Que la democracia está amenazada es una realidad que se constata en muchos países americanos y europeos. También es evidente que los problemas que afectan a este tipo de régimen ya no vienen de afuera, como en épocas anteriores cuando el problema eran los cuartelazos y la implantación de dictaduras de mano dura. Ahora los peligros vienen de adentro, tanto desde las propias instituciones como de la ciudadanía. Las primeras porque han perdido su capacidad para organizar y mantener el orden político, ya sea por la erosión originada en pésimas administraciones o por ser utilizadas como feudos de círculos poderosos o, en el peor de los casos, han sido penetradas por grupos de delincuencia organizada. La responsabilidad de la ciudadanía, por su parte, está en la indiferencia con que asiste al derrumbe e incluso en el entusiasmo con que apoya a las tendencias políticas demoledoras.
Aportes peligrosos a las campañas políticas
El caso ecuatoriano es un modelo de esa situación. La democracia hace agua por todos sus costados. En todos los niveles –desde el procedimiento básico de las elecciones hasta la vigencia del Estado de derecho, pasando por todos los demás aspectos– se encuentran problemas que constituyen amenazas para la vigencia plena del régimen democrático. Precisamente en este momento, cuando de hecho ya estamos en campaña electoral, se evidencian grietas que ponen en riesgo a los pilares que deberían sustentarlos. Basta considerar los temas del debate y las formas en que este se manifiesta para comprobar que la preocupación de los políticos viejos y nuevos no está en la búsqueda de soluciones para los problemas de fondo. La pobreza, la crisis fiscal, el desempleo abierto y encubierto, la obsolescencia institucional del sector público o la corrupción generalizada no tienen cabida en medio de la desbocada palabrería de los aspirantes a cualquier puesto.
El único problema que recibe atención es el de la inseguridad. Lo es porque constituye una cantera cuantiosa de votos y porque para conseguirlos no hace falta nada más que ofrecer mano dura. El debate político se ha restringido a la forma de aplicar esta, sin considerar toda la complejidad del tema, que abarca a las condiciones socioeconómicas, al sistema judicial, al sistema carcelario, a las bases de la confianza interpersonal y a la responsabilidad social del sector privado. De esa manera, la oferta punitiva, que en sí misma es insuficiente, se convierte en un ingrediente para la erosión de la democracia ya que fácilmente pasa por encima de derechos y garantías. El gatillo fácil es una de las llaves que abren la puerta hacia la aniquilación del Estado de derecho.
Advertencias irresponsables como la del expresidente Correa, quien anuncia una cadena de actos terroristas, son, hasta el momento, la expresión más acabada de esa tendencia que, en ese caso, combina autoritarismo con desesperación. Del otro lado la respuesta no es menos prepotente y soberbia, cuando el presidente –quien debió hacer un gobierno de transición– busca polarizar más la contienda e intervenir en las instituciones judiciales.
El camino que transitamos no lleva a una meta positiva para el país. Al contrario de lo que señala la teoría, la contienda electoral y la renovación de autoridades judiciales servirán para erosionar más a la democracia. Nos empeñamos en engrosar las amenazas. (O)
