Se repite la antigua oposición entre centralismo y autonomía de los organismos seccionales: provinciales, municipales, parroquiales. Las autoridades nacionales tienden, casi siempre, a querer conducir, desde sus escritorios en los ministerios, desde sus juntas de planificación, direcciones de presupuesto, la realización de las obras y servicios de salud, educación, ignorando las necesidades en provincias, cantones y parroquias.
Si no se ha nacido, vivido, en la vida provincial, es lógico que se desconozcan los permanentes viajes de sus autoridades a tratar de ser recibidos por las autoridades nacionales y obtener atención para sus obras y servicios locales.
Los legisladores provinciales han actuado como gestores de los proyectos locales. Esto ha mejorado mucho con los capítulos constitucionales que consagran las autonomías seccionales.
Esto se haría mejor con la entrega directa a los organismos seccionales de los recursos que por ley les corresponden. Por eso, es un contrasentido, un retroceso, que la determinación de la conveniencia de los gastos seccionales se la encargue al Ministerio de Economía y Finanzas: ya es un vía crucis para las autoridades seccionales venir a la capital a rogar que le acredite sus fondos, y ahora, además, depender de la calificación subjetiva del ministro de turno de la conveniencia de los gastos. Súmese a esto que el Gobierno central recibe las rentas que corresponden a los gobiernos seccionales y se demora en transferirlos, por conveniencias de su caja. Son impresionantes las cantidades que se adeudan, actualmente, a los gobiernos autónomos.
Las escuelas municipales, por ejemplo, han contribuido en mucho a la educación; y ni digamos en materias de salud; si es tan deficiente la atención en los principales centros de salud nacionales, la atención en los centros seccionales ayuda en mucho a suplir esa deficiencia.
Esta descentralización influye poderosamente en el desarrollo de las provincias: esos modestos fondos mueven las economías locales, dan ocupación a sus profesionales, que así no tienen interés por emigrar a las ciudades más grandes o al exterior.
Esta discusión sobre estas leyes centralizadoras va más allá de las discusiones abstractas e irremediablemente se convertirá en tema político: las poblaciones de las provincias lucharán por mantener las estructuras constitucionales y legales actuales. Les costó largo tiempo el obtenerlas y no renunciarán a ellas. Si en la Asamblea Nacional se aprueban las reformas propuestas, de seguro se recurrirá a la Corte Constitucional y a movilizaciones populares.
En la Asamblea Nacional se ha convocado a sesión hoy, miércoles 18 de febrero, para el juzgamiento político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy; se conocerá del informe de la Comisión de Fiscalización del Legislativo; el informe se pronuncia solamente sobre una parte limitada del juicio y omite referirse a los nexos de los funcionarios con el narcotráfico.
El país observa, con los ojos bien abiertos, los eventuales resultados de las votaciones, que quedarán grabados en su memoria. (O)
