Preguntar al pueblo su opinión sobre trascendentales temas nacionales es un válido ejercicio democrático, que lamentablemente el poder suele usar para legitimarse o imponer su voluntad bajo una mascarada democrática. Nos llama a votar un presidente, legítimo por su origen en las urnas, pero que se torna cada vez más ilegítimo en sus acciones, como el bárbaro asalto a la embajada mexicana, contrario al derecho internacional y condenado plenamente por la comunidad internacional.

Sus preguntas convienen solo a su poder y a los grupos nacionales y extranjeros que representa. Pretende que aprobemos la presencia de militares para combatir el crimen organizado, siendo que no es ese su papel ni están formados para ello; además, la experiencia de su accionar ha sido negativa según han reportado las entidades de defensa de los derechos humanos. Bastaría con depurar la Policía Nacional como recomendó la ONU. Aprobarlo serviría también para reprimir más las protestas ciudadanas. Quiere que se pueda extraditar a ecuatorianos; sin embargo, esa consulta ya la hizo el expresidente Lasso y fue rechazada, lo que revela el irrespeto a la voluntad popular del mandatario. Además, sometería a un connacional a una justicia externa que no garantice un debido proceso como exige la Constitución. Adviértase que se trata de un sospechoso que recién sería juzgado por el Estado requirente; que no se desate la histeria que desea colgar a cualquiera.

Que el arbitraje internacional resuelva las controversias surgidas entre Ecuador y los inversionistas foráneos rebasa el simple desatino, a la luz de los resultados de las últimas décadas, en los que los laudos nos han mandado a pagar unos US$ 3.000 millones, porque se trata de un sistema que favorece a las compañías transnacionales, ya que suele el Estado celebrar con sus pares de las grandes potencias, de donde provienen dichas compañías, tratados en los que se anula la legislación laboral, ambiental y de derechos humanos, y solo pueden demandar ellas a Ecuador, no al revés; en adición a que los árbitros claramente responden a los intereses de aquellas. Y no sirven para atraer inversiones: entre 2013 y 2017, Ecuador tenía más de esos tratados que muchos países de la región, pero solo recibía el 0,79% de la inversión de América Latina y el Caribe, y el principal flujo venía de países con los que no había celebrado esos convenios. La reciente ley de eficacia económica amplió los privilegios para remitir al exterior las ganancias.

Para concluir los ejemplos: El Gobierno pretende conculcar los derechos de los trabajadores a una remuneración justa y a la estabilidad restituyendo los contratos a plazo fijo. El contrato por horas fue abolido por el mandato constituyente de 2008 y la Constitución lo calificó de precarización laboral, por lo que atenta a ella la consulta que la Corte Constitucional, fiel al poder, autorizó. Esa modalidad hará que a su arbitrio los malos empresarios la impongan para jornadas permanentes inclusive. El pretexto es la dación de empleo a costa de inmolar derechos, discriminando a los nuevos trabajadores. El mandatario quiere que apoyemos privilegios y abusos. (O)