Por las declaraciones que han hecho altos funcionarios del Gobierno todo parece indicar que el presidente de la República va a convocar a una consulta popular. Por lo que han dicho la consulta giraría alrededor de asuntos que requieren enmiendas constitucionales. Algunos de ellos probablemente aborden temas de naturaleza política y otros más bien institucionales. Probablemente este ejercicio de democracia directa no sería necesario si el Ecuador tuviese una dirigencia política seria y responsable. Lo ideal sería que los líderes políticos lleguen a un consenso sobre algunos temas y reformas constitucionales que el país necesita y canalicen esos acuerdos mediante los procedimientos legislativos previstos en la Constitución. Esto es lo que ocurre en muchas naciones del mundo, incluyendo muchos países de América Latina y del África. En democracia, el diálogo y el consenso son la principal forma de entender a la política. Las naciones que no transitan por esos caminos están destinadas a fracasar institucionalmente y por ende económicamente. Es lamentable decirlo, pero ese escenario de construir consensos y fomentar el diálogo es desconocido por buena parte de nuestra dirigencia; y no ahora sino desde hace muchos años. Salvo contadas excepciones, nuestros líderes ven a la política como un ejercicio de extorsión, chantaje y corrupción. El diálogo y la búsqueda de consensos son mecanismos ajenos a nuestra realidad. Lo estamos viendo en estos días. El asalto que se pretende hacer a la justicia por parte de ciertos partidos y movimientos que tienen una larga tradición de ver a las cortes y los juzgados como simples apéndices de sus intereses es un claro ejemplo de esta mediocridad y corrupción. El juicio político que se avecina es un simple pretexto que esconde tan protervas ambiciones.

... nuestros líderes ven a la política como un ejercicio de extorsión, chantaje y corrupción.

No es de extrañar, por ello, que el Ejecutivo haya resuelto recurrir directamente a la ciudadanía para que sea ella que se pronuncie sobre la conveniencia o no de introducir ciertas enmiendas en la Constitución, enmiendas que tendrían por finalidad, según se ha dicho, garantizar mayor gobernabilidad política, reducir el tamaño de la Asamblea, combatir el narcotráfico y fomentar el empleo, entre otras cosas. Las consultas en el país han tenido una suerte muy diversa. Por lo general el país ha respondido favorablemente a ellas. En más de una ocasión la ciudadanía ha sido selectiva en sus respuestas, lo que ha demostrado que ha sabido seleccionar los temas propuestos. Solo en dos ocasiones hubo un rechazo a los temas planteados. El temor, fundado, por cierto, es ver a las consultas como un simple mecanismo de los gobiernos para afianzar su posición sin que importen los asuntos que se plantean. En esto juegan un rol clave los temas que se presentan a discusión, la actitud de la oposición y, por supuesto, el manejo que haga el Gobierno. Pero más allá de estos factores, quizás lo más importante sea la posición que adoptemos los ecuatorianos. Al margen del ruido que hagan los políticos, es la sociedad civil la que debería asumir un protagonismo. Después de todo, es ella la que deberá decidir sobre los méritos o no de las reformas que se plantean.

Confiemos en que prime la sensatez y que la jauría que tenemos como dirigentes termine por entender que el futuro del país está en juego. (O)