Los resultados que arroja la Asamblea en temas trascendentales, no cantidad sino calidad, son muy pobres. Basta valorarlos. La semana pasada aprobó reformas a la Ley del Seguro Social y del Banco del IESS, que no solucionan ni sientan las bases por lo menos para afrontar con responsabilidad los problemas estructurales, especialmente financieros, que tiene la seguridad social.

La propuesta presentada por la comisión legislativa y que fuera aprobada en el pleno no respondió a las necesidades de afrontar los serios problemas de liquidez que tiene el IESS. En lugar de impulsar soluciones técnicas pretenden agravar la situación interna con la injerencia política en la designación del delegado del Ejecutivo y el control político al instituto que maneja recursos distintos del fisco, como reza la Constitución.

Retirada táctica

Cierto que las reformas no apuntaban a enfrentar problemas estructurales del seguro, pero se deben afrontar temas de fondo. Apuntaron a la integración del Consejo Directivo del IESS, que en lugar de tres miembros aprueban cinco, dos por los afiliados, uno por los jubilados, uno por los empleadores y el representante del Ejecutivo, que seguirá presidiendo.

Acaso los graves problemas que tiene el seguro social se van a arreglar con la aprobación de la nueva integración del Consejo Directivo, cuando tiene enormes necesidades de recursos y de financiamiento, especialmente para sostener los fondos de salud y de pensiones. Acaso con ello se definirán las enormes deudas que tiene el Estado y que ni siquiera, en el fondo de salud se han concretado. Igualmente, el incumplimiento en el pago puntual del 40 % para financiar el fondo de pensiones, que peligrosamente sigue reduciendo sus reservas.

Los profundos problemas estructurales siguen intocados y no se atina a sentar las bases para parar este proceso de deterioro de un modelo que es insostenible si no se toman los correctivos a tiempo.

Pero el problema en la agenda de la Asamblea no es solo en materia legislativa; intentan imponer sus pretensiones en fiscalización. Desde la dirección temporal, con la anuencia de su presidente viajero, se presiona para imponer la agenda de quienes luchan por lograr impunidad, en medio de casos penales de corrupción que señala a vinculados a esa mayoría (Metástasis y Purga).

Ahora se explica (lo que se denunció a tiempo) por qué, en medio del acuerdo de mayoría, se entregaron las comisiones importantes de Fiscalización y de Justicia. Resultados: ese proyecto impresentable de reformas penales -descubierto a tiempo- que buscaba allanar el camino para lograr impunidad y que quedó en el limbo.

Poco o nada han avanzado en la investigación del execrable asesinato de Fernando Villavicencio, a quien lo amenazaron reiteradamente. Hoy quieren indagar el caso Purga para tratar de desviar la atención de la investigación penal que lleva a cabo con valentía la Fiscalía y que ha dejado al descubierto la presunta delincuencia organizada entre jueces, operadores de justicia, políticos y miembros de bandas. Esa no es la agenda de gobernabilidad que necesita el país, porque no soluciona los acuciantes problemas económicos y sociales que subsisten. (O)