Seguramente agobiado ante el escabroso contexto de inseguridad que campea en el país y ante la ausencia de políticas más efectivas que sugieran un mejor escenario, el Gobierno nacional decidió autorizar la tenencia y porte de armas de uso personal bajo ciertas condiciones, lo que ha originado un lógico debate entre quienes respaldan de forma abierta la medida y aquellos que argumentan que la medida no permitirá la contención de la escalofriante ola de criminalidad que vive el Ecuador.

De forma objetiva, la tenencia de armas y su control trae consigo una polémica que divide y polariza no solo aquí, sino en la mayor parte del mundo, razón por la cual hay que aceptar que el tema quedará abierto para la discusión por algún tiempo.

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Sin embargo, resulta inobjetable que el Gobierno podría tomar otras medidas quizás más simples, pero más efectivas al momento de combatir la espiral de violencia, como por ejemplo escoger de mejor manera a sus colaboradores al frente de instituciones como la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Estado y el SNAI. En el caso de la secretaría, se trata de una institución encargada de elaborar políticas públicas de planificación y coordinación en materias de seguridad; quien está a cargo debería ser una persona ampliamente conocedora de los retos que significa enfrentar la violencia criminal, especialmente la relacionada al narcotráfico y delitos derivados. Pero si en su lugar, el Gobierno ha posicionado a un mero actor político que sostiene con una narrativa ligera que la violencia responde básicamente a la decisión gubernamental de atacar el narcotráfico, ¿qué podemos esperar?, ¿seguir incautando toneladas de droga sin percatarnos de que en medio del desparpajo y al ritmo que vamos, Guayaquil terminará ingresando al ranking de las 10 ciudades más violentas del planeta a fines del presente año?

En otras palabras, si el Gobierno pretende dar un giro efectivo en su hasta ahora fallida estrategia contra la violencia, debería sustituir a los improvisados y empezar a designar a personas con conocimiento y criterio de lo que significa la defensa de la paz pública (que con seguridad existen en el país), especialmente en tiempos de riesgo extremo debido a la infiltración del negocio de la droga en todos los estamentos de la sociedad. En esa línea, si el Gobierno carece de funcionarios que sepan sugerir y aplicar estrategias de inteligencia y contrainteligencia que permitan a su vez a las fuerzas del orden rastrear y anticipar actividades criminales, cualquier esfuerzo será en vano, permitiendo que la sensación de zozobra se convierta en señal de hartazgo e impotencia ciudadana.

Volviendo a la libre tenencia y porte de armas, debo señalar que tengo más dudas que certezas respecto a la real efectividad de la medida. ¿Qué queda entonces? Empezar a reconocer que el país se enfrenta a una tarea gigantesca sujeta a escollos y sobresaltos, violencia y temores, cuyo éxito demanda recursos, estrategias y liderazgo. Sin lo uno y lo otro, lo que tendrá este país es solo la esperanza de que aparezca un Bukele (presidente de El Salvador), sin tener idea realmente de quién es Bukele. (O)