3), Brasil (-929,4), Perú (-665,3), entre otros.
Consecuentemente, si se asfixia en este momento al consumo de hogares con un IVA recargado lo que se esperaría, en general, es una menor recaudación producto del debilitamiento de la economía. Entonces, hay que distribuir la carga entre quienes puedan soportarla. (O)
